Por instrucción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Procuraduría General de la República (PGR) deberá dar a conocer la relación estadística de los bienes asegurados de enero de 2007 a diciembre de 2017 que estén relacionados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Ya que tras una solicitud anterior la PGR proporcionó sólo una parte de la información, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, afirmó ante el Pleno que “proporcionar la información completa y con el nivel de desglose requerido abona a los ejercicios de rendición de cuentas, sobre los procesos de incautación que lleva cabo el sujeto obligado”.

Además, subrayó que “actualmente los objetos asegurados comprenden un amplio abanico de bienes relacionados con operaciones ilícitas, que pueden ir desde bienes inmuebles hasta animales exóticos e incluso hidrocarburos”.

Destacó que, tras la primera petición,  los datos proporcionados por la PGR se encontraban incompletos, pues sólo entregaron información de 2017 y omitieron los datos de empresas, títulos, cuentas bancarias, objetos, flora y fauna.

En repuesta, la PGR señaló que lo requerido por el INAI se encontraba «en la información proporcionada bajo diversas categorías»; por ejemplo: los datos de fauna se podían localizar en el apartado de semovientes, las empresas, en bienes inmuebles; mientras que los datos de la cuenta bancaria se hallaban en el anexo único de la respuesta inicial. A su vez, apuntó que no cuenta con el nivel de desglose requerido” y no se “encuentra obligada a generar nuevos archivos o bases de datos para atender el requerimiento”, porque la función principal de los Agentes del Ministerio Público Federal es “la investigación y persecución de los delitos federales”.

En este sentido, Acuña Llamas advirtió que la PGR también omitió turnar la solicitud a la totalidad de unidades competentes, que en este caso contaban con información más detallada sobre lo requerido por  el INAI, entre ellas la Oficialía Mayor, la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada, y la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales.

“Con base en los argumentos presentados, es evidente que el sujeto obligado no cumplió con el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia, toda vez que realizó una búsqueda restrictiva de la información”, señala un comunicado del INAI.

Finalmente, el Pleno del INAI resolvió por unanimidad  modificar la respuesta de la PGR y le instruyó llevar a cabo una nueva búsqueda en todas las unidades administrativas competentes, para entregar una relación estadística de los bienes asegurados del uno de enero de 2007 al 30 de diciembre de 2017, respecto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.