OBSERVACOM ha analizado el proyecto de ley que propone la creación de un nuevo organismo regulador convergente en Colombia y ha concluido que, más allá de algunos aspectos positivos, la iniciativa no cumple con estándares internacionales y conlleva serios riesgos para la libertad de expresión, la diversidad y el pluralismo:

1. El gobierno sale del regulador pero concentra tareas de control y vigilancia sobre los medios de comunicación audiovisuales. Aunque se crea un organismo independiente y el MINTIC no lo integrará como hasta el momento, el gobierno de turno mantendrá competencias claves en el control de contenidos de los medios y otros aspectos claves de la regulación. Las exigencias internacionales para que los Estados aprueben diseños institucionales democráticos se han establecido justamente para lo contrario: evitar o limitar la intervención gubernamental en el funcionamiento de los medios de comunicación. Además, el proyecto le otorga al gobierno la gestión del fondo público para la TV (que ahora administra ANTV), concentrando más poder sobre dineros públicos que podrían, en tanto el proyecto no define criterios previos y claros para su distribución, ser otorgados con discrecionalidad política.

2. Impacta de manera negativa en la sostenibilidad de la TV regional y local pública al trasladar los ingresos provenientes de las contribuciones de las empresas de TV por suscripción al Fondo Universal Único y destinar esos recursos, expresamente, sólo para “el financiamiento de los planes, programas y proyectos para facilitar el acceso universal”. La falta de recursos para la TV pública afectará gravemente la diversidad de medios, la producción nacional audiovisual, la descentralización de información y, por ende, el ejercicio pleno de la libertad de expresión para aquellos grupos o sectores que están fuera de los circuitos dominantes del mercado. Si bien es indispensable la intervención del Estado para garantizar el acceso universal a la población, esto no puede ser en detrimento del financiamiento de los medios públicos.

3. Se crea un organismo “convergente” que, por sus cometidos principales y el perfil exigido a sus integrantes, no tendrá una mirada convergente. La insistencia en objetivos y términos tales como “promover la competencia”, “regular los mercados”, con la finalidad de lograr servicios “económicamente eficiente” y “altos niveles de calidad”, y la determinación de que sus directores sean ingenieros, abogados o economistas, marcan las dificultades para que sea un organismo capaz de abordar integralmente la convergencia y no solamente las exigencias de sector de telecomunicaciones y TIC, en detrimento de los servicios de radio y televisión. Un abordaje exclusivamente desde la noción de “defensa de la competencia”, no es suficiente para asegurar la diversidad y el pluralismo informativo.

4. Disposiciones que nada tienen que ver con la creación de un regulador independiente, por otra parte, implicarían un congelamiento de la estructura de medios audiovisuales por renovación automática de plazos de los permisos que afectan principios de diversidad y pluralismo de medios. Si bien es necesario que los Estados otorguen certezas jurídicas a los operadores con tiempos razonables en la duración de sus concesiones, no hay razón fundada y motivada para una extensión del plazo a 30 años, triplicando la duración actual.

5. OBSERVACOM acompaña el planteo de las organizaciones colombianas Fundación Karisma, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario (ISUR) para que esta iniciativa “se discuta a través de un proceso amplio que incluya audiencias públicas, en la que las partes interesadas –sector de las TIC y las telecomunicaciones, sociedad civil, expertos internacionales como la UNESCO, Gobierno, etc.– puedan ser escuchadas y consultadas”. Una ley de tanta importancia no debería aprobarse de apuro y sin participación ciudadana.

6. Por último, OBSERVACOM sugiere se envíe pedido de consulta técnica a la UNESCO y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.