En un foro realizado el día de ayer, martes 13 de noviembre, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, representantes de comunidades mayas, zapotecas, yaquis, así como académicos e investigadores de derechos de personas indígenas, se reunieron para debatir sobre cómo en nuestro país el Poder Judicial no garantiza el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas y tomadas en cuenta para posibles proyectos que afectan sus espacios públicos y privados.

En este foro se tomaron casos específicos, sobre los cuales se demostró la poca fiabilidad del sistema judicial mexicano y la forma en que mantiene a las personas indígenas en una desprotección y vulnerabilidad frente a imposiciones de proyectos de desarrollo. Los expertos abundaron en las constantes violaciones de derechos humanos en contra de estas comunidades

El secretario de la tribu yaqui, Mario Luna, tomó la palabra para explicar su caso de lucha en oposición de la construcción y operación del Acueducto Independencia. Mario Luna es del pueblo Vican, en una comunidad de Sonora y expresó que este proyecto está desviando agua del río Yaqui. Agua de la que depende toda su comunidad para sobrevivir. Este recurso lo extraen para trasladarlo hacia la ciudad de Hermosillo.

Sin embargo, la comunidad yaqui logró una sentencia favorable en la que consiguieron la orden de suspensión de la obra hasta realizar una consulta, según lo indica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No obstante, la construcción sigue en marcha y libre de sanciones por parte de la autoridad.

Russel de Jesús Peba, defensor de comunidades mayas, también manifestó que su pueblo decidió ampararse en contra del Acuerdo para la Sustentabilidad en la Península de Yucatán (ASPY), ya que no les fue consultado con anterioridad. Expresó su preocupación ante el proyecto ya que con éste se legaliza el despojo y representa el inicio de megaproyectos a la Península, sin tomar en cuenta a los pueblos originarios y los dueños de los respectivos terrenos.

Por su parte, Bettina Cruz, defensora indígena zapoteca de Juchitán, Oaxaca, comentó el caso de Eólica del Sur, compañía que pretende desarrollar un proyecto eólico en territorio zapoteca, sin previa consulta, según lo marca la ley, con los pueblos afectados. De tal forma que, este caso está sujeto a análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, la sentencia sigue causando incertidumbre de que la consulta no se realice de forma regular.

El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez, señaló que la SCJN debería garantizar los derechos de los pueblos indígenas y reclamar la reparación frente a los dueños sociales, ambientales y culturales que ocasiona la imposición de las compañías con sus megaproyectos. Sin embargo, la SCJN no está velando por estos derechos y las comunidades se enfrentan con un sistema que no los respalda.

La antropóloga e investigadora del Centro de Investigaciones Estudios Superiores en Antropología Social (CIESA), nombró al sistema judicial como “esquizofrénico”, ya que muchas de las sentencias no son consistentes desde el mismo poder para garantizar el derecho a la consulta.

Igualmente, se destacó que el principal problema que la Corte realiza en los análisis es que ignoran el objetivo fundamental, que es el de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a autodeterminarse y a dictaminar sus propias formas de vida, mencionó Tattiana Alfonso, socióloga del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Finalmente, los académicos, representantes y especialistas concluyeron que el Poder Judicial en vez de garantizar y proteger los derechos de las comunidades indígenas a hacer consultas, impone los proyectos de desarrollo.