El pasado 24 de diciembre, una de las personas a las que mejor les cayó la Nochebuena seguro fue a Alberto Fujimori, quien ese día recibió el indulto a su condena de 25 años de prisión por las matanzas de Barrios y La Cantuta, que dejaron 25 muertos; y por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

Fujimori no es el primero en recibir el indulto a su condena tras haber sido mandatario durante un régimen totalitario; otras figuras como Rafael Videla, en Argentina, e incluso Augusto Pinochet, en Chile, a quien se le pasaron por alto alrededor de 3 mil muertos y desaparecidos durante su dictadura, pese a que éste último fue detenido en Londres en 1998, jamás recibió condena hasta que la única justicia que se ejerció sobre él fue la de su propia muerte, en 2006.

Y así podríamos enlistar cientos de dictadores y gobernantes, sobre todo en África, Asia y América Latina que han sido indultados o cuyas condenas han llevado procesos tan largos que prácticamente siempre fueron libres.

En el caso peruano, el indulto a Fujimori se da en el marco de la lucha política entre los hijos del exmandatario, Kenji y Keiko Fujimori, quienes desde el Congreso y otras instancias políticas buscan hacerse de un bastión más poderoso en la influencia social del Perú.

Por otra parte, en México, la palabra la puso de moda Andrés Manuel López Obrador, a quien se le ocurrió que sería buena idea para su campaña hacia la presidencia de la República que una manera de frenar al crimen organizado es indultando a ciertos personajes vinculados a agrupaciones delictivas.

En otros países, como Estados Unidos, el indulto es una forma de liberar reos o disminuir sentencias para obtener información valiosa en la lucha contra el crimen: por eso es tan famosa la figura de los testigos protegidos, que en varias ocasiones se encuentran vinculados al delito en cuestión pero que a su vez son determinantes en el esclarecimiento de todo el suceso delictivo.

Sin embargo, lo que debiéramos vincular en este momento es la palabra con el hecho y los actores correspondientes. En otras palabras: el indulto que se le aplicó a los dictadores y mandatarios antes mencionados atiende no a la realización del delito de manera directa, sino al abuso de poder como Jefes de Estado para perpetrar la desaparición y violencia contra cualquier grupo opositor.

En México, un sector de la sociedad saltó alarmado cuando el precandidato de Morena a la presidencia dijo: “Indulto”, sin tomar en cuenta que varios de los políticos y gobernantes de nuestro país no han pasado por el proceso de perdón porque ni siquiera se les ha juzgado. ¿Qué pena está cumpliendo Ernesto Zedillo por la matanza de Acteal o Enrique Peña Nieto por las violaciones a los derechos humanos en San Salvador Atenco y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa? De Tlatelolco en el 68 ya ni hablamos.

Paradójicamente, la figura del indulto en México no significa un retroceso, más bien, no se ha hecho la justicia suficiente como para haberla puesto en práctica siquiera para tener una idea de cómo funciona. La impunidad es tanta que no da ni tiempo de indultar.

Huelga decir que tampoco se trata de andar perdonando a cualquiera, pero en México no se llega a eso porque todo queda en la simulación de los organismos internacionales que a lo más que llegan es a visibilizar a las víctimas o a tipificar delitos, como el de “desaparición forzada” que apareció en el caso de Rosendo Radilla, cuya familia debió esperar unos 35 años para saber siquiera el nombre del crimen del cual Radilla fue víctima.

Foto: larepublica.pe