Por orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Procuraduría General de la República (PGR) deberá hacer pública la información sobre la contratación del sistema de espionaje Pegasus, un malware (virus) que fue utilizado por el gobierno mexicano para intervenir las líneas de comunicación de al menos 50 activistas y periodistas. Sobre esto, el gobierno alegó que implementaban el malware para prevenir y solucionar casos de secuestro.

El INAI solicitó a la PGR: a) fecha y hora de las intervenciones a las líneas de comunicación; b) oficio de quien autorizó; c) carpeta de investigación; d) nombre de los jueces que autorizaron las intervenciones; e) contratos de los nuevos equipos utilizados para la intervención; f) solicitud de las empresas de telefonía; g) casos concretos donde se aprehendió al delincuente o se haya rescatado a un secuestrado; h) número de trabajadores que participaron en las intervenciones, áreas que operan, salario y prestaciones. En respuesta, la PGR clasificó todos los casos exceptuando el e) y el f), pues señalaron contar con “cero documentos”.

El comisionado del INAI,  Joel Salas,  mencionó que la divulgación de estos datos será “la primera piedra” para reconstruir la confianza con las organizaciones de la sociedad civil y reanudar la construcción del Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto, el cual abandonaron al descubrir que los participantes en este proyecto eran espiados con el software.

Al presentar el caso ante el Pleno, la comisionada Areli Cano Guadiana justificó que la provisión de seguridad es una de las labores fundamentales del Estado y para garantizarla, las instituciones competentes pueden recurrir al uso de mecanismos de inteligencia, es decir, a la implementación de acciones de recolección, evaluación, análisis, integración e interpretación de información que permita plantear y diseñar las estrategias correspondientes a tales fines.

“En un contexto democrático es fundamental que el Estado realice las labores de inteligencia a partir de criterios claros para la adquisición de la información, a fin de que tal actividad funcione como un recurso legítimo y eficaz de la política pública en materia de seguridad, en el cual la discrecionalidad quede descartada”, señaló.

A su vez, Areli Cano apuntó que se deben aclarar cuáles son los principios de máxima publicidad bajo los que la ciudadanía pueden acceder a la información sin vulnerar la seguridad nacional o poner en riesgo la protección de los datos personales; asimismo, dijo que esta es una buena señal, pues cada vez es mayor el interés de la sociedad, para que se fomente la transparencia y rendición de cuentas.