A veces la muerte unifica. Al menos hoy, un 27 de agosto en que ha llovido toda la tarde y el cielo de Mérida, por lo normal tórrido, es una pared gris, la muerte nos une. Esto porque en la ciudad, en sus periferias, las mujeres están siendo asesinadas. El gobierno no responde ni toma medidas. Y aquí, sobre la explanada del parque de San Juan, en cuyo derredor convergen los paraderos de combis que viajan a los municipios remotos de Yucatán, un grupo de veinte mujeres vestidas de blanco se agolpan poco a poco ante las miradas expectantes de los reporteros, quienes en barahúnda ajustan las cámaras, los micrófonos, y se aproximan a las representantes de derechos humanos y en especial a Ligia Canto Lugo, madre de Emma Gabriela Molina Canto, quien hace un año fue asesinada por dos sicarios contratados por el padre de sus nietos, Martín Alberto Medina Sondaactualmente recluido en el CERESO de Tabasco— en su casa, ubicada el Fraccionamiento San Luis.   

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Ligia Canto Lugo

Desde que llegó a la ciudad de Mérida en 2012, y mientras atravesaba un conflicto legal para proteger a sus tres nietos y a su hija Emma Gabriela, Ligia Canto se posicionó como un referente para exigir una respuesta gubernamental ante la violencia de género que impera en el estado más seguro del país. Tras el asesinato de su hija en 2017, responsabilizó de negligencia a los gobiernos de Mérida y Tabasco.

“Señalo a las autoridades por esta inacción y este incumplimiento de protección a las víctimas que terminó con el feminicidio de mi hija, porque esto es un feminicidio. A mi hija la estuvieron siguiendo. De nada sirvió denunciar, de nada me sirvió estar diciendo: nos siguen, nos acosan, de nada me sirvió. Cero acción, cero protección”, espetó el 29 de marzo de 2017 frente a la Fiscalía del Estado de Yucatán. “¿Dónde está el Escudo Yucatán?”, gritó, refiriéndose a un proyecto millonario propulsado por el gobernador,  Rolando Zapata Bello, para capacitar a la policía y mejorar las condiciones de seguridad en el estado.

Hoy protesta porque en menos de quince días hubo un feminicidio, un intento de asesinato y al menos cinco mujeres más fueron atacadas sexualmente, a lo que se suman otros feminicidios perpetrados durante 2016 y 2017—como los de Bárbara McClatchie y  Beatriz Guadalupe Azueta—y  sobre los que  no existe ningún posicionamiento oficial  ni documentación clara, salvo una serie de parcos titulares de prensa e historias discontinuas.

Los casos que encabezan esta marcha son los de Ana Cristina Gutiérrez Castillo, de 6 años de edad, encontrada con huellas de estrangulamiento y violación en el fondo de un pozo en Tahdziú, municipio catalogado en 2014 por la revista Forbes como uno de los más pobres de América Latina;  el de una niña de ocho años, residente de Bellavista, apuñalada en el cuello y la costilla en tanto su agresor la intentaba arrastrar a un predio abandonado para violarla; el de una niña y su madre, agredidas sexualmente por la pareja de la primera en el municipio de Motul; y el feminicidio de una mujer embarazada en Kanasín. 

El caso de Gutiérrez Castillo conmocionó a la ciudad. Cuando atravesaba una brecha de monte su vecino, identificado como Carlos Felipe Valle Yah, la violó, estranguló, golpeó su rostro inerte y arrojó su cadáver a un pozo con 30 metros de profundidad. Con apenas 19 años, Yah conocía la cárcel pública. Pagó pequeñas condenas en dos ocasiones y, de acuerdo con declaraciones de la policía municipal, en Tahdziú lo acusaron por dos agresiones sexuales contra mujeres de la comunidad.

“No habían hecho nada porque tiene parientes influyentes”, señala un testimonio anónimo recogido por el Diario de Yucatán

Hace dos días, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y organizaciones civiles repudiaron los recientes feminicidios y exigieron que las autoridades tomen medidas concretas. 

En rueda de prensa, representantes de al menos veinte organizaciones pidieron al gobernador, Rolando Zapata Bello, “continuar hasta el último minuto de su administración con políticas públicas locales en favor de la infancia en Yucatán y asegurarse de no permitir alguna violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes”. También exigieron“la inmediata aplicación del Protocolo de Coordinación Interinstitucional conjunta para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y familiar, dado que el numeral 6.4.2.7 de la NOM 046 no sólo se contrapone al Código Penal del Estado al omitir, y de alguna manera facilitar, el delito de violación, sino que el probable violador no sea denunciado”.

“Como defensor de los derechos del pueblo yucateco hago también un enérgico llamado a las autoridades de procuración de justicia para que atiendan con prontitud cada uno de los casos, considerando el derecho de las familias a la justicia y a la seguridad”, dijo el  encargado de la Presidencia de la Codhey, Miguel Óscar Sabido Santana.

Por otra parte, Nancy Walker Olvera,  miembro de Feministas Peninsulares, dijo que “seguirán alerta” ante una probable negativa de las autoridades para decretar  la alerta de violencia de género. “Queremos que cumplan para que dejemos de ser objetos de discurso y seamos objetos de derecho”, agregó.

 

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La comitiva es escasa. Los reporteros superan a los manifestantes. Cuando intento sacar una foto en el colofón de la marcha, Marco Almeida, antropólogo de 26 años, me dice: 

“Recibí la invitación por WhatsApp. Creo que la violencia de género ha recrudecido a nivel global y regional, y se ha visibilizado gracias a los medios de comunicación digitales y gracias a las denuncias de los hechos. Sin embargo aún existen sectores muy amplios que no tienen el acceso o no optan por la crítica constructiva ni por analizar la propuesta de los diversos feminismos. Se enfocan, pues, en criticar a nivel superficial y en descalificar.  Esto genera una propensión, una especie de reactividad que a mi parecer flota en el ambiente social y se desencadena en actos concretos como las agresiones. Y, bueno, esta semana, estos últimos meses, han sido especialmente duros en el estado. El caso de la niña de Tahdziú es uno de los muchos colmos que han habido, y creo que afecta más porque es una encarnación de las múltiples violencias estructurales. Ella era una mujer, de origen indígena, que vivía en uno de los municipios con mayor índice de marginación en el estado”. 

¿Y en un sentido institucional crees que se han tomado las medidas necesarias?

“No estoy tan bien informado, pero conozco gente que labora en el ámbito institucional ,  las asociaciones civiles y el activismo de computadora. Es decir, creo que hay un movimiento positivo aunque esté un tanto limitado porque este machismo es una herencia civilizatoria muy enraizada en nuestra cultura. De cualquier modo, siempre se puede hacer algo más desde lo institucional. Conocidos que trabajan en el Instituto de la Mujer me han dicho que ahora reciben mayor financiamiento.  Pero la cuestión, desde mi óptica, es en qué se invierte ese dinero, cuáles son los programas, con base en qué índices elaboran las propuestas”. 

A su vez, Carlos Alberto Santamaría, historiador de 28 años, coincide con Marco. Me dijo que los medios digitales han cumplido una labor fundamental para visibilizar los problemas de violencia de género en el estado. 

«Se ha logrado mucho a través de los medios digitales independientes. Lo que falta es la colaboración de los medios oficiales y las instituciones. Creo que de pronto se adopta un poco el discurso ‘para calmar las aguas’, pero no es suficiente”, señaló.

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La marcha sortea puestos de frituras y arriba hacia el Palacio de Gobierno. Dos policías vigilan los meandros mientras susurran códigos en sus Walkie Talkies. Ya en la explanada,  Ligia Canto pide que los manifestantes formen un círculo tomándose de las manos. Luego, encarando a las cámaras, dice: 

“Tenemos que movernos, tenemos que hacer algo, es hora de unirnos y levantar la voz para decir ¡ya basta!, ni un feminicidio más. Nuestro Yucatán pacífico se nos está yendo de las manos, se está desangrando, hagamos algo. Nos tenemos que unir, tenemos que llorar las muertes de todas nuestras mujeres y niños, sin importar su estatus social; que el amor nos mueva, que el dolor nos una”.

 

Informó que los abogados que llevaron el caso de su hija apoyarán a la familia de Gutiérrez Castillo.  Y agregó: 

“No esperemos que más Anitas ni más jóvenes madres, como la de Kanasín, sean asesinadas. Actuemos con amor a nuestra niñez, a nuestras mujeres, porque también son hijas, son madres, son seres humanos”, dijo.

Se rompe el círculo. Ligia Canto acomoda un arreglo de flores y una veladora bajo el asta de la Plaza Grande. Pese al dolor, la injusticia,  hoy la muerte nos une. Cuando terminan los minutos de silencio los manifestantes gritan al unísono “Justicia” y se alejan, lentamente, de vuelta a una vida en donde la felicidad se puede cortar de pronto, sin razón alguna.