En un hecho calificado como “histórico” por la propia magistrada presidenta Janine Madeline Otálora Malassis, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió por unanimidad  un recuento total y nuevo cómputo de los votos en los 26 distritos de Puebla para la elección a la gubernatura, al documentar un “número de irregularidades tal que no permiten tener certeza” sobre los resultados correspondientes a la contienda entre Martha Erika Alonso, la esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle, y el segundo lugar del candidato de Morena, Miguel Barbosa Huerta.

La diferencia entre la candidata de la coalición «Por Puebla al Frente» y el aspirante de la coalición de Morena-PT-PES fue de 122 mil 036 votos, es decir, el 4.04 por ciento de la votación emitida y, por tanto, los 7 magistrados del TEPJF decidieron que era procedente el recuento total.

El recuento de la votación de las 7 mil 174 casillas iniciará este 24 de septiembre y “puede prolongarse durante una semana”, admitió la magistrada Otálora Malassis, entrevistada por Proceso sobre los alcances de esta decisión que podrían llevar a la anulación de los comicios estatales en esta entidad.

Barbosa celebró la “decisión histórica” del TEPJF, pero aclaró que “no tenemos confianza en lo que se vaya a encontrar”, ya que “todo el material que va a ser abierto y contado, ha estado en manos de quienes han manipulado la elección”.

El ex senador afirmó en declaraciones a medios que “el recuento no garantiza toda la limpieza de la elección” porque “los pillos electorales fueron los mismos: el Instituto Electoral y los consejos distritales”.

Barbosa indicó en su comunicado del 19 de septiembre que  “la manipulación sobre el material electoral que el Instituto Electoral del Estado y sus direcciones, así como de los consejos distritales electorales y los consejos municipales electorales ha sido permanente antes, durante y después de la jornada electoral, sosteniendo de nuestra parte que la certeza en los resultados y la cadena de custodia en el material está perdida”.

Barbosa no mencionó nada sobre el juicio que interpuso para anular la elección, pero Santiago Nieto, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Electorales (Fepade) y asesor de Morena en el caso de Puebla, comentó a Proceso que la decisión del TEPJF “es una buena señal”.

“El problema es que si lo que vimos en el hotel donde alteraron las actas estaba avanzado, los paquetes electorales deben estar alterados”, afirmó Nieto Castillo.

Sobre la violación del proceso de custodia y la anulación de los comicios a gobernador, la magistrada presidenta del TEPJF aclaró que “corren por pistas separadas” y que, efectivamente, el recuento no significa automáticamente una anulación o una valoración sobre las dudas frente a la cadena de custodia de los paquetes electorales.

“El proceso de la anulación de la elección sigue en el Tribunal Electoral de Puebla y tienen hasta el 10 de octubre para resolver sobre este tema. El caso de la impugnación por la presunta violación de la cadena de custodia de los paquetes electorales aún está en el Tribunal de Puebla. El recuento total y estos dos temas anulación corren por ‘pistas separadas’”, aclaró.

Sin embargo, Otálora Malasis recordó que hay un antecedente en el caso de Apizaco, Tlaxcala, en 2015, donde se anularon las elecciones municipales después de acreditarse que se violó la cadena de custodia de los paquetes electorales.

-¿Cuál es el objetivo principal de un recuento total en el caso de la elección de Puebla? –se le preguntó a la presidenta del TEPJF.

-Lo fundamental es que tanto los ciudadanos como los actores políticos tengan la certeza de que sus votos fueron contados y se contaron bien. El valor más importante es la certeza.

“Cada partido va a tener un representante en cada una de las 60 mesas de conteo de los votos y podrán observar qué sucederá en este proceso.

-¿Por qué se decidió un recuento total?

-Porque las inconsistencias que tenemos en nuestros expedientes son tan graves que ameritaban un nuevo recuento.

La magistrada Otálora Malasis ejemplificó estas irregularidades de la siguiente manera: en los distritos 8 y 9, correspondientes a Huejotzingo y a la capital de Puebla, respectivamente, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue menor a 1 punto porcentual. En Huejotzingo fue de 0.17 por ciento y en la capital de 0.23 por ciento.

En Huachinango de Degollado el acta señala que el recuento se llevará a cabo en 50 casillas y luego se afirmó que se llevó a cabo en 65 y los anexos son ilegibles. En el distrito 3 de Zacatlán “simplemente en el expediente no obra acta alguna”.

En los distritos 4 y 6 el acta remite a un anexo en el que señalan las casillas recontadas, pero este anexo “no obra en el expediente”.

En el distrito 15 se crearon dos grupos de trabajo para llevar a cabo el recuento, “pero no especifica en qué casillas se realizó ya que se supone que están en un listado anexo que tampoco obra en el expediente”.

“Por eso, a partir de todas estas inconsistencias decidimos que el caso amerita de manera evidentemente excepcional, lo enfatizo, ordenar el recuento de todos los distritos electorales de Puebla”, abundó.

Durante la sesión del 19 de septiembre que decidió el recuento total, la magistrada presidenta citó una tesis de la Suprema Corte de Justicia sobre el valor de la certeza en materia electoral.

“Esto significa que la preparación, la realización y calificación de las elecciones deben revestir una total convicción, generar una situación de absoluta confianza por parte de los actores políticos y sociales, a efectos de que queden vacíos interpretativos y dudas para que, finalmente, los votos emitidos produzcan un resultado convincente por ser veraz.

“La forma en cómo se asentaron los datos relativos a la votación no puede, en el caso de Puebla, generar convicción ni absoluta confianza entre los actores políticos y sociales de los resultados de la elección para gobernador y tampoco de manera alguna para la sociedad”, argumentó la magistrada.