Para Tom Wolfe y su “Periodismo canalla”

Hace un año asesinaron a Javier Valdez Cárdenas (15 de mayo), el notable escritor y periodista que denunció el narcotráfico que se vive en su natal Sinaloa. Su ausencia ha ensombrecido el panorama de la libertad de expresión en el país. Y como en la inmensa mayoría de los casos -más del 99 por ciento de los mismos- no hay una investigación seria del asunto y los autores intelectuales siguen tan campantes, desgraciadamente.

El 19 de mayo de 2017, Enrique Peña Nieto aseguró que se protegerían mejor a los periodistas. Palabras al viento como en la ocasión que reunió ante los gobernadores en Palacio Nacional y afirmó que habría medidas para evitar la matanza de reporteros.

En 2017 hubo 11 compañeros a los que les fue arrebatada la vida sin ningún castigo de por medio a sus homicidas. Y ya van cuatro en este 2018, el más reciente: Juan Carlos Huerta en Tabasco. Según el reportero Víctor Sámano, en Radio Educación, Huerta trabajaba en Radio Acir, había logrado una licencia radiofónica y elaboraba su proyecto; además, nunca tuvo que ver con asuntos de nota roja y era más bien cercano al inepto gobernador, Arturo Núñez. No obstante, lo liquidaron.

42 compañeros han sido asesinados en el gobierno de Peña Nieto. Nada se mueve para evitar que los borren del mapa, aunque hay organismo por muchos lados que dicen, en el presupuesto, defender a los informadores. Pero es sólo ficción, ya que el Mecanismo de Protección, la Feadle y otras agrupaciones no funcionan, sino únicamente son cascarones. Por eso México está junto a Afganistán y Siria como líderes en el número de víctimas trabajan para dar a conocer qué ocurre en sus naciones.

En Sinaloa van siete compañeros acallados y un desaparecido: una vergüenza total.

En el caso de Javier Valdez, coeditor de la imprescindible revista Río Doce y corresponsal de La Jornada, el 23 de abril de este año detuvieron a Heriberto Picos, motejado El Koala, quien supuestamente participó en la caza de Javier Valdez. Otro, Luis Idelfonso Sánchez, fue ultimado en Sonora en 2017. Y el tercero de los que aparentemente estuvieron en la siniestra acción, Juan Francisco N, alias El Quillo, ni siquiera ha sido aprehendido o llamado a declarar.

Una forma muy peculiar de aclarar (sic que se ríe de la justicia) los acontecimientos que cimbraron las redacciones de México, Estados Unidos y Europa. Aunque el subsecretario de Gobernación, Renato Sales Heredia hubiera dicho que a Valdez lo habían matado por su trabajo de investigación acerca del crimen organizado. Algo evidente, pero que no fue tan grotesco como en el caso de otros que se decía se dedicaban a otras profesiones, estaban en el lugar equivocado o se cruzaron en el momento menos conveniente. Opiniones propias de quienes intenta ocultar que la matanza de periodistas es algo que no quita el sueño a Peña Nieto y sus adláteres.

Claro, ellos saben que tiene a una inmensa mayoría de los medios comprados, por eso este sexenio erogará más de 50 mil millones de pesos en propaganda. Y, Aurelio Nuño en la SEP, gastó en publicidad dos mil 680 por ciento más de lo aprobado por el Congreso, algo que le trajo elogios desmedidos y ahora lo metió en problemas por ser el vocero de Meade.

Pero en otros terrenos también la República está herida y se le quiere echar sal y limón a la cicatriz para que sufra más. Recientemente Jenaro Villamil (Proceso, número 2167) informó que a través de maniobras judiciales se pretende que Joaquín Vargas de MVS, gane el juicio por daño moral que tiene en contra de la periodista Carmen Aristegui por un prólogo que hizo ella en el libro: La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, la historia que cimbró a un gobierno (Peguin Radmon House). Mediante presión a los jueces, incluso desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pretende que el beneficiado por el gobierno con concesiones para explotar la banda de 2,5 Ghz, sea favorecido a costa de la periodista.

Es necesario entonces vigilar el proceder de los jueces Elisa Macrina Álvarez Castillo, Roberto Ramírez Ruiz y Fernando Alberto Casasola Mendoza para que su fallo sea realmente apegado a derecho y no como ha sido en muchos casos: proclive al dinero, las relaciones empresas-políticos y en contra de los trabajadores.

Para MVS, según Jenaro Villamil, Aristegui utilizó calificativos insultantes y denigrantes en contra de Vargas (sic que usa bombín y bastón) y su familia. Algo que resulta casi paranoico.

Señala bien Ricardo Raphael de la Madrid (El Universal, 14 de mayo) que hay un temor por el regreso de Carmen a la radio, pero también de aceptarse una sentencia en contra de ella los límites de la libertad de expresión se harán más pequeños, ya que opiniones acerca de hombres poderosos no se podrán realizar pues serán tomadas como ofensas y cobradas a precio de oro, como antaño.

Por cierto, mientras en esas estamos, fuimos enterados que el señor Virgilio Andrade, quien exoneró a Peña Nieto, cuando estuvo en la secretaría de la Función Pública mandó reformar un baño de su oficina en un precio de 838 mil pesos y alquiló una camioneta blindada por 70 mil pesos mensuales.

Qué tal con estos peñistas que asaltan el erario para fines personales y no son molestados por nadie mientras los informadores sufren de todo.

Twitter: @jamelendez44

Foto: El Periódico