Por mayoría de 9 votos, los ministros integrantes de la Suprema Corte determinaron que es válido el reconocimiento del derecho a una muerte digna en la Constitución de la Capital

La Constitución local establece que el derecho a una vida digna “contiene implícitamente el derecho a una muerte digna”. La PGR impugnó esta disposición argumentando que la muerte digna se refiere a la eutanasia y al suicidio asistido, conductas que están prohibidas en leyes federales y que se engloban en las materias de salubridad general que están reservadas a la Federación.

La sentencia considera que la PGR no tiene razón: El artículo únicamente reconoce el derecho a la muerte digna como parte del derecho a vivir dignamente, en respeto al libre desarrollo de la personalidad. La doctrina internacional apunta a varios conceptos que pueden incluirse dentro del derecho a la muerte digna, que no son la eutanasia y el suicidio asistido, por ejemplo, los cuidados paliativos para las personas en fase terminal o moribunda, el desarrollo y mejora de los estándares de calidad en los cuidados de estos pacientes y el apoyo psicológico en estas etapas.

No puede sostenerse que el concepto “muerte digna” se refiere en automático y solamente a la eutanasia o al suicidio asistido, por lo que no puede declararse inconstitucional, sobre todo si la Ciudad de México no ha legislado en específico sobre esas conductas. No se hace un pronunciamiento sobre si el suicidio asistido o la eutanasia son o no válidas en nuestro país, sino que únicamente se afirma que “el derecho a una muerte digna” no necesariamente conlleva esas conductas.