Reportaje original publicado en Revista Proceso No. 2167

Contra Aristegui por “daño moral”

La publicación del prólogo de Carmen Aristegui en el libro La Casa Blanca de Peña Nieto, la Historia que Cimbró un Gobierno provocó una airada reacción de Joaquín Vargas en contra de la periodista y de la editorial Penguin Random House. El 21 de julio de 2016 ambas partes fueron notificadas de la demanda por “daño moral” interpuesta por el empresario desde el 29 de mayo del mismo año.

La notificación de la demanda coincidió con un discurso del presidente Enrique Peña Nieto donde pedía “disculpas” por los casos como el escándalo de la Casa Blanca.

Entrevistado por Proceso en esa ocasión, el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, consideró un despropósito la demanda porque tenía “un efecto amedrentador” a la libertad de expresión y consideró paradójico que se premiara en el extranjero a Aristegui y a su equipo de reporteros por el reportaje, mientras que los tribunales mexicanos admitían la demanda de MVS.

El 7 de noviembre del mismo año, tras conocerse la resolución del juez 57 de lo Civil de la Ciudad de México, Vargas publicó un desplegado en varios periódicos nacionales con el título Aristegui Miente. El empresario afirmó que la periodista “excedió su libertad de expresión y de información” causándole un daño a sus “derechos de personalidad,  honor y prestigio” en el prólogo del mencionado libro.

“Mi único interés en este asunto, tal y como informé el pasado 24 de julio, es defender mi prestigio”, afirmó Vargas. “No es por dinero”, señaló en varias entrevistas y declaraciones a los medios.

Sin embargo, en el memorándum redactado por sus abogados y enviado en febrero de 2018 a los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado, Vargas afirmó que si bien la editorial Penguin Random House fue exonerada, Carmen Aristegui fue condenada  “a la publicación a su costa de un extracto de la sentencia definitiva en el mismo medio o formato en que fueron difundidas las opiniones contenidas en el prólogo del libro”.

“No se debe pasar por alto que el propósito de la Ley de Responsabilidad Civil fue sancionar el daño al patrimonio moral derivado del abuso por el ejercicio del derecho de la información y de la libertad de expresión que ejercen los periodistas”, argumentó Vargas.

Alegó que la frase “en el mismo medio o formato”, contenida en la sentencia previa, “no debe ser interpretada de manera restrictiva sino que se debe analizar y aplicar según las características de cada caso. En este caso, con la publicación de un extracto de la sentencia en el prólogo de las futuras ediciones del libro La Casa Blanca de Peña Nieto no se repararía el daño causado, ya que podría ser que ni siquiera se publiquen ediciones adicionales, lo cual impediría que la afectación a los derechos de la personalidad, del honor y prestigio de JVG fuese reparada”.

Por tanto, “por lo que hace al pago de una indemnización monetaria, ya nuestro Máximo Tribunal determinó que no es dable la aplicación alternativa de sanciones que contempla la Ley de Responsabilidad Civil. Por el contrario, de manera adicional a la publicación de un extracto de la sentencia en los medios de comunicación, la parte responsable en la causación de daño moral (es decir, Carmen Aristegui) también debe pagar una cantidad de dinero a la parte afectada a fin de reparar dicho daño”.

En otras palabras, están presionando a los magistrados del tribunal para que dicten una sentencia contra Aristegui por haber cometido daño moral contra Vargas y que se le ordene publicar la sentencia en los principales diarios del país y una sanción económica de 6 millones de pesos, según las fuentes internas consultadas por Proceso.

Consultado sobre estos documentos, el abogado Valdez Ramírez afirmó que se trata de “una deshonra para el Poder Judicial” no sólo por la presión ejercida sino “por la evidente censura” que esto representaría.

Según el memorándum, el punto fundamental del daño moral fueron “afirmaciones vejatorias” como las siguientes: “la periodista parte de la tesis de que, a cambio de haber eliminado su programa de noticias, fue que el Poder Judicial resolvió dos juicios de amparo a favor de los intereses de Joaquín Vargas y que el Ejecutivo Federal concedió un prórroga a la concesión para explotar la banda de 2.5 Ghz”.

“La existencia del supuesto acuerdo entre JVG y el Ejecutivo Federal sí se encontraba sujeta al estándar de veracidad. Al resultar inexistente actualiza la responsabilidad de la periodista respecto a las opiniones emitidas en perjuicio de JVG. Jamás aportó prueba alguna que demostrara que JVG hubiese ‘sucumbido’ a las presiones del Poder Ejecutivo Federal, de ahí que se actualice la malicia efectiva, máxima que ella, como periodista profesional, sabía que no podría acreditar esa situación al resultar inexistente”, argumentó el memorándum

También afirmó que “las opiniones negativas sobre la moral de Joaquín Vargas y su familia se sustentan en falacias”. Y citan una de las frases del prólogo escrito por Carmen Aristegui:

“Fue una tragedia ver cómo aquellos que habían apostado por la libertad de expresión y la investigación periodística (refiriéndose a Joaquín Vargas y Carlos Vargas Guajardo) finalmente sucumbieron a presiones y componendas de un poder al que ya antes se habían enfrentado con dignidad y valentía”.

Para MVS Aristegui utilizó “calificativos denigrantes e insultantes” en contra de Vargas y su familia. “A sabiendas de que esa situación en realidad nunca se actualizó, es que debe responder por el daño moral causado a JVG”.

La fecha de los documentos enviados al Séptimo Tribunal Colegiado es del 2 de febrero de 2018. En la primera semana de ese mes, el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó las bases para licitar la banda 2.5 Ghz, que fue objeto del duro litigio de Joaquín Vargas con el gobierno de Felipe Calderón.

Se pusieron a subasta 4 bloques nacionales de 10 Mhz cada uno y 2 bloques de 20 Mhz con un valor máximo de 350 millones de pesos, según los cálculos del mismo instituto. Del 13 de febrero al 1 de junio deberán presentarse las manifestaciones de interés económico de las empresas interesadas. El 31 de julio, después de las elecciones presidenciales deberán presentarse las ofertas. En diciembre de 2018 el IFT deberá emitir el fallo.