El debate en el IFT

La resolución de la “separación funcional” de Telmex se tomó por 4 votos a favor contra 3 de los comisionados el pleno del IFT.  El comisionado presidente Gabriel Contreras, más Mario Fromow, Javier Juárez y Arturo Robles votaron a favor sin argumentar mucho ni responder a la polémica interna, mientras que los comisionados Adolfo Cuevas, Adriana Labardini y María Elena Estavillo votaron en contra argumentando que no impulsará la competencia y tampoco incentivará la inversión en fibra óptica.

La resolución ordena que las empresas mayoristas que se constituirán a partir de Telmex y Telnor deberán “proveer los servicios de desagregación de la red local, así como los enlaces dedicados locales y la infraestructura pasiva a operadores que ofrezcan servicios a usuarios finales”.

También deberán presentar trimestralmente al IFT reportes sobre el cumplimiento de las medidas de preponderancia y “establecer el principio de no discriminación como un lineamiento general a ser aplicado en todos los códigos de ética y actuación de sus empleados”.

Deberán contar con un Consejo de Administración diferente a las empresas integrantes de América Móvil (Telcel, Telmex y Telnor). Estará conformado por un mínimo de 7 miembros, los cuales deberán ser independientes en su mayoría. Los consejeros independientes “deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores y no podrán ser removidos sin la aprobación del IFT”.

Los domicilios y las marcas de las dos empresas que surgirán de la escisión de Telmex deberán ser distintos, con nombres comerciales diferentes a los de Telmex, Telnor y Telcel.

También deberán contar con sistemas operativos y de gestión independientes del AEP para el trámite y atención de las solicitudes de servicios mayoristas.

En su comunicado, el IFT aclaró que esta decisión “no supone una separación estructural ni desincorporación de las empresas que componen el AEP, por lo que ésta será responsable de la viabilidad técnica, económica y financiera de las nuevas empresas mayoristas, para la cual deberá aportar los recursos necesarios para que cumplan con su objetivo social, contemplando en todo momento, el respeto de los derechos laborales de los trabajadores”.

Se creará un “grupo de transición”, integrado por funcionarios del IFT y de América Móvil, para dar seguimiento al cumplimiento de los distintos plazos adoptados en los dos años.

Según el calendario de la resolución, son  cuatro etapas en dos años: primero, el plan de transferencia de recursos (entre agosto y diciembre de 2018), el plan de transferencia del personal (al cierre del primer trimestre de 2019); el cambio de sistemas de gestión y de operación a la nueva empresa (al tercer trimestre de 2019); y finalmente la aprobación de los estatutos de la nueva compañía, en el cuarto trimestre de 2019.

Durante la discusión al interior del  pleno del IFT, la comisionada Adriana Labardini advirtió que “en ninguna parte del mundo se plantea una reestructura corporativa por razones regulatorias a través de un procedimiento administrativo” y esta separación no va a resolver el problema del declive del servicio de telefonía fija, la escasa competencia y que México esté en “último lugar en penetración de banda ancha fija en los países del OCDE”.

Labardini admitió que la “separación funcional” podrá ayudar a reducir los incentivos a la discriminación en la provisión de servicios entre Telmex y sus competidores y facilitará el monitoreo, pero no resuelve problemas como las tarifas de los servicios y la inversión en servicios de nueva generación.

Labardini, ex comisionada presidenta aportó los siguientes datos sobre el problema de la banda ancha, de acuerdo a la versión estenográfica de la sesión:

“A junio de 2017 Telmex tiene aproximadamente 1 millón 878 mil suscripciones de fibra óptica; y de suscripciones de banda ancha fija tiene 7 millones 374 mil en cobre, y de ese 1 millón 878 mil de líneas de fibra óptica –que es bajísimo para un país de este tamaño- sólo le ha solicitado la competencia 5 mil 500 líneas, es una fracción mucho menor al 1 por ciento…

“Yo encantada de hacer todo para que Telmex no discrimine a sus competidores, pero ese no fue el único objetivo. Era también ver cómo le hacemos para que la penetración de banda ancha fija crezca en este país, tanto por Telmex como por la competencia, y que claro, Telmex no obstaculice a los competidores..

“Una separación si es exitosa puede que logre frenar la discriminación, pero no va a lograr que haya banda ancha de alta velocidad en este país… ¿Por qué tendría que poner una infraestructura de nueva generación con alta capacidad, pero no la voy a poder usar y mi competencia sí a través de la desagregación?”.

Por su parte, la comisionada María Elena Estavillo argumentó que el modelo de la nueva empresa que surgirá de la separación funcional de Telmex “no va a asegurar un suficiente cambio cultural ni una modificación significativa de los incentivos, porque se preservar la integración vertical en el negocio minorista con el mayorista, en todos los servicios”.

Estavillo argumentó la inviabilidad financiera de la nueva empresa de esta manera: en el 2016 Telmex reportó a los inversionistas bursátiles una pérdida de alrededor de 240 millones de pesos acumulados en utilidad neta, por lo que al agregar los costos de la separación “la empresa se volvería inviable; debido a lo anterior se verían obligados a destinar los recursos de inversión a la operación, lo cual generaría un impacto negativo en la inversión para los servicios de telecomunicaciones fijos en el país”.

 

América Móvil irá al amparo

Desde el primer momento en que se conoció la resolución, América Móvil, controladora de Telmex y sus subsidiarias afirmó que “respeta” la decisión, la impugnará vía amparo y aunque no sea procedente en materia de telecomunicaciones, su Consejo de Administración tomó la determinación de “no subsidiar ni financiar las operaciones de la entidad separada”.

Proceso consultó a América Móvil sobre las principales diferencia entre el consorcio y la decisión adoptada por el IFT, sobre todo en la definición de los “servicios” que deberá aportar la empres separada y el precio o las tarifas de los mismos.

“La definición de ‘los servicios’ es un tema relevante, ya que es función de estos servicios que prestará la nueva empresa, la cantidad de activos y personal, incluyendo el pasivo laboral, que deberá transferir a la nueva entidad para prestar los servicios en los términos y bajo las condiciones impuestas por el IFT”, admitió América Móvil.

Consideró que la separación “conlleva duplicación de ciertos costos en los que deberá recurrir la nueva entidad”. “La administración de la nueva entidad deberá evaluar su plan de negocios en función de su estructura de costos y de ingresos, misma que han sido determinadas en buena medida por la regulación del IFT”, afirmó América Móvil.

Finalmente, la compañía de Slim reiteró que “impugnará vía amparo la resolución del IFT por diferentes motivos, incluyendo el hecho de que no era necesaria y de que es a todas luces desproporcional a los fines buscados”.

“El amparo no puede suspender la decisión del IFT, por lo cual, se deberá acatar la orden de separación en los términos definidos por el IFT”, abudó América Móvil, en su respuesta a Proceso.

 

Los especialistas critican al IFT

Especialistas cercanos a la posición de América Móvil y Telmex, pero también los que están vinculados a la posición de la competencia como Televisa y otras empresas de telefonía fija y distribución de datos tampoco ven con buenos ojos esta decisión.

La consultora Mediatelecom, dirigida por Jorge Fernando Negrete, difundió un análisis señalando que el IFT no dio los “argumentos suficientes” ni realizó un análisis a profundidad para ordenar la separación funcional.

“La separación funcional es una medida regulatoria extrema que ordena a un agente económico la creación de una nueva empresa que ofrezca de manera separada servicios mayoristas de los elementos de la red telefónica local, así como acceso a la infraestructura pasiva y los enlaces delicados locales”, definió Mediatelecom.

En el caso de Telmex, deberá crear “una especie de Sams, pero de servicios de telecomunicaciones” y se separa de los servicios al consumidor final (hogares y empresas) y el alquiler de los elementos de la infraestructura pasiva (para otros operadores).

El análisis de Mediatelecom señala que algunos competidores de Telmex, como Blue Telecom, filial de Televisa, ofrecerá los mismos servicios en el corto plazo, gracias a esta medida, pero el IFT “no realizó los estudios de competencia, análisis de costo-beneficio y declaratoria de insumos esenciales ‘porque la ley no se lo ordena’. ¿A qué regulador la ley no le ordena estudiar y analizar el sector que regula?”.

El IFT tampoco “definió una meta en el crecimiento de penetración de servicios fijos de telecomunicaciones”  y no aclaró “que la penetración de telefonía fija en todos los países de la OCDE está decreciendo, por lo que una separación funcional iría en sentido contrario de promover la inversión en nuevas tecnologías como la fibra óptica”, una posición muy similar a la de la comisionada Labardini.

En el colmo, Mediatelecom argumentó que el IFT ordenó “una separación funcional sin que los competidores hayan presentado una sola solicitud de desagregación total del bucle local de Telmex”.

Por su parte, la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), dirigida por Ernesto Piedras, también consideró que la decisión del IFT no permitirá la desconcentración del mercado, pero afirmó que se requieren medidas más fuertes que la “separación funcional” y consideró excesivo el plazo de dos años.

Se requiere “la aplicación de medidas estructurales para eliminar los incentivos del preponderante (América Móvil-Telmex) para impedir el acceso a su red, continuar aventajando a sus competidores y obstaculizar la materialización de la competencia efectiva”.

“A este ritmo, en lugar de ubicarnos a cuatro años de eliminar la figura de preponderancia, nos ubicamos a una década y media, cuando menos”, concluyó el análisis de Piedras.

Foto: Eje Central