Los intereses de MITRE y la SCT

El documento de 38 páginas que le entregaron el 15 de agosto a Jiménez Espriú es contundente en sus conclusiones: “el Plan Alternativo no se considera viable por MITRE desde una perspectiva de estándares aeronáuticos, tecnología y diseños metodológicos”.

Además, Mitre sostiene que existe un riesgo de mayor saturación y una disminución del 40 por ciento del tráfico aéreo, proveniente de Estados Unidos, entre otros datos de seguridad que expuso el documento, desde su página 26.

Las conclusiones son muy parecidas a otro documento, fechado en diciembre de 2017, y elaborado por el doctor Bernard Lisker Melman, director e ingeniero principal del mismo centro de MITRE, institución creada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y con más de 7, 500 profesionales a su servicio, pero “sin fines de lucro”.

Likser Melman es ingeniero en control, comunicaciones y electrónica de la UNAM y de la Universidad Anáhuac, con estudios de doctorado en el MIT, que trabajó para la NASA, pero también realizó desde el 2000 un estudio titulado Futuro Aeroportuario de la Ciudad de México, en coautoría con William Swedish, coordinador técnico, y asociado con la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA).

De hecho, desde 1996, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, MITRE fue contactada por el entonces subsecretario de la SCT, Aaron Dichter, y trabajó en coordinación con el Grupo Interacciones de Carlos Hank Rohn para impulsar un nuevo aeropuerto internacional en Texcoco, asumiendo que el AICM estaba ya presentaba serios riesgos de saturación para 1999.

Otros personajes involucrados en el proyecto inicial fueron el ex director de ASA, Alfredo Elías Ayub y el ex gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quienes también impulsaron la viabilidad de un aeropuerto internacional en lo que fuera el Lago de Texcoco, con un costo de más de 10 mil millones de dólares (ver Proceso, No. 1275).

Este mismo proyecto fue una vieja aspiración del patriarca del Grupo Atlacomulco y principal impulsor de los negocios inmobiliarios en el Estado de México, Carlos Hank González, y fue retomado por el ex gobernador Arturo Montiel, ya en el sexenio de Vicente Fox cuando se definió el proyecto de un nuevo aeropuerto en Texcoco.

Aquel primer estudio titulado Futuro Aeroportuario de la Ciudad de México, elaborado por MITRE, no consideró los asuntos relacionados con el financiamiento, desarrollo urbano, económico y social, así como aspectos relacionados con la tenencia de la tierra, el impacto hidrológico de una obra de esta magnitud y sus consecuencias ambientales.

Dieciocho años después, el dictamen final de MITRE y de Lisker Melman es similar también en sus conclusiones al informe que le entregó el 17 de julio pasado la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) al equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador.

Al frente de la SCT está Gerardo Ruiz Esparza, funcionario de toda la vida de los últimos ex gobernadores del Estado de México y del Grupo Atlacomulco, y un entusiasta promotor del NAIM. Ruiz Esparza fue subsecretario de Gobierno durante la gestión de Alfredo del Mazo González, y secretario de Infraestructura en el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto.

Titulado “Proyecto de Desarrollo Regional”, la SCT admite en el informe del 17 de julio que el costo financiero actual del NAIM es de 285 mil millones de pesos, que existen 160 mil millones de pesos comprometidos, de los cuales se han “desembolsado” 58 mil millones de pesos y hay comprometidos, pero no entregados 112 mil millones de pesos. “Se cuentan con recursos líquidos por 139 mil millones de pesos”, que incluye una línea de crédito de Banobras, afirma el documento de la SCT.

Plantea como “alternativas” de financiamiento para “fondear” 88 mil millones de pesos cobrar Tarifa Unica de Aeropuerto (TUA) a pasajeros de interconexión para obtener 10 mil 750 millones de pesos; una “nueva colocación” de Fibra E “que no sería deuda pública” por 32 mil 500  millones de pesos, así como “monetización de terrenos de Ciudad Aeropuerto”.

La Ciudad Aeropuerto es el gran negocio de compra-venta de terrenos y de desarrollo inmobiliario de 989 hectáreas, de las cuales 369 hectáreas son superficies urbanizables y 620 hectáreas serán áreas verdes. El proyecto contempla la construcción de hoteles, un centro comercial, una universidad, un centro de convenciones, entre otros.

La mayoría de estos terrenos aledaños al aeropuerto fueron adquiridos hace más de dos décadas a un precio promedio de 45 a 120 pesos por metro cuadrado y ahora estiman vender entre 320 a 400 dólares estos mismos predios urbanizados. La mayoría de quienes han comprado tierras son ex funcionarios y ex gobernadores del Estado de México, desde octubre de 1999 hasta el 2015, según los informes de pobladores de los municipios aledaños de Atenco, Texcoco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Ecatepec, donde habitan el 23 por ciento de los mexiquenses.

En caso de cancelación del proyecto Texcoco del NAIM, la SCT afirmó que “para los contratistas de la obra se tendrían que cubrir los costos no recuperables (lo ya invertido en la obra, anticipos, financiamientos e indirectos)”.

En caso de cambiar a un modelo de concesión “se pierde valor” ya que “el sector privado cobraría en su oferta el riesgo de construcción (retrasos y sobrecostos)”, “el costo de capital del sector privado es mayor que el del gobierno, lo cual se vería reflejado en su oferta”, “el nuevo inversionista tendría derechos sobre el gobierno federal, en caso de no concluir a tiempo las obras de conectividad hacia el NAIM”.

Además, la SCT advirtió que pueden existir “vulnerabilidad de conflictos y desacuerdos con comunidades locales vecinas al sitio de construcción” y el retraso sería de 18 meses.

La SCT, al igual que MITRE, considera “inviable” la opción de Santa Lucía porque “la interferencia aérea no garantiza la seguridad de las aeronaves”, “aumentarían los costos de operación de las aerolíneas y pasajeros” y “se perdería la oportunidad de contar con un hub internacional por la división de operaciones entre los dos aeropuertos”.

Según la SCT, hubo “más de 300 mil diálogos sociales” entre los pobladores de los cinco municipios más afectados y, según ellos, existió un 75 por ciento de aprobación.

 

El informe y la consulta de AMLO

En la conferencia de prensa del 17 de agosto, Jiménez Espriú leyó un informe de tres cuatillas que es el resumen sobre las dos opciones existentes, con pros y contras, tanto presupuestales, como de viabilidad técnica y de impacto ambiental.

En el caso de continuar con la construcción del NAIM en Texcoco, el dictamen afirma que tiene a favor los siguientes elementos: “cercanía a la Ciudad de México; crearía un gran centro de operaciones y de conexión internacional (HUB); existe financiamiento para el 75 por ciento de la inversión y posibilidades de financiar el resto con los ingresos de los aeropuertos actual y futuro; mayor capacidad a largo plazo; y existe proyecto y hay un avance global dela obra de 31 por ciento”.

Sin embargo, cuenta con varios inconvenientes como “un mayor costo de la construcción, el cual se ha incrementado de 168 mil millones de pesos en el año de 2014 a 300 mil millones de pesos actualmente; altos costos de mantenimiento, aún por determinar; y un retraso de al menos cuatro años en la construcción del aeropuerto, así como mayor riesgo en el inicio de operaciones”.

El proyecto de Texcoco también implicaría el cierre del actual aeropuerto internacional Benito Juárez y de la base aérea militar de Santa Lucía, “por razones de índole aeronáutica”; un incremento en las tarifas aeroportuarias y “su repercusión en el precio del pasaje”.

En cuestiones hidrológicas, el NAIM en Texcoco implicará transformar el Lago Nabor Carrillo en una “laguna de regulación de inundaciones por el riesgo aviar y otros impactos ambientales negativos”.

La segunda opción, la del NAIM en la base aérea militar de Santa Lucía, tiene como ventajas que permitirá conservar tanto el actual aeropuerto como fortalecer el Sistema Aeroportuario del Valle de México “contar don dos aeropuertos, en lugar de uno solo, daría mayor protección a la Ciudad de México en caso de siniestros como terremotos, tormentas y actividad volcánica”.

También tiene como ventajas que habrá un menor tiempo para el inicio de su operación, mejores condiciones del suelo, menores costos de construcción, ya que se estima en 70 mil millones de pesos, mucho menos que los 300 mil millones que costaría el proyecto de Texcoco.

Ante la opinión en contra de MITRE, Jiménez Espriú afirmó que “nuestros técnicos y un grupo de especialistas chilenos que han colaborado con nosotros, consideran la necesidad imperiosa de un estudio a profundidad realizado por otra agencia internacional de prestigio”.

Jiménez Espriú después explicó que pueden ser agencias europeas o de otro tipo que intervengan. Un estudio de este tipo tardaría cinco meses con un costo estimado entre 150 y 200 millones de pesos.

Después de conocer el dictamen sobre las dos opciones, López Obrador informó que a partir de la última semana de agosto, “el equipo que participó informará con mayor detalle sobre las dos opciones, en los medios de comunicación”.

Se pretende tener la opinión de los ingenieros y de los organismos civiles y empresariales “a más tardar el 5 de septiembre” y el 8 de septiembre “se darán a conocer todos los dictámenes recibidos y se presentarán las bases para la celebración de los foros de discusión en radio, televisión, periódicos y redes sociales, con la participación de quienes estén a favor o en contra de cualquiera de las opciones”.

En este sentido, López Obrador indicó que hablaría con concesionarios y directivos de medios de comunicación para que abran los espacios para las distintas posiciones.

Una vez informado, “en la última semana del mes de octubre se realizará una consulta o encuesta nacional para recoger la opinión de los ciudadanos en general, el resultado tendrá carácter vinculatorio y en base a ello se tomará la decisión definitiva”, concluyó el documento que fue firmado por López Obrador, Jiménez Espriú, Alfonso Romo Garza, Carlos Manuel Urzúa, futuro titular de la Secretaría de Hacienda, José María Rioboo Martín y Sergio Rubén Samaniego Huerta.