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La empresa de Azcárraga Jean afirmó en su comunicado del 2 de marzo que “de haber tenido poder Grupo Televisa poder sustancial como resolvió el IFT, los competidores no harían sido capaces de crecer en número de suscriptores y participación de mercado”.

Televisa reprochó que los propios reportes trimestrales del IFT dan cuenta de que sus principales competidores como Megacable, Dish y “otros” crecieron en el mercado, mientras que las compañías de Televisa disminuyó 7 puntos entre 2014 y 2016 al pasar del 64 por ciento del total de los suscriptores a tener 57.15 por ciento.

“Televisa no mencionó que el origen de la declaración de poder sustancial se guió bajo las reglas de la Ley Federal de Competencia Económica y no de la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones”, apuntó el especialista Ramiro Tovar Landa.

La declaración de mercado relevante o poder sustancial debe tomar en cuenta la sustitución entre los bienes o servicios y, en el caso de la televisión restringida, el IFT lo tomó desde el lado de la demanda de los suscriptores, y cómo ven el servicio, de acuerdo a la comisionada María Elena Estavillo, en declaraciones realizadas al periódico El Universal.

En su comunicado, el IFT determinó que el poder sustancial de Televisa se mide tanto en las plataformas satelitales “sin capacidad de prestar servicio con cobertura nacional, pero sin la capacidad de prestar servicios convergentes de telecomunicaciones”, como en las “plataformas fijas” (televisión por cable), “con capacidad de extender su cobertura en menores escalas geográficas y con capacidad de prestar servicios convergentes de telecomunicaciones”, es decir, de ofrecer el triple play (telefonía, internet y televisión).

El IFT afirmó que en el periodo analizado (2009-2014), Grupo Televisa “es el único participante en el mercado que opera los dos tipos de plataformas, y tiene los derechos y es productor de contenidos audiovisuales de gran valor para las audiencias que no están disponibles para sus competidores en las mismas condiciones”.

También afirmó el organismo regulador que en el mismo periodo “hubo esfuerzos de competidores para ganar participaciones en el mercado, pero Grupo Televisa tuvo la capacidad de contrarrestar esos esfuerzos sin perder participaciones en el mercado”.

El IFT también identificó “significativas barreras a la entrada” de competidores, debido, entre otros factores, a los requerimientos de inversión en infraestructura, acceso a contenidos audiovisuales y publicidad.

Televisa advirtió en su comunicado de dos páginas que revisará “con sumo cuidado” las 467 hojas de la resolución original del IFT que es “inconstitucional” y “no cumple con los lineamientos del Tribunal Colegiado”. Televisa anuncia que “promoverá los medios de defensa a su alcance”.

Antecedentes del conflicto

El origen de esta disputa radicó en la misma reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El Senado aprobó, de última hora, un artículo octavo transitorio que fue bautizado por el panista Javier Corral como “cláusula Cablecom” porque le permitía a Televisa seguir adquiriendo empresas de televisión por cable, sin importar que ya tuviera más del 50 por ciento del mercado.

La “claúsula Cablecom” generó un intenso debate en las comisiones y en el pleno del Senado. Para aminorar el impacto de esa decisión se aprobó otro artículo transitorio, el 39 que ordena la revisión del agente con poder sustancial en el mercado de televisión restringida y ordenar reglas específicas o medidas asimétricas para aminorar las barreras de entrada a la competencia.

El 12 de septiembre de 2014 el IFT hizo una primera revisión de la participación de Grupo Televisa y ordenó una investigación de 2009 a 2014, cuyos resultados se dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2015. El estudio determinó que las subsidiarias de Grupo Televisa tenían poder sustancial en 2,124 municipios, más del 80 por ciento del total.

Una vez que se incluyeron los alegatos de Grupo Televisa, que defendió ante el IFT que debían incluir también a las llamadas compañías Over the Top (OTT), como son Netflix, Claro Video y otras empresas que dan servicio de televisión online, el pleno del organismo resolvió el 30 de septiembre de 2015 que “no se tenían elementos de convicción” para determinar que la compañía tenía poder sustancial.

Televisora del Valle de México (el canal Proyecto 40), perteneciente a TV Azteca, promovió un primer amparo en contra de la resolución del IFT. Se le negó el amparo y los abogados de Ricardo Salinas Pliego interpusieron un recurso de revisión que fue resuelto favorablemente el pasado 19 de enero de 2017 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Este tribunal, por unanimidad de sus tres magistrados, le ordenó al IFT revocar la resolución del 30 de septiembre de 2015 y que, en su lugar, emitiera otra “que analizara el mercado únicamente en el periodo inmediato anterior a la fecha en la que el artículo transitorio 39 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) le ordenó iniciar”, es decir, antes del 12 de septiembre de 2014.

El tribunal consideró ilegal que la primera decisión el pleno del IFT tomara en cuenta datos o evidencias posteriores a dicha fecha.

El profesor Tovar Landa recordó que en septiembre de 2015, a través de los comisionados Cuevas y Estrada, Televisa “agregó el argumento salvador de las OTT’s” que no estaban en la investigación original.