Especialistas de diversas partes del país cuestionaron la vigencia de las leyes que sancionan la posibilidad de transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual bajo la figura de “delito por peligro de contagio” ya que tienen un impacto negativo en la sociedad y en las iniciativas que “combaten la pandemia”, de acuerdo con información publicada por Agencia Notiese.

Asimismo, reportan que una investigación de la organización civil Letra eSe arrojó que al menos 39 personas han sido procesadas entre los años 2000 y 2016 por sospecha de haber transmitido una infección de transmisión sexual y/o VIH. “La entidad con mayor número de registro de casos es Veracruz con 15; Sonora con 9; Tamaulipas y el Estado de México con 5; Chihuahua con 3; y la Ciudad de México y Nuevo León con un caso, respectivamente”, reza el comunicado.

“A escala global, 68 países mantienen leyes vigentes en la materia, siendo Rusia el que tiene mayor número de procesados por dicha causa en los últimos dos años, con 23 casos”, señaló Edwin Bernard, coordinador global de la organización HIV Justice Network, quien añadió que, hasta el día de hoy, no hay prueba científica alguna que permita detectar quien fue la persona que infectó a otra.

El periodista argumentó que el impacto que tienen estas leyes en las personas con VIH es sustantivo, ya que la ley se puede utilizar como amenaza, abuso o represalia, ocasionando investigaciones policiales inapropiadas, y generando sentencias desproporcionadas, así como información mediática estigmatizadora que obstaculiza las labores de prevención del VIH.

Agencia Notiese detalla que, en el año 2015, la cámara de diputados del congreso de Veracruz  aprobó una reforma al Código Penal local con el fin de agregar al delito “del contagio” el término “infecciones de transmisión sexual” (ITS), entre las que se encuentran el VIH y el VPH, para “tratar de prevenir la transmisión de dichas infecciones, principalmente a las mujeres y las niñas que se encuentren en condición de vulnerabilidad”, con una  pena contemplada es de seis meses a cinco años de prisión y multa de hasta 50 días de salario mínimo para quien “dolosamente” infecte a otra persona de alguna ITS.

Por esta razón, integrantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre los que se encuentra el Grupo Multisectorial en VIH/SIDA e ITS del estado de Veracruz,  solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la interposición de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “la cual, a dos años de haber sido ingresada al máximo tribunal, aún no ha sido estudiada ni discutida”, mencionan.

Patricia Ponce, integrante del Grupo, expresó que si en la Corte no se logra revocar la modificación al  código penal veracruzano podría generarse una “desbandada” para aprobar leyes y reformas que criminalicen al VIH.

“En San Luis Potosí, el gobernador, Juan Manuel Carreras López, propuso una serie de reformas al Código Penal entre las que incluyó la creación del artículo 182 bis, para sancionar a ‘la persona que a sabiendas de que es portadora de una enfermedad de transmisión sexual u otra enfermedad grave en periodo infectante ponga en peligro de contagio la salud de otra persona por medio de relaciones sexuales u otro medio transmisible’, petición que, al final, fue rechazada”, retoma Agencia Notisiese.

Según Alberto Macías Narváez integrante de Amigos Potosinos en Lucha contra el Sida, la medida fue presentada como una política pública a favor de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer cuando, en realidad, pudo haber derivado en una disminución de la detectabilidad del virus y generar temor entre la población en general.

“En Quintana Roo, el próximo 20 de octubre se discutirá una propuesta de reforma al artículo 113 del código penal local, presentada por la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Laura Beristaín, que busca sancionar hasta con 25 años de cárcel a quien transmita el VIH”, expresa el comunicado.

A su vez, Edgar Mora del Círculo Social Igualitario de Quintana Roo, dijo que modificación al artículo en cuestión provocará que el “delito por peligro de contagio”, sancionado con de seis meses a un año de prisión, que alcanzaba fianza, se convierta en un delito grave que siempre amerite prisión.

Para Sean Strub, director ejecutivo de Sero Project, la aprobación de este tipo de leyes indica que las personas con VIH representan una “subclase”, como un grupo de ciudadano con menos derechos que los demás. “Externó que la idea de sancionar a quienes transmiten el VIH ha ido en aumento e incluso se le ve como una medida positiva en contra de la pandemia cuando, en realidad, es una acción en detrimento de las labores de prevención”, indican.