El 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, leyes secundarias que obedecieron a la reforma constitucional del 11 de junio de 2013, mediante la cual se modificaron los 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Tal acción obedeció a que la reforma en telecomunicaciones era parte toral de las llamadas reformas estructurales emprendidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entre sus objetivos, supuestamente, se encontraban el de fomentar la competencia efectiva en televisión, radio, telefonía e internet, ya que con ello, según sus impulsores, se generarían mejores opciones para los consumidores, reduciendo los precios de la telefonía, la televisión de paga y el internet, lo que tendría como resultado: fomentar el cierre la brecha digital y mejorar el acceso a la información.

Es el caso que a tres años y ocho meses de la promulgación de las leyes secundarias, no se han visto cristalizadas las bondades de la reforma en cuestión.

Si  bien es cierto que se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) como Órgano Constitucional Autónomo, se crearon dos Juzgados de Distrito y dos Tribunales Colegiados de Circuito especializados en el tema, aunado al de competencia económica y que se emitió la licitación nacional IFT-1 para formar dos canales de televisión radiodifundida con cobertura nacional, también es cierto que sus objetivos primordiales siguen en el tintero y en las buenas intenciones, por lo que el beneficio de las mismas no se ha visto reflejado en el bolsillo de los consumidores

Lo anterior se dio luego de una prolongada tradición neoliberal de entreguismo y renuncia del Estado sobre el uso, aprovechamiento y explotación del espacio radioeléctrico, por un lado, y de las redes públicas de telecomunicaciones por el otro, lo que permitió la formación de dos grandes duopolios en estos temas, TELMEX por el lado de la telefonía e internet y Grupo Televisa y TV Azteca  por el lado de la televisión radiodifundida

Así, se pretendió que a través del IFETEL se hiciera patente la intervención del Estado, cuyo rectoría había dejado de ser efectiva y sometida a la voluntad de los concesionarios monopólicos, lo que en lenguaje coloquial se les llama “poderes facticos” quienes ante el inmenso poder de concentración de poder mediático lograron imponer en la Presidencia de la República a su actual titular, por lo que es válido afirmar que dichos entes habían adquirido hasta facultades metaconstitucionales y se tomaron atribuciones antidemocráticas al margen de la voluntad popular.

Pues bien, es el caso que gracias al vertiginoso auge de la convergencia tecnológica, lo que incluye el uso y desarrollo constante de dispositivos electrónicos,  el apogeo de las redes sociales, con el vuelco que ha dado la sociedad en su conjunto, esto con el acceso a la información a través del internet, el poder real de los llamados poderes facticos se ha visto mermado, tanto en sus finanzas, como en su credibilidad.

Es esta nueva realidad, el paradigma del uso de las tecnologías de la información y el fácil acceso a nuevas formas de comunicación, lo que nos conduce al considerar que la convergencia tecnológica está cambiando todos los aspectos de la vida y en particular, sobre la forma en la que los ciudadanos concebimos el ejercicio del poder y su rendición de cuentas por medio de la democracia.

En efecto, las transformaciones derivadas de la convergencia tecnológica han impactado a los diferentes sectores de la comunicación y la información, quienes monopolizaban el modo de pensar y de actuar de un grueso sector de la población hasta hace pocos años. La prensa, la radio y la televisión no sólo presentan nuevos usos y costumbres sino también nuevas formas de producción de contenidos a partir de la incorporación nuevas tecnologías de información y comunicación, el público destinatario ya no es aquel ente receptivo, inerte, que  era cuando los medios de información eran solamente la televisión monopolizadora de la verdad, la prensa  y la radio en menor medida..

Es en estas circunstancias que, en fechas recientes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha emitido dos acuerdos de gran trascendencia que afectan de manera directa a los concesionarios que lo fáctico, realizan prácticas monopólicas Telmex y Grupo Televisa.

En efecto, el 27 de febrero de este año, el IFETEL determinó la separación funcional de Telmex esto como resultado de  su actividad como Agente Económico Preponderante, ordenándole crear dos empresas, a partir de Telmex y Telnor, que tendrán que prestar servicios de acceso a la red local, así como los enlaces dedicados locales e infraestructura pasiva asociados a dicha red, a otros operadores en condiciones no discriminatorias.  En otras palabras, el Instituto ordena la división práctica de Telmex y Telnor para que constituyan nuevas empresas que se dediquen a la actividad que venía desempeñando como empresa unificada. Aquí la pregunta sería si tiene utilidad práctica esta medida y en qué modo beneficia a los consumidores de los servicios que presta TELMEX por el acceso a los productos que ofrece. También habría que considerar en que forma afectará o beneficiará a los trabajadores sindicalizados de la empresa, porque se verán en la disyuntiva entre solicitar su renuncia y antigüedad generada o ingresar como nuevos empleados en las empresas que al efecto se constituyan en acato a  la medida emitida por el Instituto.

Por otro lado, tenemos que el viernes 23 de marzo de 2018, el IFETEL emitió un Acuerdo, de conformidad con los lineamientos que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante sentencia de fecha 7 de febrero de 2018, en donde determina que Grupo Televisa no puede ser considerado como agente económico con poder sustancial.

Cabe aclarar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo que había promovido Grupo Televisa en contra del anterior acuerdo del IFETEL, de fecha 02 de marzo de 2017, en el que se había determinado que Grupo Televisa concentraba el 60% de participación en el mercado con las seis empresas de televisión de paga con las que opera en todo el país, TVI, Cablevisión Red (anteriormente Telecable) Cablecom, Cablevisión (Izzi), Cablemás y Sky. Le siguen Dish de MVS con 17.1%, Megacable con 15.5% y otros pequeños operadores, o cableros como se le llama en el argot de las telecomunicaciones, con 7.4%, de acuerdo con cifras del mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones al segundo trimestre del año 2016.  Entre las consecuencias de declarar a Televisa como agente con poder sustancial, implicaba que el órgano regulador podía aplicarle medidas asimétricas, como compartir infraestructura, a fin de que la competencia prosperase en beneficio de los usuarios

Es en ese panorama de regulación y de ejercicio real de la rectoría que el Estado debe tener a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde se hace patente el hecho de tener un organismo eficiente, sólido, y fortalecido que aplique el verdadero sentido de la reforma y que no sea un instrumento de los poderes fácticos que en cierta medida se oponen a ser regulados, sin dejar de lado la responsabilidad que le compete al Poder Judicial de la Federación a través de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados especializados en telecomunicaciones y de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se trate de asuntos que por mandato de Ley le corresponda su conocimiento y que con mediante el ejercicio de un verdadero espíritu de legalidad se resuelvan los asuntos sometidos a su consideración, de tal forma que los ciudadanos y la población en general sean los beneficiados y no responder a los intereses económicos creados por los agentes económicos que monopolizan y controlan a a su conveniencia del sector de las telecomunicaciones.