Reportaje publicado en revista Proceso No. 2148

Ruiz Esparza, rey de los sobrecostos

El Paso Exprés fue la obra más analizada por la SFP, pero no la única donde se registraron elevados sobrecostos en los 5 años de gestión de Ruiz Esparza al frente de la SCT.

Por ejemplo, la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro tuvo un costo final de 50 mil 820 millones de pesos, 27 por ciento más caro que el presupuesto original de 42 mil millones de pesos. El resultado de esa licitación se dio a conocer el 3 de noviembre de 2014 y dio como ganador al consorcio formado por las empresas China Railway Construction Corporation, China Railway Construction Corporation International y CSR Corporation Limited, asociadas con cuatro empresas mexicanas: Constructora y Edificadora GIA, dirigida por Hipólito Gerard, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, y Constructora Teya, filial de Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del presidente Enrique Peña Nieto.

El escándalo de la Casa Blanca, detonado una semana después, así como las críticas al favoritismo y las prisas por el fallo, provocaron la cancelación de esta licitación.

El reparto de 10.5 millones de televisores digitales, cuyo plazo límite se fijó para el 31 de diciembre de 2015, también generó un sobrecosto escandaloso. El plan original era que tuviera un costo de 18 mil 760 millones de pesos y terminó costando 28 mil 446 millones de pesos, con padrones de reparto mal elaborados, acusaciones de soborno y hasta señalamientos de casi 400 mil televisores “perdidas” en pleno año electoral.

De un costo unitario por cada televisión de 1,990 pesos por unidad, según el propio cálculo de la SCT, terminó elevándose a 2, 813 pesos, incluyendo un 7.4 por ciento de los gastos operativos del reparto.

Las empresas beneficiarias de esta mega compra de televisores fueron Diamond Electronics, en sociedad con Comercializadora Milenio S.A., que terminó acaparando el 63 por ciento de todas las televisiones licitadas, por un valor superior a los 19 mil millones de pesos.

La segunda beneficiada fue la cadena de supermercados Soriana, la misma que estuvo involucrada en el escándalo de reparto de tarjetas durante la campaña presidencial del 2012, con un total de 1 mil 927 millones de pesos por la compra de 781 mil aparatos de televisión.

La tercera fue la compañía taiwanesa Foxconn, en sociedad con Grupo HTCJ y Asociados que ganó 623 millones de pesos por 215 mil televisores.

Otro caso escandaloso fue la licitación de la Red Compartida de telecomunicacione, en noviembre de 2016, que ganó el consorcio Altán, donde participan Axtel y Megacable, en medio de acusaciones de consorcio Rivada Networks por presuntos actos de soborno y uso de información privilegiada que fueron investigados por el Organo Interno de Control de la SCT.

Altán, dirigida por el español Eugenio Galdón, presentó una oferta de 7 mil millones de dólares para lanzar la infraestructura de esta red mayoritaria de servicios de comunicación que deberá cubrir el 92 por ciento del territorio nacional,

Rivada Networks acusó al consorcio Altán y a funcionarios de la SCT de acceder a información privilegiada para la elaboración de un proyecto a través de la firma internacional Deloitte. La SCT contraatacó en diciembre de 2016 señalando que iniciaría acciones legales contra Rivada por “los daños ocasionados con sus señalamientos” y argumentó que fue este grupo empresarial norteamericano el que incumplió con el pago de una “garantía de seriedad” por mil millones de pesos.

El proyecto de la Red Compartida debió iniciarse en 2014, pero se fue retrasando. De los primeros 21 consorcios interesados originalmente sólo quedaron dos: Rivada y Altán.  El perfil del consorcio ganador levantó suspicacias entre los especialistas del setor.

Consorcio Altán está formado por la empresa off shore Isla Guadalupe Ivestment S.L.U, cuyos verdaderos financiadores no son públicos, junto con Marapendi Holding B. V. Hansma, Corporación Financiera Int., CMF Investment Company LI BV; el Fideicomiso de Administración Número 2431 y el Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Eflatam-15-2 y las dos empresas de telecomunicaciones mexicanas Megacable y Axtel.

 

Nuevo aeropuerto, opacidades

Un último ejemplo de licitaciones con sobrecostos es el del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, planeado con un costo original de 169 mil millones de pesos, pero que se elevó a principios de 2017 a 186 mil millones de pesos, bajo el argumento de la devaluación del peso frente al dólar.

En 2015, Ruiz Esparza presumió que esta obra, considerada la más importante del gobierno de Peña Nieto, se realizaría “bajo las mejores prácticas internacionales” en cuanto a control, transparencia, eficiencia y legalidad. Destacó que las tres fases se cumplirían para que el nuevo aeropuerto comience a brindar servicios en octubre del 2020.

La organización México Evalúa envió al Senado un reporte en abril de 2017 en donde destacó que el 73 por ciento de las contrataciones del Nuevo Aeropuerto son “insolventes” y sólo 27 por ciento son “solventes”. Afirmó en su estudio que en 2015 se aprobaron 7 mil 088 millones y en 2016 otros 5 mil 500 millones para ejercer en esos dos años y sólo se habían ejercido 2 mil 495 millones de pesos.

Hay 10 mil 400 millones de pesos distribuidos en contratos, “a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas”. El 50 por ciento del monto contratado -5 mil 272 millones de pesos- se comprometió sin concurso oficial de por medio, es decir, seleccionando al proveedor de manera discrecional, por parte de la SCT. Otro 15 por ciento de los contratos se otorgaron por “invitación restringida” y sólo 35 por ciento del dinero se ejerció por medio de licitación pública abierta.

En su reporte, México Evalúa advirtió que “el sistema de Compranet y la página oficial del NAICM cuenta con información incompleta de este procedimiento de contratación. Sólo se publica un acta de junta de aclaraciones a pesar de que ésta se reanudó en cuatro ocasiones; en el acta publicada no se incluyen preguntas ni respuestas”, también las “fechas en las que se realizan los distintos actos del proceso no coinciden” y se restringe la información aún en los casos de licitación pública “por razones de seguridad nacional”.