Publicado por Mediatelecom / El Economista

La separación funcional de Teléfonos de México ordenada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podría tener efectos adversos como agudizar problemas de congestión de tráfico, propiciar mayores tarifas a los usuarios o una caída en la calidad del servicio como estrategia de la empresa, para aliviar dicha congestión, así como generar altos costos de desvinculación y re-vinculación de empleados que se transfieren entre las empresas y divisiones.

Víctor Pavón, presidente del Oxford Competition Economics, estimó que, en el corto plazo, la infraestructura de red ya desplegada podría agudizar sus problemas de congestión de tráfico y en el mediano plazo, la infraestructura de red sujeta a condiciones de acceso mayorista podría convertirse en un “cuello de botella” debido a la ausencia de incentivos a la inversión para el remplazo y la expansión de esta infraestructura.

En el análisis económico-regulatorio “La Separación Función de Telmex/Telnor: Bases Regulatorias e Impactos Económicos, 2018”, Pavón destacó que la separación funcional impondrá un conjunto de obligaciones regulatorias como, por ejemplo, la provisión de servicios a tarifas reguladas, que impactarán los flujos financieros de la nueva empresa.

Por ejemplo, la determinación de tarifas con base en la metodología de costos incrementales promedio de largo plazo podría generar un desequilibrio financiero importante para la empresa, lo que incrementaría naturalmente su qcosto de financiamiento y, por tanto, sus costos para el mantenimiento de la red actual y sus costos para el despliegue de nueva infraestructura.

La medida de separación funcional establece que se contará con un plazo no mayor a dos años posteriores a la aprobación del plan de instrumentación de la separación (es decir, hasta febrero del año 2020) para que la unidad de negocio mayorista esté plenamente conformada y proveyendo en su totalidad todos los servicios mayoristas relevantes.

El mandato también establece que la nueva empresa deberá ser dotada de patrimonio propio para que, de manera independiente, pueda realizar de manera efectiva sus actividades comerciales. En materia de gobierno corporativo, como se observa actualmente en los casos delas empresas Telesites y Opsimex, los órganos de decisión y de gobierno corporativo de la nueva empresa no deben tener directivos que pertenezcan a los Consejos de Administración de América Móvil o Telcel.

En materia laboral, el especialista destacó que los títulos de concesión de Telmex y Telnor obligan a respetar los derechos de sus trabajadores, en particular, lo correspondiente al esquema de jubilaciones contenido en el Contrato Colectivo de Trabajo 2016-2018 celebrado entre Telmexy el Sindicato de Telefonistas dela República Mexicana.

Dio como referencia que, en la actualidad, se estima que el STRM posee un total de 60,000 trabajadores en sus filas: 32,000 trabajadores en activo y 28,000 trabajadores jubilados, por lo que el tema de las jubilaciones y sus obligaciones financieras asociadas es importante y relevante.

Dijo que la separación funcional implica un importante ejercicio de reasignación de recursos. Esta reasignación no sólo implica la separación física de las operaciones y activos físicos, sino también la reasignación de personal. En particular, la reasignación de recursos humanos implica la realización de modificaciones contractuales así como una reestructura respecto al cumplimiento de obligaciones de la empresa ante instituciones de seguridad social y fondos de pensiones o retiro.

En este sentido, los principales costos asociados a la separación funcional son los costos de desvinculación y re-vinculación de empleados que se transfieren entre las empresas y divisiones así como los costos asociados a la transferencia de pasivos pensionales y derechos laborales.

No obstante, el IFT no es autoridad competente en materia laboral. La Resolución de Preponderancia emitida el 6 de marzo de 2014 y la revisión bienal de 2017 no establecen medidas específicas en materia laboral ni relacionadas con los derechos de los trabajadores de las empresas que conforman el Grupo de Interés Económico declarado como Agente Económico Preponderante en el sector de telecomunicaciones.

De acuerdo con la resolución del IFT, Telmex y Telnor serán responsables de garantizar en todo momento la viabilidad técnica, económica y financiera de las nuevas empresas mayoristas, contemplando en todo momento el respeto de los derechos laborales de los trabajadores.

“Las medidas aprobadas por el IFT desde su creación están diseñadas para promover la competencia y la libre concurrencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión del país”, de acuerdo con el regulador.

En cuanto a los contratos colectivos de trabajo, éstos tendrán que ser negociados con los respectivos sindicatos de Telmex y Telnor a efecto de transferir al personal a las Empresas Mayoristas.