Un Alto Comisionado de la ONU presentó ayer, miércoles 15 de marzo, el informe “Doble Injusticia”, donde se narran actos de tortura en contra de los detenidos –al menos 34 de 129– en el caso Ayotzinapa. La ONU exigió al Estado mexicano crear una Fiscalía General autónoma y reconocer los casos de tortura documentados en el informe.

Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en México, presentó el informe, el cual cuenta con pruebas documentadas desde septiembre de 2014. El documento está basado en el “análisis de expedientes de la indagatoria penal, declaraciones de los detenidos ante el juez y entrevistas realizadas por visitadores a los procesados”.

Las autoridades federales detuvieron a 129 personas relacionadas con la desaparición de los estudiantes de la escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Los detenidos son principalmente policías de Iguala, Cocula y supuestos integrantes del grupo delincuencial “Guerreros Unidos”.

De los 129 casos, la ONU en México analizó 69, sólo en 12 de ellos no encontró indicios de tortura y en 51 localizó elementos que indican malos tratos o posible tortura. Asimismo, en 34 casos halló “fuertes elementos de convicción de que sí hubo tortura”, señaló el representante de la oficina de ONU. “Se certifican más de 30 lesiones compatibles con actos de tortura”, agregó.

De acuerdo con el informe, los actos de tortura que documentó la Oficina en México de la ONU son golpes, toques eléctricos en múltiples partes del cuerpo, violencia sexual, amenazas de muerte y violación a las mujeres de la familia de los detenidos.

“Nos llevaron a un cerro en una camioneta y nos pusieron a escarbar en un pozo diciéndonos que esa era nuestra tumba. Me empezaron a golpear, me tiraron dos balazos, a mi hermano se lo llevaron a otro lado, un balazo me lo tiraron a la cabeza pero no me lo dieron porque me tiraron a un lado, diciéndome que me iban a matar y de ahí me tiraron el otro. Nos bajaron y de nuevo me subieron al helicóptero diciéndome que iban a tirar desde arriba y me volvieron a llevar al cuartel, me volvieron a pegar poniéndome la bolsa diciéndome que cuando llegara a la SEIDO tenía que decir lo que ellos me dijeran”, dijo en su declaración preparatoria Osvaldo Ríos Sánchez.

“Me volvieron a poner la bolsa en la cabeza y como yo no les decía lo que querían escuchar, me empezaron a dar toques primero en la boca, después me volvieron a poner la bolsa, y otra vez me volvían a pegar en la espalda, costillas, abdomen y después me dieron toques en los testículos, […]después se me subieron dos [hombres] al abdomen y otro me puso la bolsa en la cara, y me dijo que llevaba órdenes del presidente […] me empezaron a dar toques en el ano y me volvieron a poner la bolsa”, delcaró.

El informe establece que dichos actos fueron realizados por integrantes de la Policía Federal Ministerial, Semar, y personal de la Ministerial de la PGR. En 23 casos se acusó directamente a personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR.

“Hasta la fecha no hay información que señale responsables por los actos de tortura; los funcionarios responsables permanecen impunes”, recriminó Jan Jarab.

“…me dieron un culatazo en la ceja izquierda, y me reventaron y me siguieron golpeando […] me trasladaron a un lugar pero en todo el camino me iban dando electricidad y preguntándome por las armas [..] me echaron al suelo y me empezaron a echar agua fría y me empezar a dar electricidad abajo en la planta de los pies y en los huevos […] Llegó un Señor y me empezó hacer preguntas […] que entonces ahora iba a mandar a matar a toda mi familia, de ahí me empezaron a dar electricidad en todo el cuerpo, en los huevos y atrás, en la cola […] que iban a matar e iban a violar a mis hiñas y a mi esposa y que les iban a meter el tubo del cañón en el ano a mis niñas”, dijo Patricio Reyes Landa en su declaración rendida 14 de enero de 2015.

Finalmente, la  ONU exigió al Estado mexicano transformar a la  PGR en una fiscalía “realmente autónoma con organismos de control interno y procesos de rendición de cuentas”. A su vez,  insistió en que es necesario aplicar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, y la creación de un consejo asesor de la lucha contra la impunidad.