La Presidencia de la República y el Senado de la República presentaron por separado demandas de inconstitucionalidad en contra de los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Adicionalmente, el Ejecutivo Federal presentó la controversia constitucional en contra de ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y solicita la invalidez de los Lineamientos porque “contienen un vicio de origen, ya que se basan en leyes que se consideran inconstitucionales”.

Cuando el Ejecutivo Federal presentó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la iniciativa no contemplaba los derechos de las audiencias. El hecho de que éstos hayan quedado plasmados en la versión final del artículo sexto constitucional constituye un logro de la sociedad.

Durante la discusión de la LFTR, se reforzaron los derechos de las audiencias. Sin embargo, dos de estos derechos fueron propuestos por el propio Ejecutivo Federal, y que en estos días han sido impugnados por legisladores que los aprobaron, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), la Iglesia Católica, autoridades estatales y municipales y ahora el propio Presidente de la República:

“Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta” y

“Que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa.”

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) sostiene que:

  1. El IFT es la autoridad autónoma facultada técnicamente para regular los derechos de las audiencias y emitir los lineamientos correspondientes. Dejar la reglamentación de los derechos de las audiencias en manos del Ejecutivo Federal implicaría someterlos a intereses políticos y de los concesionarios, como está ocurriendo.
  2. Resultan extrañas las controversias constitucionales presentadas por el Senado y la Presidencia de la República. El Senado deliberó y aprobó en su momento la reforma constitucional y la legislación secundaria que ordena al IFT emitir los Lineamientos. Además, este ordenamiento fue sometido a consulta pública y finalmente fue aprobado por el Pleno del IFT. A unos cuantos días de que entren en vigor los Lineamientos, tardíamente los demandantes los consideran inconstitucionales. Pareciera que los legisladores no saben lo que discuten y aprueban. Por parte de la Presidencia, fue el propio Ejecutivo quien propuso dos de los derechos de las audiencias que más han sido atacados por los medios. Pareciera que el Ejecutivo Federal tampoco sabe lo que propone al Congreso de la Unión. Debería sentirse satisfecho porque avalaron lo que desde un principio contenía la iniciativa de ley.
  3. Tanto los legisladores como el Ejecutivo combaten la validez de la reforma en materia de telecomunicaciones, la cual ha dado resultados tangibles como baja en las tarifas de servicios de telecomunicaciones; incremento en la calidad, la velocidad y los anchos de banda de Internet; ha traído nuevos competidores al mercado; regula a los principales operadores y reconoce los derechos de las audiencias.
  4. Ponen en entredicho la autonomía del IFT, un organismo que ha sido reconocido internacionalmente. Incluso se le ha pedido que suspenda o abrogue los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, cuando su obligación es cumplir con la ley. Es cierto que pudo reglamentar de forma menos drástica la diferencia entre noticias y opinión, pero ese derecho quedó previsto en la LFTR. Al IFT se le otorgó autonomía constitucional para que sus resoluciones no estuvieran subordinadas a los intereses privados de los concesionarios o a los intereses políticos del gobierno en turno. Son estos mismos intereses económicos y políticos los que movieron al Senado y a la Presidencia de la República a actuar en contra de la autonomía del IFT y a demandar la controversia constitucional.
  5. El IFT goza de la confianza social y el apoyo para que una vez que entren en vigor los Lineamientos, se aboque a vigilar y sancionar su cumplimiento y garantizar los derechos de las audiencias. Desde 2014 los medios debieron nombrar a sus respectivos defensores de las audiencias.
  6. Ahora la deliberación jurídica está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En otras oportunidades el máximo órgano judicial del país ha salvaguardado los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho de acceso a la información, así como ha refrendado la autonomía del IFT.
  7. Este convencimiento de que la SCJN sabrá garantizar una vez más los derechos fundamentales de los mexicanos hacen innecesario suspender o abrogar los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, pues su plena constitucionalidad será refrendada y confirmada. Los medios electrónicos deben cumplirlos y el IFT vigilar que se acaten.