A un año de la publicación de la investigación conocida como La Estafa Maestra, encabezada por Animal Político, misma que reveló un sistema de 128 empresas fantasma a través de las cuales el Gobierno Federal destinó más de 400 millones de dólares en una red de desvío de recursos en la que estuvieron involucradas 11 dependencias del Estado, ocho universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 funcionarios pertenecientes a diferentes niveles de gobierno, las asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) —que además participó en la investigación al igual que el diario Reforma— presentó una denuncia ante la PGR el 18 de septiembre para que se sancione a los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Universidad Autónoma del Estado de México y diversas empresas fantasma que «resulten responsables del desvío de recursos públicos evidenciado en la investigación periodística». 

“Las investigaciones contienen suficientes elementos de prueba para solicitar que se abra una carpeta de investigación relacionada con los convenios celebrados entre diversas entidades y universidades públicas mediante la subcontratación de empresas privadas, algunas de ellas catalogadas como fantasma por el Sistema de Administración Tributaria”, señala MCCI en un comunicado. 

En la misiva mencionan que son conscientes de que la corrupción no se resuelve con las sanción de algunos “casos emblemáticos”. Sin embargo, argumentan que la impunidad prevaleciente “no puede existir”. “La historia reciente muestra que cuando no hay consecuencias para los actos y redes de corrupción, estos se multiplican”, apuntan.

Agregan que con la denuncia pretenden que las instancias de procuración e impartición de justicia actúen “no con base en propósitos políticos, sino con base en los principios que subyace a la creación de una Fiscalía autónoma e independiente y en la aspiración constitucional de contar con una justicia pronta y expedita”.

“No corresponde ni al Presidente Constitucional ni al Presidente Electo decidir a quién investigar y sancionar y a quién no. Nuestro mensaje es claro, para éste y para otros casos: no a la impunidad, no a los pactos de impunidad y no a la politización de la justicia que es la negación de la justicia”, subrayan.

La denuncia de MCCI ante la PGR fue respaldada por figuras como Sergio Aguayo, Carlos Brito Ocampo, Denise Dresser, Claudio X. González Guajardo, Irene Levy y Gabriela Warkentin.