La opacidad en la que operan la mayoría de los programas sociales del gobierno federal y de las entidades incrementa el riesgo de fraude, destaca Santiago Nieto Castillo. Y citó las cifras del informe de Acción Ciudadana: hay 6 mil 491 programas sociales en el país operados por el gobierno federal, por los gobiernos estatales y los ayuntamientos, muchos de ellos, duplicados y hasta triplicados.

De 152 programas de subsidios, transferencias y prestación de servicios sociales federales, 85 no cuentan con reglas de operación y 66 carecen de padrón de beneficiarios.

“El condicionamiento de los programas sociales fue lo que permitió operar el fraude en el Estado de México, donde 31 municipios que tuvieron el beneficio de Prospera registraron una votación entre 70 y 80 por ciento a favor del PRI, en las elecciones de 2017”, recordó Nieto Castillo.

“Se ha incrementado el recurso de Prospera y se está utilizando en tiempos electorales”, afirmó el ex fiscal.

Nieto Castillo también calificó como “lamentables” las recientes sentencias aprobadas por mayoría de votos en el TEPJF, especialmente la que revocó el acuerdo del 5 de septiembre de 2017 del Instituto Nacional Electoral (INE) que pedía garantizar equidad en el uso de recursos públicos y de equidad en la contienda.

El TEPJF también revocó el acuerdo del INE que pedía la suspensión de los programas sociales que no cuentan con reglas de operación, de aquellos programas sin padrón de beneficiarios que no notifiquen al INE la convocatoria para su integración, o de aquellos que modificaron el padrón de beneficiarios con fines distintos a los establecidos en sus reglas de operación.

La mayoría de los magistrados del TEPJF también revocaron el acuerdo del INE que pidió suspender la entrega de tarjetas durante el proceso electoral que impliquen el ofrecimiento de un beneficio personal directo o la incorporación a un programa social “en un futuro mediato o inmediato condicionado a un determinado resultado electoral”.

El informe de Acción Ciudadana contra la Pobreza también destacó que para este 2018 los fondos para la observación electoral disminuyeron en 81 por ciento: en 2012 fueron de 93.6 millones de pesos y para este año sólo se destinarán 18 millones de pesos.

Otros datos importantes de este documento, en cuya presentación estuvo Santiago Nieto, revela que la mayor opacidad en el funcionamiento de los programas sociales coincide con aquellas entidades donde habrán elecciones concurrentes para elegir gobernador.

En Puebla, existen 26 programas y acciones sociales estatales, de las cuales el 84 por ciento no reportan cuánto fue su presupuesto aprobado y el 65 por ciento no tienen padrón de beneficiarios.

En Morelos, de los 53 programas y acciones sociales estatales, el 98.11 por ciento no reportan cuánto fue su presupuesto aprobado y 87 por ciento carece de reglas de operación.

En Veracruz, ninguno de los 31 programas y acciones sociales estatales tiene padrón de beneficiarios ni reglas de operación.

El peor panorama es en Chiapas, donde ninguno de los 46 programas y acciones sociales tiene padrón de beneficiarios estatal, un presupuesto identificado ni reglas de operación.

En Jalisco, de los 50 programas estatales, el 88 por ciento no se ubicaron en la cuenta pública estatal, a pesar de que el 100 por ciento reporta de cuánto fue su presupuesto aprobado. El 40 por ciento no tiene padrón de beneficiaros.

En Guanajuato existen 123 programas y acciones estatales, pero el 81 por ciento no cuenta con padrón de beneficiarios y el 36 por ciento carece de reglas de operación.

En Tabasco, de 31 programas estatales, ninguno tiene reglas de operación ni padrón de beneficiarios, y el 81 por ciento no se ubicó en la cuenta pública.

En Yucatán, de los 14 programas estatales, ninguno tiene padrón de beneficiarios, el 57 por ciento no se ubican en la cuenta pública y el 21 por ciento carece de reglas de operación.

 

El caso Odebrecht

En la entrevista, Nieto Castillo se defendió de las acusaciones en su contra como presunto “filtrador” de datos del caso Odebrecht, cuya investigación detonó que se le relevara al frente de la FEPADE, en octubre del año pasado.

Bajo su mando, la FEPADE avanzó en la investigación sobre el flujo de 16 millones de dólares de pago de sobornos de la empresa brasileña entre 2010 y 2016, a empresas presuntamente vinculadas al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

“Fueron tres asistencias jurídicas internacionales las que logramos antes de mi salida: la de Brasil, con las declaraciones de Norberto y Marcelo Odebrecht; la de Suiza, país al cual se le pidió las actas de empresas donde Odebrecht depositó y se transfirieron a Mónaco y a Liechenstein; y la última fue la asistencia de Antigua, donde también se detectó otra transferencia”, rememoró Nieto Castillo.

-¿Usted “filtró” ilegalmente datos del caso, como acusan los abogados de Lozoya?

-Un tribunal colegiado determinó que no se violó la orden de sigilo ni se dio a conocer ningún dato de la investigación que la pusiera en riesgo.

“En cualquier sociedad democrática, se privilegia el derecho de acceso a la información y de libertad de expresión, cuando hay elementos probatorios importantes en casos como el de Odebrecht.

-¿Ha habido alguna reacción de Lozoya a su reciente incorporación al equipo de López Obrador?

-No, ninguna.

-¿Alguna amenaza?

-Tenía 4 mensajes en 4 teléfonos distintos, de los cuales, 3 ya estaban geolocalizados. Se están investigando esas amenazas. Ahora no he recibido ninguna más.

-¿Influyó también en su salida el avance de la investigación de la FEPADE contra César Duarte?

-Antes de mi salida, tenía una demanda en mi contra de los abogados de César Duarte por violar su presunción de inocencia. La única orden de extradición firme en su contra es la que realizó la FEPADE. Existen 14 órdenes de aprehensión locales por distintos delitos estatales, pero todos terminan convergiendo en el actual encargado de despacho de la PGR que las ha dejado “congeladas”.

“Todas estas solicitudes de asistencias jurídicas internacionales en el caso de Odebrecht o de órdenes de extradición generaron un gran descontento en mi contra. En buen español, la reacción en mi contra se llama corrupción e impunidad”.

Foto: El Informador