Red de intereses priistas

Uno de los casos más escandalosos fue precisamente el del magistrado ponente de la resolución a favor de Jaime Rodríguez El Bronco. Felipe Alfredo Fuentes Barrera carecía de experiencia en materia electoral. En 2015 fue impulsado por el consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero finalmente quedó fuera ante la candidatura de Eduardo Medina Mora, ex procurador general y ex embajador de México ante Estados Unidos.

Fuentes Barrera concentró su trayectoria en el Estado de México. Fue abogado y jefe de la oficina de Asuntos Legales del Instituto Mexicano del Seguro Social y fue supervisor de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SEP, pero sin ninguna experiencia en materia electoral. Su trayectoria previa en el Poder Judicial fue como secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia (junio 1997), juez de distrito en Tabasco, Ciudad de México y el Estado de México, donde dio clases de “Estado constitucional y sistemas de justicia” y “Procesos constitucionales en derecho comparado” en la UAEM.

La ponencia de Fuentes Barrera para lograr la ratificación como magistrado electoral versó sobre el tema del presupuesto de las autoridades jurisdiccionales electorales. Su propuesta fue reforzar la autonomía presupuestal.
El tema de los dineros que tanto le preocupó a este magistrado electoral no ha pasado desapercibido en el propio tribunal. Es el magistrado que recibe el mayor volumen de recursos: además de sus ingresos por 4 millones 564 mil pesos anuales (380 mil pesos mensuales de salario), recibe una percepción anual por 45 millones de pesos para su equipo de 37 personas.

El volumen de recursos que recibe este magistrado es mayor al de la propia magistrada presidenta Janine Otálora, quien recibe 43 millones 673 mil pesos para un equipo de 48 personas, 33 directamente bajo su cargo, 11 adscritas a la Secretaría Particular y 4 más a la Coordinación General de Asesores.

El otro magistrado que votó a favor de El Bronco, es José Luis Vargas Valdés, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales entre 2010 y 2012 y terminó confrontado con el entonces presidente Felipe Calderón por la candidatura de su hermana Luisa María Calderón a gobernadora por Michoacán.

Vargas Valdés fue apoyado por el PRI y el Partido Verde y duramente impugnado por el senador Ernesto Cordero, ex colaborador del gobierno calderonista. En un artículo publicado el 28 de junio de 2013 en Nuevo Excélsior, Vargas Valdés acusó de “cínico” a Cordero por “pagar con recursos públicos artículos como el champú para su calvicie o los chicles para disimular el mal aliento”.

Cordero presionó ante Emilio Gamboa Patrón para que Vargas Valdés fuera sustituido por Daniel Francisco Cabeza de Vaca, ex procurador general durante el gobierno de Vicente Fox, pero su aspiración fue frustrada. De última hora, el también panista Santiago Creel, ex secretario de Gobernación foxista, apoyó a Vargas Valdés.

Egresado del ITAM como licenciado en Derecho, Vargas Valdés analizó en su ponencia ante la Comisión de Justicia el concepto de “determinancia” en materia electoral para la anulación de unos comicios. Analizó el caso de Colima, entidad en donde fueron anuladas las elecciones a gobernador en 2004.

Su interés por Colima no fue casual. Vargas Valdés, socio del despacho JL Vargas y Asociados S.C., asesoró en 2015 a Ignacio Peralta, ex subsecretario de Comunicaciones, amigo de Luis Videgaray y candidato priista, para definir la segunda vuelta electoral en las elecciones a gobernador de esta entidad, a favor del propio Peralta.

La magistrada Mónica Arali Soto Fragoso tuvo el apoyo del coordinador priista Emilio Gamboa Patrón para ser electa en 2016. Entre 2013 y 2016 se acercó al PRI como magistrada electoral de la Sala Regional de Guadalajara. Fue la primera mujer que integró y presidió esa sala.

Su ponencia ante la Comisión de Justicia del Senado para ser electa como magistrada del TEPJF fue sobre la “acción afirmativa” para garantizar la equidad de género.

Por su parte, Indalfer Infante González, apoyado en octubre de 2016 por el PRD y una parte de la bancada del PAN, tampoco tenía experiencia en materia electoral, salvo algunos cursos y diplomados en la FEPADE y en el TEPJF.

Infante González realizó carrera en el Poder Judicial como secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte, juez de distrito en Tabasco y Morelos, magistrado de estudio y cuenta y presidente de la Comisión de Carrera Judicial en el Consejo de la Judicatura.

Su ensayo ante la Comisión de Justicia del Senado fue sobre la acción de inconstitucionalidad contra la ley electoral en Morelos por el tema de la inequidad de género. Abogó también por las “acciones afirmativas” a favor de las candidaturas de mujeres.