A partir de una declaración del ex gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, en la que denunció que el gobierno del estado encabezado por el priista Rolando Zapata Bello desvió recursos públicos destinados al sector salud, por lo cual “los hospitales públicos operaban con irregularidades o carencias”, el portal Animal Político comprobó que, efectivamente y durante el año 2015, el gobierno transfirió más de 150 millones de pesos a 58 empresas que no tenían especialistas ni experiencia para realizar el trabajo de investigación sobre enfermedades como asma, anorexia y EPOC, que no tenían domicilios en forma y entre las cuales hay 16 catalogadas oficialmente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas constituidas legalmente pero que simulan las operaciones que facturan. “Es decir, son empresas fantasmas”, acusa el reportaje.

Animal Político destaca que los recursos públicos fueron entregados a estas empresas sin ninguna clase de convocatoria o esquema de competencia. “Por el contrario, se hizo a través de contratos adjudicados de forma directa, violando requisitos legales y montos máximos que establece la ley en ese estado para adjudicar contratos sin licitación”, reportan.

Destacan que el 19 de septiembre entregaron a la Secretaría de Salud de Yucatán la relación de las empresas que habían recibido los pagos con el fin de recibir como respuesta documentos que  probaran que los servicios de las compañías se realizaron por personal calificado. 

Sin embargo, el vocero de la institución, Luis Vázquez, dijo que aunque ya se tenía conocimiento de este tema, “difícilmente se podría proporcionar alguna postura o información, pues los funcionarios responsables ya se encuentran en proceso de salida de la dependencia por el cambio de gobierno”. Arguyó que el gobierno entrante “será el responsable de investigar las irregularidades”.

“Al revisar los perfiles de las compañías que recibieron los pagos, Animal Político logró identificar coincidencias en varias de ellas, ya sea por accionistas o apoderados en común, por fechas exactas de constitución o en los notarios que las avalaron. Es una situación similar a la que se ha presentado ya en otras redes de empresa fantasma que reciben recursos públicos, como la documentada por este mismo medio en el caso de la gestión del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte”, extrapolan.

Ante las acusaciones del Patrón Laviada, que tuvieron lugar en junio del año pasado, el gobierno Yucatán respondió que los “hechos eran falsos y que si había pruebas que se presentaran”.

A partir de la declaración, Animal Político investigó la información. Luego de tres meses el medio logró reunir facturas y documentos oficiales que comprobaron que los pagos sí se realizaron y que cada uno alcazaba o superaba el millón de pesos  y que además fueron entregados por adjudicación directa. 

“Las facturas de las que se tiene copia reflejan que los pagos se realizaron principalmente en los meses de marzo, mayo, junio, julio, septiembre y noviembre de 2015. Hay múltiples pagos que se facturaron en un periodo de 24 o 48 horas, por ejemplo, hay 20 que se hicieron entre el 12 y 13 de marzo de 2015, hay otros 16 que se realizaron entre el 23 y 24 de marzo; hay 14 pagos realizados el 24 de julio; así como 29 más el 24 de noviembre de 2015”, registra el reportaje.

La adjudicación, por lo tanto, fue ilegal, pues la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán se advierte que dichos pagos incumplen con lo establecido en dicha norma. El artículo 18 de la ley señala que por regla general las contrataciones de servicios en la entidad deben realizarse a través de licitaciones mediante una convocatoria pública.

Animal Político verificó el Presupuesto de Egresos de Yucatán para 2015 –año en que se hicieron estos pagos– y en el anexo 15 del mismo se estableció que el monto máximo de cada operación que puede adjudicarse directamente es de 735 mil 520 pesos. Como se advierte, los pagos que los Servicios de Salud reconocen haber adjudicado directamente sobrepasan el tope legal establecido, pues la mayoría superan el millón de pesos”, detallan.

 

Lee la investigación completa.