La lucha contra la corrupción en América Latina se vinculará, cada vez más, con la agenda de defensa de los derechos humanos. El principal desafío es garantizar “el principio de independencia” de las autoridades ministeriales o fiscales dedicados a combatirla y combatir la “enorme frustración” de las sociedades en este tema.

En esto coincidieron tres responsables del combate a las redes ilícitas de la corrupción en Perú, Julio César Arbizu González, de Guatemala, Osvaldo Luis Lapuente y Juan Jiménez Mayor, de Honduras, durante la conferencia realizada este viernes en la Casa Lamm para analizar los desafíos en América Latina.

El próximo año, en la Cumbre de las Américas que se realizará en Perú, el tema principal será justamente el combate a la corrupción y las experiencias en cada una de las naciones, indicó Jiménez Mayor.

Los ex fiscales y representantes de estas naciones advirtieron que la principal incidencia de la sociedad civil para combatir la corrupción debe ser a través de la prensa de investigación, la creación de observatorios de justicia criminal, así como la vigilancia en el nombramiento de los responsables.

Los tres especialistas fueron invitados por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Mexicanos en Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad, la Universidad Iberoamericana y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPHD) que organizaron este evento en la Ciudad de México.

En los casos de Guatemala y Honduras las experiencias más efectivas para combatir la corrupción han sido las instancias internacionales de la ONU y de la OEA que intervinieron para la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el caso guatemalteco, y la misión especial de la OEA contra la corrupción y la impunidad en el caso hondureño.

Osvaldo Luis Lapuente, oficial político de la CICIG relató que esta comisión comenzó a operar en 2007 porque uno de los desafíos planteados por la clase política tras la guerra civil y las dictaduras en Guatemala fue romper las redes políticas y económicas de los grupos criminales que amenazaban la transición a la democracia.

“La idea clave en el CICIG fue lograr la independencia en la investigación estratégica. En el caso de la comisión, se logró mediante la intervención externa. Hablar de la lucha contra la corrupción y la impunidad es hablar de la democratización de nuestras sociedades”, advirtió Lapuente.

En el caso de Honduras, los desafíos principales fue lograr el apoyo de la sociedad civil a la misión de la OEA tras varios “episodios de inconformidad” por distintos fallos en casos de corrupción, relató Juan Jiménez Mayor.

Julio César Arbizu González, ex procurador anticorrupción en Perú, subrayó que no se puede sólo confiar en el derecho penal para lograr el combate a la corrupción. “Le corresponde a la sociedad civil dar a conocer los actos de corrupción, así como litigar casos estratégicos”, afirmó.

Recomendó analizar la conveniencia en México de una Ley de Colaboración Eficaz que sirvió en Perú como instrumento para “desmontar a las organizaciones criminales desde adentro”, logrando negociar disminución de penas con ex integrantes de las redes ilícitas.

“Cierto, mucha gente utilizó este sistema para obtener impunidad, pero deben ser dos los criterios que debe tener una ley de este tipo: oportunidad y veracidad. Se debe tener un control judicial para verificar lo que se denuncia y que realmente revelen algo distinto a los datos que el ministerio público tiene”, aconsejó el ex fiscal peruano.

Al ser cuestionado sobre el caso Odebrecht, Arbizu González aclaró que en Perú “no se ha combatido de manera adecuada” esta trama de corrupción transnacional que ha afectado a una decena de naciones latinoamericanas.