Durante décadas la función pública fue sinónimo de privilegio. Frases como “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, construida en el fragor de la vida popular, denotan esta condición de opulencia en la que se encuentra la clase política del país. Las canonjías de los gobernantes eran básicamente dos: la excesiva concentración de poder y su uso discrecional para fines personalísimos; así como el acceso libre a bienes y recursos públicos -dinero, información, personal de servicio, etcétera-.

Esta condición singular de los funcionarios y representantes populares parece que llegará a su fin una vez que el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entre en funciones. Y es que los ya conocidos 50 puntos presentados en días pasados por el tabasqueño, parecen ser una decisión que romperá las prebendas ya mencionadas.

El punto de ruptura que significa el programa tan drástico de austeridad dado a conocer por el nuevo mandatario, tendrá efectos colaterales que apenas y se asoman.

Un importante efecto derivará de la cancelación de las facultades presupuestales que de manera ilegal tuvieron los legisladores federales en los últimos años. Para todos es conocido que la cámara de diputados se convirtió en este sexenio en una caja chica que los gobernadores y alcaldes utilizaban para llevar recursos extraordinarios a sus territorios, ello con la debida “contraprestación” al legislador que hacía “el favor”. Este vicio empobreció las campañas políticas y redujo a los candidatos a diputados y a senadores, a simples vendedores de “gestión” a la ciudadanía. Al quitar el incentivo del “moche”, seguro es que las rebatingas por las curules serán menores.

Es probable además que empecemos a enfrentar la desaparición de “empresas” y “empresarios” que se beneficiaban de hacer negocios con el gobierno en turno. La proliferación, por ejemplo, de corporativos dedicados a la construcción hechos al amparo del compadrazgo con diputados, comenzó a distorsionar el juego democrático introduciendo dinero y compromisos a las campañas electorales provenientes de estos “constructores” nacidos de la noche a la mañana.

Adicional a ello, la desconcentración del aparato público federal y la instalación paulatina de dependencias en múltiples latitudes del territorio, así como la reestructuración de la representación de la federación en los estados; podrían poner cerco a los comportamientos caciquiles de muchos gobernadores que actúan como verdaderos virreyes, llegando a los excesos que todos conocemos y que se encarnan en personajes como los Duarte, Rodrigo Medina, Guillermo Padrés; entre otros tantos.

Finalmente habría que contabilizar el desincentivo que trae para muchos políticos la reducción de sus prestaciones. Esto significa que quienes se encuentran en actividades públicas atraídos por los abundantes provechos que ello conlleva, seguramente tendrán que contemplar otras actividades que les provoquen un mayor beneficio. Quizá estos ajustes signifiquen una necesaria criba que permita cernir a los políticos de antaño de los verdaderos servidores públicos y en algunos años podríamos tener procesos electorales menos radicalizados en la disputa por el poder.

Fiel a su palabra, López Obrador parece estar rompiendo el molde del político tradicional para abrir paso a uno nuevo, esculpido por la austeridad y la actitud de servicio. La vida pública, la burocracia y los espacios de representación podrían empezar a tener las vacantes que dejen quienes estaban ahí por la frívola intención de servirse.

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Imagen: Pax on both houses