En una franca violación a la Constitución, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a las leyes que protegen los datos personales y a muchas otras más, dependencias como la PGR, la Secretaría de la Defensa o el CISEN de la Secretaría de Gobernación destinó cerca de 80 millones de dólares para “infectar” con un malware conocido como Pegasus las comunicaciones en teléfonos inteligentes de periodistas como Carmen Aristegui o Carlos Loret de Mola, a defensores de derechos humanos, a abogados que asesoran a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

Así lo reveló este lunes un amplio reportaje publicado en primera plana en The New York Times que reveló que el equipo cibernético para espionaje conocido como Pegasus fue adquirido en el 2011 por el gobierno de México a la empresa de Israel NSO Group que se defendió señalando que “se utilizaría únicamente para combatir a terroristas, a cárteles de las drogas y a grupos criminales que por mucho tiempo han secuestrado y asesinado a mexicanos”.

Esto no ocurrió así. Según la investigación publicada en The New York Times, “los blancos del espionaje incluyen a los abogados que investigan la desaparición masiva de 43 estudiantes (Ayotizinapa), un académico altamente respetado que ayudó a escribir la legislación anticorrupción, a dos periodistas influyentes y a un abogado estadounidense que representa a las víctimas de abuso sexual por parte de policías”.

Una de las espiadas es la periodista Carmen Aristegui y su hijo Emilio, a quien interceptaron en sus aparatos de telefonía, a pesar de ser menor de edad. En su emisión de Aristegui Noticias, la conductora afirmó que este hecho le genera una molestia.

“¿Hasta dónde llega Enrique Peña Nieto para atacar a periodistas en México? Señor presidente, estamos a la espera de que explique todo esto”, afirmó Aristegui. La periodista vinculó claramente este espionaje al reportaje de la Casa Blanca, publicado en noviembre de 2014.

También fue sujeta de espionaje una ciudadana norteamericana del Centro Miguel Agustín Pro.

La investigación realizada por Artículo 19, la Red de Defensa de los Derechos Digitales, Social Tic, con asesoría del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, revela que se trata de un mecanismo intrusivo en los teléfonos celulares, denominado malware Pegasus, que fue desarrollado por la empresa israelí NSO Group que sólo es vendido a gobiernos y cuyo costo es exorbitante. Por espiar a los críticos a sus críticos y no a los criminales, el gobierno de Peña Nieto ha invertido más de 80 millones de dólares.

El mecanismo permite que el teléfono sea infectado sólo con un mensaje SMS y se activan cámaras y micrófonos para seguir fotos, contactos, agendas, passwords, aplicaciones y hasta correos electrónicos. Según The New York Times cada infección exitosa puede costar alrededor de 77 mil dólares. Se trata del sistema de espionaje más invasivo del mundo, costoso, ilegal y completamente discrecional.

La práctica documentada por estas organizaciones constituye una violación abierta a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que prohíbe expresamente el espionaje si no es con una orden judicial clara. Viola también la protección de datos personales. Viola los derechos elementales de los ciudadanos mexicanos.