En su último estudio sobre seguridad y justicia, la organización México Evalúa documentó que los principales estados en los que se han registrado feminicidios durante 2018 son el Estado de México y Veracruz, donde han habido hasta la fecha un total de 36 ataques de muerte contra mujeres por razones de género.

Asimismo, apuntan que 5 de los 10 municipios urbanos con las tasas más altas de homicidios dolosos en 2018 se encuentran en el estado de Guerrero: Zihuatanejo (58.3 delitos de homicidios por cada 100 mil habitantes), Acapulco (52.0), Iguala (50.7), Chilpancingo (47.0) y Chilapa (38.6).

La organización también aduce que el 90% de los habitantes de Reynosa, Fresnillo, Cancún, Ecatepec, Coatzacoalcos y las zonas norte y oriente de la Ciudad de México se sienten inseguros de vivir allí. El dato contrasta con la media nacional de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)  aplicada en junio de 2018, donde reportaron solamente un 76%.

Por otra parte, evidencian un crecimiento de 117% en la tasa de homicidios dolosos en Benito Juárez (Cancún) en 2018,  en contraste con el periodo de enero a junio del año anterior. “Pasó de 11.5 a 25.0 homicidios por cada 100 mil habitantes”, detallan.

En cuanto a la impartición de justicia, el estudio arroja que el 75% de las entidades federativas iniciaron su tránsito de procuradurías a fiscalías. “Sin embargo, el proceso de transformación institucional ha despertado más interrogantes que certezas, al advertir múltiples cambios de marcos normativos, modificaciones menores en el diseño organizacional y escasos modelos de gestión operando que, en suma, se traducen en pocos o casi nulos cambios reales en cuanto a prácticas y resultados”, acotan.

En este sentido, de los procesos de transición de procuradurías a fiscalías de los 24 que han sido iniciados en las entidades del país, al menos 4 no cumplen con ningún criterio de autonomía; 5 cumplen solo con uno; y 13 cumplen con ambos.

A su vez, 957 funcionarios fungen como asesores de víctimas a nivel nacional, lo que, de acuerdo con la organización, equivale a sólo el 23% de lo establecido como requerimiento mínimo en la Ley General de Víctimas para 2016. “Lo anterior implica que para atender a un estimado de 24.2 millones de víctimas mayores de 18 años  en 2017, cada asesor hubiera tenido que brindar acompañamiento a un aproximado de 25 mil víctimas”, denuncian.