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Frente a estas anomalías, la ASF describió un panorama desolador para los próximos 30 años en el Valle de México debido a la creciente demanda y a la escasez del recurso hídrico que ocasionará “no sólo hundimientos y deslaves en las zonas pobladas, sino también un riesgo para la salud humana, la preservación del medio ambiente y el desarrollo social y económico de la región”.

En otras cuencas y obras hidráulicas, la ASF detectó erogaciones superiores en 17.6 por ciento a lo presupuestado como fue en el caso dela misma cuenca del Valle de México; “pagos en demasía” por 1 mil 187 millones de pesos a los contratistas de la construcción del Túnel Emisor Poniente II en el Estado de México; anomalías por más de 145 millones de pesos en las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, especialmente en los 15 contratos firmados con CONAGUA para los trabajos hidráulicos de los suelos donde se construirá el aérodromo, así como varios conflictos sociales derivados de la mala gestión en la privatización del agua, como ha ocurrido en Baja California.

Concesiones a privados con déficit de agua

La administración de CONAGUA descansa sobre 13 regiones hídricas que cuentan con organismos de cuenca y un consejo técnico: la Península de Baja California; la región Noroeste (Sonora); Pacífico Norte (Sinaloa); la cuenca del Río Balsas; Pacífico Sur (Guerrero y Oaxaca); Río Bravo; Cuencas Centrales del norte; Lerma-Santiago-Pacífico; Golfo Norte (Veracruz); Golfo Centro (Veracruz); Frontera Sur (Tabasco y Chiapas); Península de Yucatán; y Valle de México.

Las irregularidades en cada uno de estos organismos son múltiples. La ASF identificó que al menos en Valle de México, en las dos cuencas de Veracruz, en Tabasco y Chiapas y en la cuenca del Río Bravo no establecieron objetivos específicos en materia de seguridad nacional ni acciones en la materia. Los consejos de Cuenca Río Balsas, Lerma-Chapala; Costa Pacífico Centro y la Península de Yucatán ni siquiera sesionaron.

De las 731 cuencas hidrológicas que existen y los 653 acuíferos, 102 fueron identificados con déficit de disponibilidad media anual de agua. El negocio de la privatización del agua está descrito de esta manera:

De las 1,206 concesiones para aprovechamiento de las aguas superficiales otorgadas, el 4.1 por ciento (50) se otorgó en cuencas con déficit, mientras que de los 653 acuíferos, el 31.2 por ciento (204) tiene déficit y de las 8,087 concesiones para el uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas otorgadas en 2015, el 13.5 por ciento (1,091) se autorizó con cuencas con déficit, lo que representó 2.9 por ciento de los 4 mil 855 millones de metros cúbicos concesionados en 2015.

Para la ASF esto significa que ni CONAGUA ni los 13 organismos de cuenca que concesionaron las aguas superficiales y subterráneas se aseguraron que existiera “la disponibilidad de las cuencas y acuíferos del país, lo que no contribuyó a preservar el vital líquido”.

La Auditoría también identificó la existencia de 7 conflictos relacionados con el agua y su privatización en 5 regiones hidrológico-administrativas: 3 en la Noroeste, 1 en la cuenca del Balsas, 1 en Lerma-Santiago-Pacífico, y 1 en el Valle de México. De estos siete conflictos 4 se encuentran activos en 2015 “sin que la CONAGUA ni los organismos de cuenca actuaran como conciliadores o árbitros para la solución de esos conflictos”.

Estos 4 conflictos vigentes en 2015 eran los del Acueducto Independencia, la contaminación del Río Bacanuchi, Monterrey VI y la presa El Zapotillo, en Jalisco. En 2015 aún no explotaba el conflicto que se ha generado en Mexicali por la construcción de un acueducto y la concesión de parte de esa agua a la empresa extranjera Constellation Brands (ver Proceso Nos. 2101 y 2103).

Túnel Emisor Poniente en Estado de México

La ASF auditó el 88.5 por ciento de los 475 millones de del presupuesto ejercido para el Túnel Emisor Poniente II localizado en el Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo, una obra destinada a mitigar las inundaciones en la zona norponiente del Valle de México, que debió concluirse en el 2012, pero que hasta diciembre de 2016 tenía un avance menor al 70 por ciento y se prevé concluir en agosto de 2018.

El contrato de obra pública se pactó con las empresas Construcciones ALDESEM S.A. de C.V., PROACON México S.A. de C.V. y Regiomontana de Construcción y Servicios S.A.P.I por un monto de 1 mil 795 millones 554 mil pesos en un plazo comprendido del 13 de enero de 2014 al 13 de abril de 2017.

La ASF determinó en su dictamen tres “pagos improcedentes” por 743 mil pesos; por 2 millones 343 mil pesos y 3 millones 170 mil pesos por pago de maquinaria con características y rendimientos menores a lo pactado, más asustes de costos fuera del periodo de lo programado.