El caso sui géneris

El autor de la ponencia que ordenó el recuento total fue el magistrado José Luis Vargas Valdez, considerado como el más cercano al PRI. En su resolución afirmó que “estamos en presencia de un caso sui géneris, derivado de la inconsistencia en la actuación de los 26 consejos distritales, lo que justifica un análisis directo, a mi modo de ver, de las irregularidades en función de los principios constitucionales que debe observar toda elección”.

El magistrado Vargas mencionó tres tipos de inconsistencias: primero, en 13 distritos el total de casillas cuya votación se ordenó recontar no coinciden con las que finalmente fueron recontadas; segundo, en 9 distritos no se especificaron las casillas recontadas ni sus resultados; tercero, en 6 distritos electorales no se asentaron los resultados de las casillas, objeto del recuento.

“Esto demuestra que las actas de cómputo contienen inconsistencias que no permiten tener certeza de los resultados”, sentenció.

Recordó que la ley electoral de Puebla establece los supuestos en los que las autoridades jurisdiccionales deben ordenar el nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida, pero “si bien es cierto que en la legislación estatal no se contempla expresamente un supuesto que se ordene el recuento de votación por irregularidades en la actuación de las autoridades acontecidas durante los cómputos… el legislador regula los supuestos ordinarios y no extraordinarios”.

“Esto es así porque sería ilógico exigir a los Congresos prever todas aquellas circunstancias e hipótesis irregulares que puedan presentarse y que se haga depender de cuestiones de hecho, máxime cuando sean imputable a las autoridades”, abundó.

En entrevista con Televisa, el magistrado Vargas Valdez negó que su sentencia respondiera a las presiones del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. “Somos ajenos a estas cuestiones. ¿Cuál es el poderoso? Todavía está Peña Nieto en funciones, aún no entran al poder los nuevos partidos”, afirmó.

A su vez, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera coincidió con el argumento del magistrado Vargas y afirmó que “no se sabe con exactitud cuál fue la totalidad de actas recontadas. Algunas de estas actas están incompletas o no constan en el expediente”.

Fuentes Barrera propuso que en el recuento que iniciará esta semana “deben seguirse todos los protocolos de seguridad necesarios, a efecto de garantizar y proteger la integridad de los paquetes electorales, la pertinencia del recuento total de la votación recibida en la totalidad de las casillas radica precisamente en lo que se busca, que es garantizar la certeza en el resultado de la elección”.

 

Estudio de la Ibero Puebla acreditó irregularidades

Antes de la resolución del TEPJF, el doctor Miguel Santiago Reyes Hernández, académico de la Universidad Iberoamericana de Puebla, documentó que las autoridades estatales electorales pasaron por alto 9 errores de cada 10 casos tomados en la muestra de su estudio “Inconsistencias graves en la elección a gobernador en Puebla”.

En el estudio se analizaron 898 casillas, 12.1 por ciento de ellas se seleccionaron por la importancia de sus irregularidades. Se halló que en todas existe una diferencia de más de 20 por ciento entre el número de votantes para gobernador y el de electores para la presidencia de la República..

“El 1 de julio pasado dejaron atrás el robo de urnas físico y la manipulación de los representantes de casilla para abrir paso a los delincuentes cibernéticos quienes afectan directamente en una decisión que debiera ser de la ciudadanía poblana”, afirmó el investigador Reyes Hernández, en la conferencia de presentación de los resultados.

El estudio decidió tomar la información de la página oficial del Instituto Electoral Estatal (IEE) de Puebla y luego de auditar ante notario público, se hallaron varias irregularidades como las siguientes: no existe un listado nominal único y existe una diferencia de 19 mil 808 personas entre la información del INE y del IEE; hubo una diferencia de 64 mil 118 votos totales para presidente de la República y para gobernador; en el 92.1 por ciento de las actas investigadas se registraron errores.

Lo más grave, abundó el investigador en conferencia de prensa, es que al comparar las actas con errores con el conteo distrital oficial tampoco las cifras coinciden. “El fraude está en el conteo, es oficial”, sentenció Reyes Hernández.