La Suprema Corte aprobó por unanimidad de 11 votos las disposiciones de la Ciudad de México relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos de sus habitantes.

La Constitución de la Ciudad de México señala que “toda persona (…) tiene derecho a la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica” y que las personas tienen derecho a decidir de manera libre voluntaria e informada el número de hijos que deseen, así como a recibir información y servicios integrales sobre salud reproductiva.

La PGR las impugnó porque a su parecer violan competencias exclusivas de la Federación por ser cuestiones relacionadas con la planificación familiar, y que además violan los derechos de padres de familia a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas.

La Corte concluyó que:

  • Estos temas están dentro de las facultades concurrentes, es decir, las que tanto la Federación como las entidades federativas pueden intervenir de cierta forma.
  • Aunque le toca a la Federación emitir las normas que aseguren la uniformidad en criterios científicos y técnicos en esta materia a lo largo del país, las entidades federativas son las responsables de brindar directamente los servicios de planificación familiar a las personas que los requieran. Es decir, planificación familiar no es una materia exclusiva en su totalidad para la Federación.
  • La Constitución local sólo reconoce derechos en favor de los habitantes de la Ciudad, sin definir el contenido de los servicios o la manera en que habrán de prestarse.
  • No se viola el derecho de los padres a ejercer su derecho a la educación y formación sexual que reciban sus hijos.

El que la información que provea el Estado para la educación en sexualidad y los servicios de salud sea laica, no afecta el derecho de los padres de educar a sus hijos con base en la religión que profesan. En aras de tutelar el interés superior del menor, es indispensable reconocer que necesitan información y educación sobre todos los aspectos de su salud.

Además, garantizar el respeto a la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, es congruente con los estándares internacionales y los criterios de la Suprema Corte.

Imagen: Distintas Latitudes