(Leer primera parte)

El 2 de enero de 2015 la Suprema Corte resolvió, entre otros puntos fundamentales, que el IFT conforma “una pieza clave de una nueva ingeniería constitucional, cuyo propósito es ampliar el umbral de protección de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión”.

El máximo tribunal estableció desde ese momento que el IFT tiene “una doble función: regular las cuestiones técnicas y económicas del sector, así como los derechos humanos de expresión y acceso a la información en la actual época de las tecnologías”.

Esta doble responsabilidad le otorga “poderes quasi legislativos, quasi ejecutivos y quasi judiciales”, según la sentencia, cuya copia tiene Proceso.

Tomando esta sentencia como antecedente, la comisionada Labardini subrayó que “no debe existir duda alguna sobre la legalidad y la constitucionalidad de las decisiones del IFT”.

Para la comisionada, el IFT no debió suspender los lineamientos “por prudencia” sino mantenerlos hasta que la Suprema Corte de Justicia decidiera sobre las dos controversias.

“¿La prudencia para qué y para quién? Lo prudente es no dejar en el limbo los mecanismos para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las audiencias como son los Códigos de Etica o las Defensorías de las Audiencias que establecen los lineamientos”, sentenció Labardini.

“Me preocupa que nosotros mismos, como integrantes del IFT, tengamos dudas sobre los elementos de legalidad o regularidad como dijo el acuerdo que votamos”, indicó.

-¿Qué sería lo más prudente y legal en este caso? –se le cuestionó.

-Mi prudencia me indica que no debe privarse a las audiencias de los lineamientos. Además, este procedimiento de controversia constitucional está reglamentado por la ley secundaria del artículo 105 constitucional y en el artículo 14 de esta ley dice que si lo que vas a impugnar es una ley de carácter general la Suprema Corte no puede suspender su aplicación.

-El comunicado del IFT no habla de suspender sino de postergar la entrada en vigor –se le comentó.

-Técnicamente no es una suspensión, pero de facto opera como tal. Cuando se discutieron los lineamientos sobre portabilidad numérica, nunca se suspendieron aunque la Suprema Corte discutía la controversia constitucional.

“Es grave cuando tú como órgano autónomo suspendes una norma que nadie ha declarado inválida”.

-¿Durante el proceso de consulta los concesionarios no se quejaron de los lineamientos? ¿Por qué esperaron hasta que entraron en vigor?

-Desde las consultas, en agosto de 2015, la CIRT dijo que al menos 10 puntos de los lineamientos deberían ser causal de controversia constitucional. Claro que lo dijeron, pero ellos no pueden interponer una controversia. Es necesario que sea otro poder.

“Los concesionarios de la radio y la televisión en las consultas no han querido nada. No quieren más estaciones de radio. No quieren disminuir de 800 a 400 Mhz el ancho de banda, no querían pagar las prórrogas a sus concesiones. No querían, por supuesto, los lineamientos de defensa de las audiencias.

“El Ejecutivo y el Senado están en todo su derecho de acudir a la Suprema Corte, pero lo importante es advertir si se trata de revisar las facultades del IFT o de quitarle el corazón al instituto como órgano que regule también los derechos de las audiencias y los derechos de los usuarios de telecomunicaciones”.

Las comisionadas Labardini y Estavillo también fueron las dos únicas comisionadas que votaron en contra del dictamen del IFT que consideró que Televisa no tenia poder sustancial en el mercado de televisión restringida. Un tribunal especializado le dio la razón a empresas que promovieron un amparo contra este dictamen y el IFT tendrá que rehacer este mismo documento.

La Autonomía del IFT en Juego

Las reacciones en contra del voto del IFT no se hicieron esperar. El ex comisionado presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, publicó en su cuenta de Twitter que “si los actuales comisionados hubieran tenido que luchar por facultades que hoy tienen, las defenderían con más dignidad. Gracias comisionadas… Perderán votaciones, pero no la congruencia ni la honestidad”.

Antes de esta votación, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) reiteró en un comunicado que los lineamientos no deben suspenderse y que el IFT debía refrendar sus facultades como regulador.

La AMEDI recordó que cuando el Ejecutivo Federal presentó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la iniciativa no contemplaban los derechos de las audiencias.

“El hecho de que éstos hayan quedado plasmados en la versión final del artículo sexto constitucional constituye un logro de la sociedad”, afirmó la asociación que ha defendido la necesidad de avanzar más en materia de derechos a la información y a la libertad de expresión.

Para la AMEDI las controversias del Ejecutivo y del Senado “resultan extrañas” porque “pareciera que los legisladores no saben lo que discuten y aprueban” y el Ejecutivo fue quien propuso “dos de los derechos de audiencias que más han sido atacados”, es decir, la necesidad de distinguir entre opinión e información en los medios concesionados.

“Los que ahora acuden a la Suprema Corte ponen en entredicho la autonomía del IFT, un organismo que ha sido reconocido internacionalmente”, sentenció.

La ex comisionada de Cofetel y experta en telecomunicaciones, Clara Luz Alvarez subrayó que el descontento de los concesionarios se origina por “el cambio en las prácticas comerciales de vender publicidad incorporada dentro de la programación sin identificarla”.

Incluso, tanto Clara Luz Alvarez como Irene Levy en sus análisis publicados en medios impresos y digitales sobre el tema advierten que en otros países como Gran Bretaña la regulación de los derechos de las audiencias es más rígida. En este país está prohibida la publicidad inserta en los contenidos informativos. Sólo está permitida en series, películas deportes y entretenimiento. En Estados Unidos se penaliza a los concesionarios que incluyan publicidad en los contenidos de los programas infantiles.

En España y Alemania están claramente establecidas las limitaciones de concentración de medios para garantizar el pluralismo y la diversidad mediática, como uno de los principales derechos de las audiencias.

La asociación a Favor de lo Mejor de los Medios también se pronunció en desplegados periodísticos por “conservar los derechos que ganamos las audiencias” como son “recibir información plural y veraz, contar con defensores, conocer los códigos de ética, promover el interés superior de la niñez, la protección para los niños en horarios pertinentes y reconocimiento de las personas con discapacidad, entre otros”.

“Es aspiración de las audiencias contar con medios de comunicación diversos, con ópticas y editoriales distintas, información objetiva y contenidos de mayor calidad”, abundó la asociación.

A Favor de lo Mejor también expresó su preocupación de que las controversias interpuestas por el Ejecutivo y el Senado sea “contra las facultades al IFT que ellos mismos le otorgaron”.