En una clara estratagema jurídica, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se declaró culpable por los delitos de asociación delictuosa (que originalmente fue crimen organizado) y de lavado de dinero, por lo que el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, lo condenó a 9 años de prisión y el pago de una multa de sólo 58 mil 890 pesos para quien se sospecha desvió y malversó miles de millones de pesos del erario estatal.

El mismo juez ordenó el decomiso de 41 bienes inmuebles, 6 de ellos en la Ciudad de México, incluyendo un predio en las Lomas de Chapultepec y 3 departamentos en Santa Fe con un valor de 45 millones de pesos cada uno (las zonas de mayor plusvalía en la capital), un terreno en el Estado de México, 3 departamentos en Boca del Río, Veracruz, 4 más en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, y 6 terrenos en Cancún, Quintana Roo. Sobre las propiedades en el extranjero, presuntamente obtenidas a través de un prestanombres, no se dijo nada.

El juez le preguntó a Duarte de Ochoa si aceptaba la tramitación del procedimiento abreviado y admitía su responsabilidad en la comisión de los delitos que la PGR le imputó. “En base a los principios de lealtad e institucionalidad que rigen mi conducta, sí su señoría”, afirmó el ex gobernador priista.

De los 9 años de sentencia en prisión, el juez aclaró que deben descontarse los meses que pasó en prisión desde el 15 de abril de 2017 hasta septiembre de 2018, por lo que únicamente pasará en prisión 7 años y medio más.

La parte más irrisoria de la sentencia del juez Fuerte Tapia fue la multa de menos de 60 mil pesos, calculada a partir de 300 días de salario mínimo y 90 días de salario mínimo conforme al salario de 2016 en la Ciudad de México.

El abogado de Javier Duarte, Ricardo Sánchez Retana, afirmó que con la estrategia de un procedimiento abreviado evitaron la prolongación “indefinida” del juicio y que buscarán la reducción de hasta 50 por ciento de la pena.

Sánchez Retana argumentó que “no hay medio de prueba alguno dentro de las constancias que integran el expediente penal que acredite que algún recurso proveniente del gobierno del estado de Veracruz, hubiera ingresado al patrimonio de Duarte de Ochoa de manera ilegal”.

El mismo abogado afirmó que están litigando el amparo contra los delitos del fuero común que están pendientes en la entidad de Veracruz, donde se le acusa también de un presunto desvío por más de 40 mil millones de pesos, así como posibles vínculos en delitos de desaparición forzada.

Foto: El Imparcial