Dolia Estevez, colaboradora de Forbes, dice que tres años después de que una mina perteneciente a Grupo México provocó «el peor desastre ecológico de la historia mexicana”, la empresa propiedad de la segunda persona más rica de México, el alemán Larrea Mota Velasco, “no cumplió sus obligaciones con las víctimas”. A raíz de esto la ONU emitió un comunicado donde señala que “la empresa tiene la obligación  de respetar los derechos humanos”.

«Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos independientemente de las capacidades y/o la voluntad de los Estados de cumplir con sus propias obligaciones de derechos humanos», expresó la ONU después de que un grupo de trabajo especial visitó México para revisar cómo las prácticas comerciales afectan los derechos humanos.

Los hechos que perjudicaron a cerca de 250 mil personas iniciaron en agosto del año 2014, cuando la empresa Buenavista del Cobre (empresa filial a Grupo México) derramó 40 millones de metros cúbicos de sulfato de cobre y metales pesados en los ríos de Sonora y Bacanuchi.  Un mes después Grupo México asumió la responsabilidad del derrame. “ El accidente fue producto de una tubería defectuosa. Lamentamos la tragedia”, dijeron en un comunicado.

“Las autoridades ambientales federales mexicanas encontraron 55 irregularidades en las actividades de Buenavista del Cobre. Grupo México fue multado con 23 millones de pesos (aproximadamente 1,8 millones de dólares) y acordó contribuir a un fondo fiduciario de 2 mil millones de pesos (aproximadamente 154 millones de dólares) para reparación y compensación por daños económicos y ambientales y problemas de salud causados ​​en las comunidades afectadas”, detalla Estevez en su artículo.

Una ola de denuncias derivó en que Grupo México se comprometiera a tomar una serie de medidas, incluyendo la instalación de 28 plantas de tratamiento de agua con tecnología para filtrar metales pesados y la construcción de una clínica para tratar la salud de los habitantes afectados.

La ONU denuncia que tres años después del suceso (que generó el cierre de escuelas así como de 322 pozos) solamente ha sido construida “una sola de las 28 plantas prometidas”, la cual no es “totalmente funcional”.

“Durante su visita al sitio, el Grupo de Trabajo de la ONU también confirmó que la clínica de salud nunca había sido completada. El financiamiento para el hospital provenía del fideicomiso. Al menos 360 personas han sido identificadas con problemas de salud causados ​​por el derrame. Se suponía que la clínica prestaría servicios a las víctimas e identificaría a otras durante el transcurso de 25 años”, menciona Estevez.

«En su comunicado, el Grupo de Trabajo de la ONU recalca que la Procuraduría Federal para la Protección del Medio Ambiente presentó una denuncia penal, pero que «la Procuraduría General de la República de México no la siguió».