¿Existe algún “hilo conductor” entre los casos de la profesora Elba Esther Gordillo, los sobornos de Odebrecht y el caso del ex gobernador priista Javier Duarte? Diferentes en sus detalles, similares por ser expedientes de presuntos actos de corrupción, los tres forman parte de una historia que nos remite al 2012. Una historia de votos, sobornos y financiamiento ilegal.

Específicamente, los tres constituyen pistas que conducen al dinero debajo de la mesa, a los apoyos corporativos y a los pactos secretos que se articularon para llevar a Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. No son los únicos, por supuesto. Ahí están otros ex gobernadores que invirtieron en el proyecto Peña Nieto, otros contratistas que pagaron sobornos, otros líderes sindicales que operaron para el retorno del PRI a la presidencia, pero estos son los tres que documentan un fracaso deliberado de la PGR en los tiempos peñistas.

Los tres han vuelto a aparecer  en el tramo final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Los fantasmas de la corrupción nunca lo dejarán de perseguir por más amnistías o actos de disculpas y perdón que asuma en vísperas de su sexto informe de gobierno.

En menos de un mes coincidieron la liberación de la dirigente magisterial, la prohibición judicial para detener a Emilio Lozoya Austin —principal implicado en el caso Odebrecht— y el riesgo de que Javier Duarte salga de prisión una vez que la PGR retiró el delito de delincuencia organizada para reclasificarlo como “asociación delictuosa”

El caso Odebrecht tiene un largo y sinuoso recorrido. Vamos para casi dos años del “destape” del escándalo de la red de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en al menos 12 países. México es el único país donde no hay un solo responsable en la cárcel. De acuerdo con el reciente reportaje de Jesusa Cervantes en Proceso,  cancelar los millonarios contratos entre Pemex y esta compañía puede tener un costo enorme para el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador: cerca de 24 mil millones de pesos tan sólo por la cancelación de la planta Etileno XXI, donde Pemex y Odebrecht firmaron un contrato en este sexenio, con efectos negativos para el erario público.

El expediente más delicado de Odebrecht nos remite al 2012. Es el presunto pago de sobornos por 4 millones de dólares durante la campaña electoral peñista a través de Lozoya Austin, quien se desempeñó como responsable de Vinculación Internacional en el equipo del ex gobernador mexiquense y luego fue el director general de Pemex. El pago se habría hecho a través de una cuenta de Latin American Asia Capital, en las Islas Vírgenes, empresa presuntamente vinculada a Lozoya.

En la misma edición 2182 de la revista Proceso, el periodista Raúl Olmos, autor del libro Gigante de Lodo, reveló que en su testimonio como delator el ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, aseguró que en marzo de 2012 se reunió tres veces con Lozoya Austin y que en el segundo de estos encuentros se negoció el pago de 4 millones de dólares de sobornos en una cuenta ubicada en el banco Gonet & Cie, en Ginebra, a nombre de Latin America Asia Capital Holding Ltd, una compañía “fantasma” ubicada en las Islas Vírgenes Británicas.

“El dinero de Odebrecht comenzó a fluir a las tres semanas. El 20 de abril el Meini Bank, ubicado en la isla de Antigua, transfirió 250 mil dólares —equivalentes a 3 millones 350 mil pesos de entonces— a la cuenta de Suiza”, afirmó el texto de Raúl Olmos.

Estos indicios constituyen un grave delito electoral que fueron investigados por el ex titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, hasta que fue defenestrado del cargo en octubre de 2017, bajo el pretexto de que habría revelado información confidencial del expediente a la prensa. Antes de que obligaran a Nieto a renunciar, el procurador general Raúl Cervantes Andrade, priista y aliado de Peña, decidió salvar su propio prestigio antes que acatar la orden de frenar la investigación de Odebrecht.

El 11 de diciembre de 2017 la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por cuatro años a Odebrecht para firmar nuevos contratos con dependencias federales, incluyendo Pemex, pero la PGR prácticamente “congeló” la investigación en contra de Lozoya.

El pasado viernes 24 de agosto, la jueza federal Luz María Ortega le prohibió a la FEPADE pedir la aprehensión o la presentación ante tribunales de Emilio Lozoya en tanto no se resuelva el amparo solicitado por el ex director de Pemex.

Antes de esta sentencia, en marzo de este año, otra jueza le ordenó a la Subprocuraduría de Delitos Federales por Lavado de Dinero y Cohecho continuar con la judicialización del caso de Lozoya.

El caso Odebrecht también tiene hilos conductores con Javier Duarte, según el mismo libro de Raúl Olmos. Odebrecht y su filial Braskem ya habían invertido desde antes en Veracruz. En julio-agosto de 2011, la entonces dirigente del PRI, Beatriz Paredes, volvió de Brasil en la misma comitiva donde estuvieron los empresarios Eustaquio de Nicolás, amigo de Peña Nieto, y los veracruzanos Francisco Franky García González y Moisés Manzur, ambos señalados como presuntos prestanombres de Javier Duarte.

“No hay ningún lugar otro lugar en el mundo donde tengamos un compromiso tan grande como lo tenemos en Veracruz a través de la empresa Braskem”, había dicho Marcelo Odebrecht, el presidente de esta gran compañía corruptora.

¿Qué secretos sabe Javier Duarte de la relación entre Odebrecht y la campaña de Peña Nieto? ¿Son esos presuntos vínculos los que tienen al ex mandatario priista tan confiado en salirse con la suya? ¿Hay alguna relación entre estos sobornos y los famosos 20 millones de pesos en efectivo que se descubrieron en un avión procedente del gobierno de Veracruz y que se encontró en el aeropuerto de Toluca en 2012?

Duarte “huyó” del país después de dar una entrevista con Televisa, en octubre de 2016. Todo mundo lo vio. Y a todos se “les perdió”. Evidentemente, hubo una protección indirecta desde Los Pinos para facilitar la graciosa desaparición del personaje veracruzano.

Después de su estrambótica detención en Guatemala, Duarte lanzó sus enigmáticas palabras de advertencia dirigidas evidentemente a sus ex aliados del poder presidencial: “Paciencia y prudencia, verbal continencia, presencia y ausencia, según conveniencia”.  Duarte fue extraditado específicamente por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero está preso desde el 17 de julio de 2017 en el Reclusorio Norte.

La reclasificación del delito del primer delito por asociación delictuosa no libera de inmediato a Duarte, quien tiene aún varios procesos pendientes en Veracruz, pero es una demostración de la incapacidad de la PGR para armar un expediente sólido. Las órdenes de aprehensión en su contra por desaparición forzada y en materia electoral, giradas por el gobierno de Miguel Ángel Yunes, no se pueden cumplimentar porque Guatemala no otorgó la extradición en esta materia, según han señalado los especialistas jurídicos.

El caso judicial de Elba Esther, hasta ahora, no se relaciona directamente con los presuntos fondos ilegales de Odebrecht o con las truculencias de Javier Duarte, pero su papel en la campaña presidencial del 2012 fue determinante también para la victoria de Peña Nieto. Tan determinante como cuando forzó a Peña Nieto en 2011 a cambiar la decisión de elegir como sucesor a su primo Alfredo del Mazo y no a Eruviel Avila Villegas.

En su cuenta de Twitter, el abogado Jesús Robles Maloof sintetizó así la situación:

“La explicación política a la libertad de Elba Esther y Javier Duarte está en el 2012. Votos y financiamiento. Plenamente documentado en reportajes e investigación, el apoyo a la campaña de EPN. Les debe y le saben. EPN no tiene legitimidad que cuidar. ¿AMLO? Sean serios”.