Desde febrero del presente año, el gobierno de Yucatán encabezado por el priista Rolando Zapata Bello autorizó la construcción de una mega granja de 49 mil cerdos en el municipio de Homún, Yucatán, ubicado dentro de la Reserva Geohidrológica Anillo de Cenotes, sin antes realizar una consulta con los pobladores de la zona y dándole continuidad pese a que el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) en el que se basó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) “no tiene sustento bibliográfico ni científico y fue presentado por una cirujana dentista sin conocimientos técnicos en materia ambiental”, de acuerdo con el doctor en Ingeniería Opción Ambiental, Virgilio Góngora.

Además, los abogados que defienden los derechos del territorio del pueblo maya de Homún señalaron que, tras aprobarse el proyecto y en los primeros procesos de su construcción, la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO) tardó tres meses en constituirse, una irregularidad administrativa y legal que pasó por alto la SEDUMA, sumado a la negativa de reconocer a Homún como pueblo originario y en consecuencia no consultar postura frente al proyecto, sobre el cual señalaron estar en total desacuerdo con base en una serie de votaciones que tuvieron lugar en asambleas organizadas por ellos mismos en la comunidad. 

El Cabildo revocó la licencia otorgada a la empresa para la edificación de la granja, la cual le fue devuelta por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán por considerar que no representaba perjuicio a un interés social ni contravenía disposiciones de orden público.

Desde entonces, acompañados por defensores de derechos humanos del Equipo Indignación, los pobladores de Homún se han manifestado pacíficamente contra la construcción de la granja, la cual, de acuerdo con especialistas, es casi seguro que afectará el medio ambiente del municipio, considerado la principal zona de recarga de agua de cenotes en la entidad.  

La semana pasada, tras enterarse de que los cerdos estaban siendo introducidos a la granja por caminos aledaños y sigilosamente, violando por lo tanto los procesos jurídicos que aún no finalizan, los pobladores decidieron “clausurar simbólicamente la granja mediante una protesta pacífica”.

Los activistas de Indignación denunciaron que los empresarios de la granja “habían prometido esperar a que concluyan todos los procesos jurídicos iniciados por los pobladores en contra del proyecto, pero mañosamente el Tribunal de Justicia Administrativa les negó a los guardianes del agua ser parte del juicio. Esa acción, que se comete mientras inicia la transición en el gobierno estatal, viola compromisos, viola el derecho del pueblo maya de Homún a decidir sobre su territorio, y pone en riesgo la salud de la población, el modo de vida y la paz, derechos que el gobierno entrante y saliente están obligados a garantizar”, puntualizaron.

En tanto se desarrollaba la manifestación, funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), acompañados de un extenso operativo judicial, se presentaron en la comunidad con la intención de clausurar los cenotes a cargo de la directiva de Ka’ anan Ts’ onot (Guardianes del agua), asociación civil en la que se constituyó la comunidad para proteger sus “cavernas” de proyectos como el de la mega granja, en lo que fue calificado como una represalia contra la manifestación pacífica. Indignados, los pobladores lograron que los funcionarios de la institución quitaran los pases que prohibían el acceso a los centones, su mayor fuente de ingresos.

Ante estos hechos, el delegado de la Profepa en Yucatán, José Lafontaine Hamui, aseguró que fue “una lamentable y desafortunada coincidencia la clausura de cinco cenotes en Homún y la protesta de los habitantes contra una mega granja porcícola”, pues ellos clausuraron los cenotes por no cumplir con ciertos requistios legales y no por “represalias”. Dijo que  la clausura es parte de un procedimiento administrativo que la Profepa inició en marzo pasado en atención a denuncias ciudadanas sobre la habilitación de cenotes como paradores turísticos, y advirtió que la Profepa prepara una denuncia penal federal contra las personas de Homún que privaron de la libertad por tres horas a cinco inspectores.

“Los empleados de la Profepa fueron torturados psicológicamente y amenazados de ser quemados, sufrieron vejaciones y les robaron documentación, entre otros malos momentos que les hicieron pasar”, señaló. “Por esos hechos los pobladores cometieron al menos cinco delitos federales: motín, resistencia a particulares, privación de la libertad, robo de documentación confidencial y daño a la propiedad pública por las camionetas lapidadas. Estamos frente a un grupo que cometió delitos federales y no alcanza ni fianza”, afirmó. “Lo vamos a acreditar cuando presentemos las denuncias correspondientes ante la representación social competente, que es la PGR”.

Justificó que los cenotes clausurados no contaban con la autorización de impacto ambiental.“Los cenotes están clausurados y se correrá el proceso administrativo. Todo está documentado, los mismos vídeos de las redes sociales demuestran elementos de conductas delictivas”.

En respuesta a las acusaciones, los pobladores de Homún e integrantes del Equipo Indignación clausuraron “simbólicamente la sede de la Profepa en Mérida”, donde realizaron a un protesta pacífica hoy desde las once de la mañana, reiterando sus exigencias en maya y español.

Una representante de Indignación, que ha acompañado a los pobladores durante año y medio, narró que, en medio de la manifestación pacífica en la que se clausuró simbólicamente la mega granja de cerdos, que está “entrando en funciones a pesar de la oposición de la gente y a pesar de que el pueblo organizó un consulta para rechazar la granja, y a la que asistió una buena parte del pueblo de Homún, la Profepa llegó explícitamente a clausurar los cenotes». 

«Muchas empresas quieren saltarse la opinión del pueblo, y es en su territorio al que van a llegar a enriquecerse a expensas de sus recursos naturales; y, este caso, a contaminar. Es indispensable que el pueblo sea consciente de lo que pretenden hacer. Y que sólo se haga si ellos lo autorizan, lo cual no ha sucedido. En este contexto lo que ocurrió, y como ha sucedido otras veces, es que el gobierno criminaliza la defensa del agua; criminaliza el ejercicio de un derecho, y es algo gravísimo. Pero criminalizar la defensa del medio ambiente es algo absurdo e inexplicable», dijo, refiriéndose a las acusaciones penales que pretende interponer el delegado de la Profepa

Explicó que, aunque el delegado lo presente como una casualidad, los cenotes que se clausuraron durante la manifestación son los que cuidan los cinco directivos de la comitiva de Homún que protesta contra la mega granja.

“Y es aquí donde nos enfrentamos al absurdo: el delegado de la Profepa ya anunció que le va a fincar delitos a las personas y además delitos que no van a alcanzar fianza. Acusa que los pobladores retuvieron a la gente en contra de su libertad, gente de la Profepa. Compañeros y compañeras, cuando llegamos hoy en la mañana la gente de la Profepa le puso candado al lugar y se quedó adentro. ¿Entonces dirán después que los estamos reteniendo, porque estamos aquí en esta manifestación? Ahora resulta que uno no puede exigir sus derechos si hay una movilización».

Explicó que, cuando llegaron a los cenotes, los funcionarios de la Profepa que los habían clausurado se comunicaron con sus jefes, y estos mismos fueron los que dieron la orden de retirar lo sellos. “Y ahora dicen que los retuvieron tres horas y fueron los pobladores quienes los obligaron”, dijo la activista. Están creando «una narración que pretende configurar un delito. A esto se le llama criminalización de la protesta y criminalización de la defensa del agua».