El Acceso a la Información

El 12 de junio de 2002 se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México. Fue la primera gran reforma estructural del sistema político realizada en el “gobierno de la alternancia” de Vicente Fox.

Representó también uno de los avances tangibles para reglamentar los artículos 6 y 7 de la Constitución, pero también el germen que dio origen a una nueva era de solicitudes de acceso a la información y de nuevos candados de opacidad por parte de los poderes públicos.

Esta transformación no hubiera sido posible sin el concurso de académicos, periodistas y legisladores que formaron el llamado Grupo Oaxaca. Más del 70 por ciento del contenido de la ley aprobada en 2002 fue redactado por este grupo que debió su nombre a un pronunciamiento realizado en esta entidad.

El Grupo Oaxaca estaba integrado por representantes de tres grandes medios impresos, rivales entre sí en el mercado, pero unidos en una agenda legislativa (La Jornada, El Universal, Reforma), además de cinco académicos y juristas que, a su vez, provenían de cuatro instituciones universitarias nacionales: la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac y el ITAM.

Este fenómeno único en la historia reciente tuvo como virtud ganarle la agenda legislativa al gobierno e impulsar una reforma que hasta ahora genera grandes debates y resistencias, no sólo por parte de las instituciones públicas, sino también de los propios medios.

La agenda del derecho de acceso a la información fue el germen para que surgieran nuevas y poderosas organizaciones como Artículo 19, Fundar, así como los más recientes esfuerzos de periodismo de investigación colaborativo trasnacional como los Panama Papers o los Paradise Papers.

Del acceso a la información se ha transitado a una agenda de protección de datos personales y de privacidad que representa todo un desafío en el mundo contemporáneo del Big Data y de las redes sociales.

También se vincula esta agenda con la protección de la secrecía de las fuentes periodísticas que en los últimos años se ha visto constantemente amenazada por la doble dinámica violenta de la guerra contra el crimen organizado y los nuevos métodos de censura indirecta, a través de los concesionarios, como ocurrió con el caso de Carmen Aristegui y MVS, a partir de la revelación del caso de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, en noviembre de 2014.

 

Derechos de las Audiencias

Derivado del derecho a la información, los derechos de las audiencias son apenas una causa social reciente. Desde la Ley Televisa, aprobada en 2006, comenzó a generarse en México un movimiento incipiente entre jóvenes, académicos y especialistas para demandar el derecho de réplica, así como la distinción entre publicidad e información, tan común en los espacios mediáticos mexicanos.

El fenómeno del ascenso y la llegada al poder de Enrique Peña Nieto detonó un auténtico contrapunto juvenil. El movimiento Yo Soy 132 surgió justamente como una réplica en redes sociales a la cobertura informativa que los medios oficiosos le dieron al llamado “viernes negro” de mayo de 2012, en plena campaña presidencial, en la Universidad Iberoamericana.

El Yo Soy 132 no fue solamente un movimiento anti-Peña sino una movilización de los jóvenes universitarios para demandar la democratización de los medios de comunicación y, sobre todo, encarar a los grandes monopolios, especialmente a Televisa.

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones incorporó en el artículo 6 dos elementos fundamentales que constituyen el eje articulador de la demanda a favor de los derechos de las audiencias:

“IV.-Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión”.

En el numeral VI, el artículo 6 constitucional dejó pendiente la reglamentación de estos derechos:

“La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección”.

Los legisladores no se atrevieron a dar el siguiente paso: definir y delimitar los derechos de las audiencias, incluyendo los de las audiencias infantiles que, desde hace décadas, son regulados en la legislación secundaria.

Por supuesto que los concesionarios, especialmente los dueños de Televisa y de TV Azteca se han opuesto a toda regulación que represente poner reglas del juego claras a un negocio discrecional y opaco que mantienen con el poder público federal y con los estados. Los derechos de las audiencias entran en colisión directa con los intereses de la compra venta de espacios mediáticos e informativos.

El despido de la periodista Carmen Aristegui y de su equipo de reporteros de MVS, en marzo de 2015, generó una serie de protestas y de amparos de los radioescuchas que tuvieron como eje central no sólo la denuncia contra la censura sino la violación a los derechos de las audiencias al eliminar un espacio informativo que contaba con credibilidad.

Este episodio fue el segundo germen de la socialización de esta causa.

En abril de 2017 y en octubre del mismo año, la Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaron reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que van en contra justo del mandato constitucional a favor de los derechos de las audiencias. El pretexto fueron los lineamientos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en enero de este año. El objetivo de los concesionarios es retornar al “mercado negro” de la venta de espacios informativos y de análisis, así como consagrar la “autorregulación” como el único criterio válido.

El 25 de noviembre de este año un total de 47 senadores interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra la llamada Ley Televisa Doring, en clara referencia al diputado panista que impulsó esta contrarreforma, con el apoyo de legisladores del PRI y del Partido Verde en ambas cámaras del Congreso.