El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad la sentencia de la sala regional que sanciona con 241 mil 800 pesos al PRI y a su candidato a gobernador de Puebla, José Enrique Doger Guerrero, por difundir un spot con violencia de género y estereotipos contra la candidata panista Martha Erika Alonso.

En tanto, el equipo jurídico encabezado por Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), prepara la impugnación contra las elecciones a gobernador en Puebla para presentarla ante la sala regional especializada buscando la anulación de los comicios en donde obtuvo la mayoría de votos Martha Erika Alonso, con un margen menor al 4 por ciento, frente al ex senador Manuel Barbosa.

Ante los recientes hechos de violencia poselectoral generados por la irrupción en un hotel donde presuntamente alteraban boletas electorales, así como los actos de intimidación de autoridades ministeriales a votantes el día de la jornada electoral, Morena también presentará una denuncia en contra del delegado de la Procuraduría General de la República en la entidad y en contra de la propia FEPADE.

En la sesión de este 11 de julio, los magistrados del TEPJF consideraron que el spot “EL ESPEJITO” constituyó violencia política por razón de género y uso indebido de la pauta, ya que “utiliza un contexto cargado de estereotipos sexistas mediante la alegoría de un cuento hadas, para reproducir prejuicios y discriminación en contra de la candidata”.

El PRI se defendió considerando que el promocional no era violencia política de género sino que se trataba de una crítica a la intención de perpetuar el poder del ex gobernador Rafael Moreno Valle a través de su cónyuge.  “Es una opinión respecto a la continuidad de poder que representa la candidata”, argumentó el tricolor.

Los magistrados validaron la decisión de la sala regional especializada de Puebla y consideraron que el promocional no puede ser amparado por el ejercicio de la libertad de expresión, ya que este tiene límites, entre ellos, el no poder utilizarse para ejercer violencia política de género.

Por otro lado, los magistrados también confirmaron la sentencia en contra del gobernador de Nayarit, Antonio Echavarría García, por haber transmitido propaganda gubernamental en redes sociales durante la etapa de la campaña del proceso electoral federal.

El mandatario y el responsable del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, Sergio Arturo Guerrero Benítez, difundieron en sus cuentas personales de Facebook mensajes que finalmente fueron considerados como propaganda gubernamental porque informa de un aumento salarial de los policías estatales, desde la perspectiva de un logro de gobierno.