Sofistas defensores de la mentira, embaucadores de venenosa floritura argumentativa. Indignos de la racionalidad legislativa, abogados parlamentarios de los derechos empresariales e irremediables desmanteladores de lo institucional. Privilegian la manipulación a la construcción. Porfían, no debaten. La insidia y la amenaza sutil argumentan sus intereses. Denostan y ocultan la verdad. Son estrategas de la lisonja y ganadores de la confusión. Felicidades, ya los conocemos y sabemos qué defienden.

Los sofistas modernos, como los diputados Lía Limón y Federico Döring, lideran contrarreformas. Con el espléndido anzuelo del párrafo III del artículo 256 que obligaba a diferenciar información noticiosa de opinión, diversos partidos y medios exacerbaron a sus conductores, analistas y legisladores, para que en realidad defendieran el desmantelamiento de las facultades del IFT en materia de derecho de las audiencias y vaciar el contenido moral de sus defensores de las audiencias.

Pero escondida estaba la verdadera causa, la posibilidad de vender publicidad e incrementar el modelo de negocio de los concesionarios. Dice el artículo 6 de la Constitución: «Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión».

El nuevo párrafo IV del artículo 256 de la contrarreforma indica «que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad y propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Se entenderá que se transmite publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa, cuando un concesionario inserta dentro de su programación informativa un análisis o comentario cuyo tiempo de transmisión ha sido contratado por un anunciante, sin que tal circunstancia se haga del conocimiento de la audiencia». Hasta aquí todo bien con la iniciativa, pero abunda y vuelve transparente su intención: «En su Código de Ética, los concesionarios señalarán los elementos y prácticas que observarán para prevenir y evitar incurrir en la prohibición a que se refiere esta fracción». ¿Quién hace los Códigos de Ética? Lo resuelve el nuevo párrafo XI: los concesionarios deberán contar con un Código de Ética bajo un principio de autorregulación que definirá la actuación del defensor de las audiencias, los principios rectores que se compromete a respetar a su audiencia y será libremente emitido por cada concesionario.

En pocas palabras, salen con licencia para matar, porque no hay autoridad, no hay sanción y ellos hacen la norma para las audiencias. Ellos deciden ser buenos, cumplir la ley y definirán los alcances de esa expresión.

La libertad de expresión de los concesionarios no es superior al derecho a la información de los ciudadanos a recibir información veraz y objetiva, que no se garantiza con la autorregulación. Hay una desproporción en el ejercicio de ambos derechos porque ganan los concesionarios sobre las audiencias. Ellos emiten la información y tienen derecho a confundir publicidad con información.

Hay una violación al principio constitucional de prohibir la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, ya que la misma se condiciona para su ejecución a su vinculación al código de ética elaborado por el concesionario y éste no es supervisado. El costo por violar la Constitución no existe, ni legal ni económicamente. Esta conducta es una invitación a cometer actos de corrupción entre partidos y concesionarios.

Al IFT le quitan la facultad sancionadora en materia de transmisiones (suspensión precautoria), eliminan su proceso de ejecución y le quitan la atribución de elaborar lineamientos para la defensa de audiencias. En pocas palabras, que no tenga nada que ver con los concesionarios.

El IFT es una espléndida institución, autónoma, técnica y de buena fe. Respetada internacionalmente, de vanguardia y ahora manchada con analogías populistas que sospechan de ataques a la libertad de expresión como Venezuela. Al insinuar el posible ataque a la libertad de expresión del IFT, justifican el bombardeo al derecho a la información de la sociedad; al generar suspicacia en el IFT, dañan el sistema de información y opinión pública que da vida a nuestra democracia; al tomar la decisión y ataque táctico al IFT, se arrogan el populismo que critican y que secuestra nuestras libertades informativas.

Como en los mejores momentos de la argumentación sofista, el discurso de la diputada Limón defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, restringiéndolos, acotando el derecho de las audiencias y liberando la radiodifusión de la fuerza moral de los defensores, sus códigos deontológicos y la tutela del IFT. Seguiremos viendo editoriales pagadas; y en periodo electoral, la venta de opinión volverá mercancía la información.

Con la excusa de mejorar la ley y generar un clima jurídico que proteja la libertad de expresión de comunicadores y concesionarios se aprobó una reforma que privilegia la más repudiada de las conductas públicas, la corrupción. No se legisla para el ciudadano sino para los intereses políticos y empresariales.

 

Twitter: @fernegretep

Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)