Vamos para casi dos años del “destape” del escándalo de la red de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en al menos 12 países y México continúa siendo la única nación donde no hay un solo responsable en la cárcel. Cancelar los millonarios contratos entre Pemex y esta compañía puede tener un costo enorme para el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El expediente más delicado lo constituye el presunto pago de sobornos por 3 millones de dólares durante la campaña electoral peñista del 2012 para la presidencia de la República  a través de Lozoya Austin, quien se desempeñó como responsable de Vinculación Internacional. El pago se habría hecho a través de una cuenta de Latin American Asia Capital, en las Islas Vírgenes, empresa que se relaciona con Lozoya.

Estos indicios constituyen un grave delito electoral que fue investigado por el ex titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, hasta que fue defenestrado del cargo en octubre de 2017, bajo el pretexto de que habría revelado información confidencial del expediente.

El 11 de diciembre de 2017 la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por cuatro años a Odebrecht para firmar nuevos contratos con dependencias federales, incluyendo Pemex, pero la PGR prácticamente “congeló” la investigación en contra de Lozoya.

Ahora, el pasado viernes 24 de agosto, una jueza federal Luz María Ortega le prohibió a la FEPADE pedir la aprehensión o la presentación ante tribunales de Emilio Lozoya hasta en tanto no se resuelva el amparo solicitado por el ex director de Pemex.

Antes de esta sentencia, en marzo de este año, otra jueza le ordenó a la Subprocuraduría de Delitos Federales por Lavado de Dinero y Cohecho continuar con la judicialización del caso de Lozoya.

Por otro lado, en su edición de este domingo la revista Proceso publicó un reportaje de Jesusa Cervantes en el que se revela que si se llegara a cancelar el contrato entre Odebrecht y Pemex por la planta de Etileno XXI el costo sería de al menos 24 mil millones de pesos. Además, la empresa petrolera mexicana tendría que pagar toda la deuda de Odebrecht más sus intereses, el costo de operación y lo que adeude a compañías que no sean sus filiales, como el caso de Edesa.

Cervantes recordó en su reportaje que desde noviembre de 2016 se reveló el contrato firmado por  Braskem, filial de Odebrecht, Edesa y Pemex. En abril de 2018 se dio a conocer que tan sólo en 2016 el contrato tuvo efectos negativos para el gobierno por 2 mil millones de pesos, ya que debió comprar etano en el extranjero para abastecer la fábrica de Etileno XXI.

“Las cifras varían. Si se hubiera cancelado el proyecto cuatro años antes de empezar a operar, el costo para el gobierno sería de 49 millones de dólares, pero si lo hiciera tres años después de que empezara a producir el costo sería de 1, 260 millones de dólares”, anotó el reportaje de Proceso.