Publicado originalmente en Mediatelecom

En las mesas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuya segunda ronda concluyó ayer en la Ciudad de México, el gobierno de Estados Unidos cuestionó la falta de un órgano regulador “independiente” en el sector telecomunicaciones en México y, sin mencionar por su nombre al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pide al gobierno mexicano que promueva “una regulación transparente y un regulador independiente” para la competitividad y facilitar la entrada de empresas al mercado de telecomunicaciones.

La falta de confianza de la delegación estadounidense en la operación independiente de un órgano como el IFT, que según las leyes mexicanas es “autónomo y constitucional”, está contenida en el capítulo Buenas Prácticas Regulatorias del documento Resumen de Objetivos de la Renegociación del NAFTA, elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, y la Oficina Ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump.

Una copia en inglés de ese documento, fechada el pasado 17 de julio, y presentada por la delegación estadounidense en la rondas de negociación, enlista las prácticas regulatorias que a juicio del gobierno estadounidense deben “facilitar el acceso a los mercados y promover gran compatibilidad entre las regulaciones de Estados Unidos, México y Canadá”. El objetivo, dice el texto, es regular el comercio en servicios, incluidos las telecomunicaciones y los servicios financieros, y evitar prácticas y reglas que eviten la discriminación a proveedores extranjeros de servicios y restricciones al número de proveedores de esos servicios en el mercado.

Es ahí donde, al referirse específicamente al sector de telecomunicaciones, la delegación de Estados Unidos pone en entredicho que en México exista un órgano “independiente” del gobierno en su actuación. Sin tomar en cuenta la supuesta “autonomía” del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pide “facilitar el acceso a los mercados (de comunicaciones) con regulación transparente y con un órgano regulador independiente”. También menciona la necesidad de que México y Canadá garanticen “compromisos seguros para proveer un razonable acceso a las redes a todos los proveedores de telecomunicaciones a través de la interconexión y facilidades físicas de acceso a bajos costos”, eso en una clara alusión a la “tarifa cero” que deberá definir precisamente el cuestionado IFT.

Es decir, que los cuestionamientos a la falta de “independencia y autonomía” del IFT, por sus cercanos vínculos con el gobierno de Peña Nieto —documentados al actual presidente, Gabriel Contreras, a quien el gobierno quiere ratificar en el cargo— son tan reales, que no son sólo una queja de empresas del sector o de organizaciones de la sociedad civil, que piden un “proceso abierto, transparente y participativo” al Senado, que elige nuevo presidente del IFT la próxima semana. La percepción de falta de independencia de ese instituto es tan fuerte, que trasciende fronteras y es incluso tema en las mesas de renegociación del TLC.