Reportaje originalmente publicado en la revista Proceso 2113.

Representantes y especialistas de 16 organizaciones civiles dedicadas al derecho a la información realizaron entre el 25 y 27 de abril un último intento para frenar la aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados del dictamen de reformas a 10 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que benefician ampliamente a los concesionarios y mutila atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Buscaron al coordinador de los 109 diputados federales de la bancada del PAN, Marko Cortés Mendoza. Le expresaron sus argumentos, cuestionaron que el legislador y vicecoordinador Federico Döring haya presentado la iniciativa que fue aprobada sin debate alguno en la Comisión de Radio y Televisión, el 5 de abril pasado, y le hicieron ver que violaba el artículo 6 constitucional que prohíbe expresamente “la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”.

-Sólo sabemos que es una orden de Ricardo Anaya –atajó Marko Cortés.

Muchos legisladores del PAN que se oponían a que su voto se sumara a los del PRI y a los del Partido Verde hicieron un intenso cabildeo para frenar la llamada Ley Televisa Döring. Intervinieron personajes como el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, cercano a Anaya, la ex secretaria del PAN y actual diputada federal, Cecilia Romero, entre otros. Fue inútil. Distintos testimonios recabados por Proceso señalaron que la respuesta fue la misma “la orden viene directamente de Anaya”.

El dirigente nacional del PAN, precandidato a la presidencia de la República e involucrado en la campaña de Josefina Vázquez Mota a la gubernatura del Estado de México guardó silencio. No recibió las llamadas de los dirigentes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), ni de la Asociación Mexicana de Defensorías de la Audiencia (AMDA) ni de la Asociación Mundial de Radios Comuntarias (AMARC).

Estas organizaciones, junto con otras 11 que incluyeron a Artículo 19, Obervatel y Fundar, leyeron en San Lázaro un comunicado para exponer su oposición a lo que llamaron “un albazo” legislativo.

“Esta contrarreforma se hace con la anuencia de los dirigentes de los partidos mencionados en vísperas de importantes procesos electorales del país, con lo cual se hace evidente que dichos partidos y sus representantes en el Congreso están vendiendo los derechos de la sociedad mexicana a cambio de los favores de las televisoras y grupos de radio comerciales, otorgándoles a particulares privilegios indebidos y en contra del interés común”, sentenciaron las organizaciones al final de su comunicado.

El coordinador de los 207 diputados federales priistas, César Camacho, astutamente se escabulló. Cuando fue cuestionado por la prensa en la Cámara de Diputados sólo dijo que escucharan las posiciones que se darían en el pleno.

Del lado priista, la orden venía de muy arriba y era muy clara: votar a favor de este dictamen. El consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, cabildeó intensamente para que antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones, se aprobara esta reforma también en el Senado de la República. El senador panista Roberto Gil Zuarth se unió en esta presión, pero sólo consiguieron aprobarla en la Cámara de Diputados.

Castillejos fue el artífice de una controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia por la propia presidencia de la República para determinar si el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene las atribuciones necesarias para regular y sancionar a los concesionarios de radio y televisión en materia de derechos de las audiencias. También el Senado de la República presentó otra controversia, firmada por el presidente de la Mesa Directia, Pablo Escudero, del Partido Verde, y apoyada por el PRI y algunos legisladores del PAN.

El resultado del “albazo” legislativo y del pacto entre Anaya y las televisoras fue que ocho diputados federales del PAN votaron en contra, en lo general, y seis se abstuvieron. La votación fue 288 votos a favor, 114 en contra y 10 abstenciones.

Los panistas que sumaron su voto en contra, junto con los del PRD, Morena, y Movimiento Ciudadano fueron Jorge López Martín, vicecoordinador de difusión, Eloísa Talavera Hernández, vicecoordinadora de proceso legislativo, así como los legisladores Mayra Angélica Enríquez, Patricia García, Wenceslao Martín Santos, Luis Fernando Mesta Soulé, Angélica Moya Martín, y Gerardo Federico Salas Díaz.

A varios de los legisladores panistas se les prometió que durante la discusión, en lo particular, se haría un cambio al artículo 311 para precisar las sanciones que el IFT puede aplicar, en especial, el “espoteo simulado”, como lo argumentó el diputado Jorge Triana.

“Hay tres supuestos en donde puede haber una sanción por parte del IFT: no contar con el Código de Etica, no registrarlo debidamente, no contar con su defensor respectivo de las audiencias y esta tercera que es el espoteo simulado”, afirmó Triana, al referirse a la venta de publicidad disfrazada de información.

La aplanadora del PRI y del Verde se opuso a esta modificación. En lo particular, hubo más votos en contra, provenientes de la bancada del PAN: 192, frente a 208 a favor y 9 abstenciones.