Publicado originalmente en SinEmbargo.

Hace un par de semanas, el juez Guillermo Campos Osorio dictó sentencia sobre el juicio que MVS inició en contra de Carmen Aristegui por un supuesto incumplimiento del contrato que tenía firmado con la periodista y que le llevó a suspender el noticiario que ésta tenía al aire.

MVS argumentó en su momento que la periodista explotó ilegalmente las marcas de la empresa al utilizar su logotipo en la plataforma México Leaks, que infringió sus obligaciones contractuales y que de alguna manera chantajeó al grupo radiofónico al reclamar el despido injustificado de los periodistas Daniel Lizárraga e Irving Huerta, dos de los autores del reportaje de “La casa blanca de Peña Nieto”. En consecuencia, MVS reclamó los daños y su reparación material.

De acuerdo con la versión del abogado Xavier Cortina, del despacho Quijano, Cortina y De la Torre, que defiende a Carmen Aristegui, ninguna de las pruebas ni argumentos expuestos por MVS tuvo éxito.

Por el contrario, la resolución sentencia que “a la empresa de Joaquín Vargas Guajardo no le asistía razón ni derecho alguno para interrumpir o terminar el programa de radio Noticias MVS Primera Emisión transmitido a nivel nacional durante más de seis años, bajo la dirección y conducción de Aristegui, hasta el 15 de marzo de 2015, fecha en la que indebida e ilegalmente se le impidió -a ella y todo su equipo- seguir realizando sus tareas periodísticas”.

La empresa tampoco pudo lograr que Carmen Aristegui pagara los daños que le reclamaba por el incumplimiento del contrato y los actos ilegales en los que supuestamente habría incurrido.

Pese al revés, MVS vio la resolución como una victoria.

En un comunicado afirma que se declaró “legalmente terminado el contrato con la periodista para la conducción del programa radiofónico”, que “el juez no impone pago de indemnización alguna a favor de la periodista, y que con este fallo se reconoce “el derecho que le asiste a toda empresa concesionaria de radiodifusión para terminar el contrato con sus colaboradores, lo que confirma que dichas empresas no actúan como autoridades y por lo mismo no violan derechos humanos al dar por terminada una relación contractual”.

Por supuesto, como ambos actores reconocen, la sentencia podrá ser apelada, lo que muy probablemente ocurrirá.

El mismo abogado Xavier Cortina dijo en su comunicado que MVS “ahora tendrá que enfrentar las diversas consecuencias de su ilegal actuación” y que es posible que la controversia llegue a la Suprema Corte de Justicia, una vez que el Tribunal resuelva la apelación. Podrían ser entonces los ministros los que analicen el caso, pero para ello deberán considerar otros juicios relacionados, como los amparos presentados por miles de radioescuchas por la salida del aire del noticiario y por la misma periodista en cuanto a la vulneración de su libertad de expresión.

La historia, como se aprecia, continuará, no sólo en cuanto a este juicio, sino a otros que promovió la empresa en contra de Carmen Aristegui, específicamente en cuanto a la explotación supuestamente ilegal de los contenidos que se generaban en Noticias MVS al ser incorporados en el sitio Aristegui Noticias. También, como se sabe, hay una demanda por daño moral del presidente de MVS Comunicaciones, Joaquín Vargas, en contra de la periodista por sus afirmaciones en el prólogo del libro sobre “La casa blanca de Peña Nieto”.

Lo que sucede con estos juicios es de fundamental relevancia no sólo para el futuro de una periodista, sino para el ejercicio periodístico en México en muy diversos ámbitos: el derecho a la la libertad de expresión en un medio de comunicación que explota frecuencias del espectro radioeléctrico, los derechos laborales de los periodistas, los derechos de las audiencias, el derecho a la información plural y diversa, las atribuciones y responsabilidades de los órganos garantes de estos derechos fundamentales, entre otros. Es decir, estamos frente a un caso que no tiene implicaciones particulares, sino que impactan al gremio periodístico y a la sociedad.

Es difícil por ahora hacer un balance sobre los triunfos y derrotas legales de Carmen Aristegui frente a MVS en tanto no haya sentencias definitivas, pero resulta poco alentador advertir que estos juicios sólo visibilizan la enorme vulnerabilidad de las y los periodistas frente a los despidos o suspensiones por situaciones que escapan de lo estrictamente laboral, la terminación anticipada de contratos por razones injustificadas, los extenuantes y abrumadores que pueden ser los juicios iniciados en su contra y los recursos económicos necesarios para la defensa de sus derechos.

Si a todo esto se suman los asesinatos, las agresiones físicas y las amenazas a quienes ejercen el periodismo crítico e independiente, el escenario es todavía más lamentable. De ahí que la autocensura y la censura se imponen en el gremio periodístico, más aun entre quienes cuentan con menores recursos o posibilidades para afrontar estas embestidas. Su afectación al derecho a la información y al abatimiento de la corrupción o los excesos en el ejercicio del poder es enorme, lo mismo que a la consolidación de la democracia.

A pesar de las adversidades, hay periodistas que han continuado con su labor, con los riesgos que ello implica. Como lo ha dicho la directora de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, han sido las y los periodistas los que han revelado hechos que han marcado esta administración como “la casa blanca”, la corrupción de Javier Duarte y otros exgobernadores y gobernadores, la infiltración de la delincuencia organizada en estructuras del gobierno, el espionaje a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, y otros. Sin estas aportaciones periodísticas, el daño al país sería mayor. Por eso reitero: lo que suceda con los juicios en torno de Carmen Aristegui, afectará directa o indirectamente la correlación de fuerzas entre el periodismo, la sociedad, los medios y el poder, así como en el avance o retroceso en los derechos de expresión, de información y de las audiencias.

DOS AÑOS. Justo ayer se cumplieron dos años de los feminicidios de Nadia Vera, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martin, y el homicido de Rubén Espinosa, en la colonia Narvarte. Sus familiares llevaron a cabo diversos actos para exigir justicia y conocer la verdad. Denunciaron que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha sido omisa e irresponsable al llevar a cabo las investigaciones de los crímenes, lo que ha derivado en una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que tampoco ha tenido una respuesta satisfactoria. El jefe de Gobierno de esta capital, Miguel Ángel Mancera, que aspira a la candidatura presidencial, no puede ni debe deslindarse de los señalamientos que se han hecho a funcionarios de su administración sobre la violación a los derechos humanos en este caso.

Twitter: @telecomymedios