Los comités Cuenca Río Sonora (CCRS) y por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), que representan a comunidades afectadas de Bacánichi, Sonora, Atenco y Estado de México, se reunieron afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reclamar a los ministros su derecho a participar en las discusiones medioambientales que derivan en la aprobación de megaproyectos en sus comunidades.

De acuerdo con un comunicado de Greenpeace México, el acto público se dio en el marco del próximo fallo de la SCJN al amparo interpuesto por los habitantes de Bacánuchi, Sonora, “referente al derecho que tienen las comunidades aledañas a los ríos Bacánuchi y Sonora de participar y por tanto decidir sobre la ampliación de una presa de jales de la minera Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., construida por Grupo México”.

“El derrame de hace cuatro años nos cambió la vida. Desde entonces no tenemos agua potable. Compramos garrafones, uno diario. Pero hay vecinos que no tienen dinero y toman agua de la llave, a pesar de saber que está envenenada. Y las cosechas… nunca se dieron igual y ya no queremos sembrar. Tenemos duraznos, pero nos da miedo comerlos, porque pueden estar envenenados. La ampliación de la presa de jales, del mismo Grupo México, nos está trayendo más problemas. Hay filtraciones de ácidos para acá. Ahora los rumores son de que nos van a mover más lejos, nos van a desplazar. Nosotros no queremos irnos, porque de aquí somos”, dijo María Elena Bustamante, habitante de Bacánuchi y representante de los CCRS.

A su vez,  recordaron que el 6 de agosto se cumplieron cuatro años del mayor desastre ecológico en la historia minera del país, cuando 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina de Grupo México, terminaron en los ríos Bacánuchi y Sonora, y afectaron seriamente a más de 22 mil personas e indirectamente a más de 250 mil.

“Nunca nos han tomado en cuenta. Ni antes, ni ahora”, dijo Maribel Bustamante, habitante de Bacánuchi. “Algo que parece tan lógico, que es nuestro derecho como habitantes de aquí, que nos informen y que podamos opinar sobre lo que van a hacer y cómo nos va a afectar, eso nunca ha pasado”.

La Suprema Corte emitirá el fallo el próximo miércoles 22 de agosto. Los comités aseguran que éste será trascendental, pues será una pauta para que las comunidades participen en los análisis y la toma de decisiones respecto a proyectos que podrían afectar sus comunidades y su salud, como es el caso de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Cualquier persona, en cualquier lugar de México, puede amanecer un día con la noticia de que una obra se construye en las inmediaciones, y esa obra podría tener implicaciones muy graves en su calidad de vida. Por eso es importante que la Corte defina criterios que permitan la participación de las personas y comunidades con interés legítimo para cuestionar la autorización de esas obras”, dijo Luis Miguel Cano, abogado de PODER, organización que acompaña a los CCRS.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos y el medio ambiente se sumaron a esta demanda entregando un Amicus Curiae: “un documento dirigido a los ministros de la Segunda Sala, con el que exponen elementos jurídicos sobre el derecho a la participación pública en asuntos ambientales, para apoyar el amparo interpuesto por los habitantes de Bacánuchi”, señala Greenpeace.

Foto: Ecoosfera