En menos de tres días la Constitución de la Ciudad de México provocó una acción concertada de laProcuraduría General de la República (PGR), la presidencia de la República, el Senado y hasta laComisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que presentaron sendos recursos de anticonstitucionalidad para litigar ante la Suprema Corte de Justicia un total de casi 50 artículos considerados violatorios a la Constitución federal.

Apenas el viernes 10 de marzo, el máximo tribunal del país admitió 4 de los 7 recursos de inconstitucionalidad promovidos por la PGR, la CNDH, y los partidos Morena y Nueva Alianza. Pero también interpusieron recursos la Conserjería Jurídica de Los Pinos, el Tribunal Superior de Justicia capitalino y el abogado Javier Quijano, ex diputado constituyente.

Hay alegatos de todo tipo en estos recursos, pero llama la atención el litigio interpuesto por la PGR. El abogado de la nación, el procurador Raúl Cervantes Andrade, presentó 39 conceptos de invalidez de la Constitución de la Ciudad de México, especialmente en las materias que constituyeron un avance en el texto fundamental: las garantías de asociación, identidad, no discriminación e igualdad, libertad religiosa, secreto profesional, la figura del Parlamento Metropolitano, el Consejo de la Judicatura y la revocación de mandato, entre otros puntos.

Frente a esta situación, legisladores como Dolores Padierna y Santiago Creel, que participaron en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, interpusieron un amicus curiae, figura jurídica para intervenir como terceros interesados en el litigio ante la Suprema Corte de Justicia.

A través de este instrumento jurídico buscan aportar a la Suprema Corte los elementos indispensables para defender no sólo la constitucionalidad, sino el carácter progresivo de los derechos aprobados en la Constitución de la Ciudad de México.

En entrevista con el periódico Reforma, Porfirio Muñoz Ledo, uno de los principales redactores de la Constitución capitalina, afirmó que esta acción concertada de instituciones federales constituye “un golpe de mano en la mesa”.

Muñoz Ledo explicó que uno de los temas que más ha sido impugnado es la integración del Consejo de la Judicatura y el recién creado Consejo Judicial Ciudadano. “Nosotros planteamos un nuevo Poder Judicial en México haciendo participar a los ciudadanos, creando la función judicial como un conjunto tendiente a la disolución de los cacicazgos”.

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera también salió a defender el documento y señaló que “nadie puede quitar a la capital su Carta Magna”, mientras que Alejandro Encinas, expresidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente acusó a la PGR de constituirse en “El Torquemada de la Santa Inquisición”.

Van a pasar varios meses hasta que el ministro ponente, Javier Laynez Potizek, presente su proyecto de sentencia al pleno de la Sala Superior.

Si algo positivo traen estos litigios es que permitirá que los propios capitalinos y todos los mexicanos conozcamos más sobre los derechos y las obligaciones estipulados en este documento fundamental.