La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció el pasado domingo que interpondrá una demanda por “daño moral” en respuesta a la “campaña de desprestigio” del Consorcio Rivada Networks, compañía que concursó en la licitación de la Red Compartida, al tiempo que esta empresa de telecomunicaciones respondió que tal demanda representa “un ataque a la libertad de expresión” y que continuará con las acciones legales emprendidas.

“Que un gobierno demande a un individuo o a una empresa por daño moral, constituye un acto de censura en sí mismo e inhibe la participación del sector privado en cualquier contrato de Asociación Público Privada por los riesgos que ello implica”, advirtió Rivada Networks en su comunicado de este lunes 6 de febrero.

Señaló que la SCT no inició contrademanda alguna en Estados Unidos sino en México y que hasta ahora no ha sido notificada de la demanda por “daño moral”.

“La empresa reitera que mantendrá distintas acciones legales con el propósito de salvaguardar los derechos de la misma”, sentenció. Y consideró que las acciones emprendidas por la SCT “auxiliarán en el esclarecimiento de los hechos y le darán la razón a Rivada”.

El conflicto entre la SCT y Rivada se originó por la descalificación de la compañía en el concurso de licitación de la Red Compartida, que finalmente quedó en manos de Consorcio Altán, un conglomerado de varios fondos de inversión, bancos y compañías de telecomunicaciones.

Rivada Networks presentó dos amparos e hizo público un testimonio bajo juramento de un alto funcionario de la consultoría Deloitte que fue contratada para el diseño del proyecto de licitación de la Red Compartida. Según este testimonio, jurado ante una corte del estado de Virginia, hubo un intento de corrupción por parte de un alto funcionario de la SCT para favorecer a un solo competidor.

La SCT ha negado estas acusaciones, pero las irregularidades denunciadas por Rivada están siendo investigadas por el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de la Función Pública.

El domingo 5, la SCT afirmó que Rivada ha emprendido una “campaña de desprestigio” que afecta “el decoro, el prestigio y la reputación” de la dependencia federal.

La demanda por daño moral sería la primera que presente una dependencia federal contra un particular, según la misma SCT. El objetivo de esta demanda es que el juez de distrito “ordene cesar la campaña de desprestigio”, que Rivada “pague una importante indemnización por su conducta ilegal” y que el juez le obligue a la compañía “a publicar en medios de comunicación y redes sociales, la aclaración por sus comentarios falsos e insidiosos”.