El día de ayer, tras anunciarse la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco y haberse dictaminado iniciar los estudios correspondientes para trasladar la obra hacia la actual Base Aérea de Santa Lucía, de acuerdo con los resultados de la Consulta Nacional, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emitió un comunicado expresando su rechazo al veredicto.

Enunciaron que la decisión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), representa un incumplimiento de los compromisos del Estado Mexicano y sobrepasa el marco jurídico actual, emitiendo desconfianza a los mercados internacionales, inversionistas y a todos los ciudadanos.

“Una consulta ciudadana organizada por fuera del marco legal y sin garantías de imparcialidad, neutralidad y representatividad, no puede ser el fundamento para revertir una decisión de Estado, con alto grado de complejidad técnica, y que ya había sido estudiada durante más de 20 años. Los empresarios expresamos nuestro rechazo a esta decisión, y al método utilizado para tomarla”, pronunciaron.

Al notificarse la mayoría de los votos en favor de la construcción de las dos pistas en Santa Lucía, el futuro presidente de México aseguró llevar a cabo el cambio conforme la ley lo marque. No obstante, el CCE mostró su desacuerdo tras asegurar que el ejercicio no cumplió con la claridad y transparencia en su diseño, así como aseveraron que la información difundida a la población fue sesgada de acuerdo con los intereses del futuro gobierno de la República.

Dentro de su comunicado, el grupo de empresarios destacó la desconfianza que ocasionará esta decisión ante el mundo y cómo se va a desprestigiar el posible potencial de atraer inversión nacional y extranjera al país. Asimismo, hablaron de las consecuencias económicas, como la depreciación que tuvo el peso el día de ayer.

Por su parte, señalaron las implicaciones jurídicas y financieras con acreedores y contratistas, pero, sobre todo, la reputación de México en el mundo. Advirtieron que se perderán oportunidades de desarrollo y la generación de empleos en zonas de escasos recursos, como también se verá mermada la competitividad a nivel global.

De tal modo que solicitaron de manera urgente una presentación, análisis y discusión sobre diversos puntos acerca del proyecto ganador. También cuestionaron cómo se resolverá la movilidad para conexiones entre Santa Lucía y el actual aeropuerto y cómo se garantizará la seguridad de los pasajeros.

De la misma forma, exigieron la necesidad de aclarar la forma en que se respetaran los contratos, y cómo se respaldarán las inversiones que se hicieron en la obra de Texcoco. Igualmente, pidieron respuesta para saber qué pasará con las actuales 45 familias mexicanas que hasta el día de hoy dependen de un empleo en la vigente obra del NAIM.

Subrayaron que “si bien es indispensable enriquecer el diálogo sobre grandes temas del quehacer público con las posturas de académicos, análisis de especialistas, opiniones del gabinete, voces internacionales y la voz de los propios ciudadanos, consideramos que las decisiones deben siempre estar ancladas en un análisis objetivo de los beneficios presentes y futuros para el país y deben ser tomadas por los funcionarios e instituciones públicas facultadas para ello, asumiendo plenamente sus consecuencias”.