Luego de que funcionarios del Juzgado Cuarto de Distrito realizaron una inspección a la polémica granja porcícola propiedad de la empresa “Producción Alimentaria Porcícola”, que pretendía funcionar en el municipio de Homún, Yucatán, sin antes realizar un estudio pertinente de manejo e impacto ambiental, la Jueza titular, Miriam Cámara, determinó que tanto el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, como la Secretaría de Desarrollo Urbano, tienen un plazo de tres días para que informen de los actos que han realizado para cumplir con la determinación judicial de suspender definitivamente las actividades de la granja.

Mediante un comunicado, la organización originaria de Homún Ka’anan Ts’onot (guardianes de los cenotes) y la organización de activistas Indignación, celebraron la resolución de la jueza. Apuntaron que la suspensión decretada el día de ayer “no significa la culminación del juicio”, pero “sí garantiza que la paralización de las actividades de la granja estará vigente mientras dure el proceso ante el Juzgado Cuarto, cuya audiencia constitucional se efectuará a mediados de noviembre”.

Asimismo, detallan los puntos principales en los que se basó la resolución de la jueza: 

1.- Que se cumplían los elementos de procedencia, puesto que la suspensión no afecta el interés público, sino por el contrario, es una medida tendiente a garantizar el interés de la sociedad porque se conserve el medioambiente sano, el derecho a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico. En ese sentido, la jueza consideró que de continuar el funcionamiento de la granja, se podrían provocar “perjuicios de difícil reparación” sobre todo por los derechos en juego que son extremadamente sensibles.

2.- Que aunque existía una presunción de que la granja operaba con los permisos necesarios, resultaba prioritario hacer efectivo el principio de prevención y precaución que establece que cuando en la implementación de una tecnología o proyecto haya un peligro de daño grave o irreversible para el medioambiente o la salud, aun ante la falta de certeza científica, es necesario adoptar medidas eficaces para evitar ese daño.  Dicho riesgo se corroboró con diversos estudios científicos ofrecidos por los representantes legales de la comunidad de Homún que señalan las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de contaminación de las aguas subterráneas de la Península de Yucatán. En ese sentido, para la Jueza Cuarta la granja de cerdos podría poner en riesgo la pureza y utilidad del agua en la región, pues es sabido que estabelecimientos como la granja en cuestión generan un gran impacto ambiental.

3.- Que resulta evidente que en ninguno de los permisos y autorizaciones otorgados a la granja porcícola se respetó el derecho a la consulta y participación, establecido tanto la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas como el Convenio 169 de la OIT y diversas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a realizar consultas de buena fe con las comunidades indígenas con el fin de llegar a acuerdos u obtener su consentimiento sobre determinaciones que les afectan.

“La Jueza también destacó que en el presente caso los quejosos eran menores de edad, razón por la cual también tenía que considerarse el interés superior de la infancia como un elemento indispensable para decretar la suspensión definitiva”, detallan.

Foto: Yucatan a la Mano