El pleno de los siete comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se fracturó y, con 3 votos en contra y 4 a favor, el organismo regulador decidió modificar la entrada en vigor de los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias hasta que la Suprema Corte de Justicia decida sobre la controversia interpuesta por el Ejecutivo federal y el Senado.

Las comisionadas Adriana Labardini y Elena Estavillo, así como el comisionado Adolfo Cuevas, votaron en contra de los otros 4 integrantes del pleno, incluyendo al comisionado presidente, Gabriel Contreras, que decidieron posponer la entrada en vigor de los lineamientos, prevista para el 16 de febrero próximo, y que generaron una intensa campaña mediática, legislativa y política en contra de los mismos.

El comunicado del IFT afirmó que “considerando la importancia de esta nueva regulación y su aplicación efectiva, no debe existir duda sobre su apego a la Constitución” y que “tomando en cuenta el tiempo que regularmente toma este tipo de procesos judiciales” decidieron diferir hasta agosto de 2017 la entrada de los lineamientos.

La comisionada Adriana Labardini afirmó en su cuenta de Twitter que votó en contra de diferir los lineamientos “pues no lo considero debidamente fundado y motivado”.

Labardini y Estavillo también fueron las dos únicas comisionadas que votaron en contra del dictamen del IFT que consideró que Televisa no tenía poder sustancial en el mercado de televisión restringida. Un tribunal especializado le dio la razón a empresas que promovieron un amparo contra este dictamen y el IFT tendrá que rehacer este mismo documento.

Las reacciones en contra del voto del IFT no se hicieron esperar. El ex comisionado presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, publicó también en su cuenta de Twitter que “si los actuales comisionados hubieran tenido que luchar por facultades que hoy tienen, las defenderían con más dignidad. Gracias comisionadas… Perderán votaciones, pero no la congruencia ni la honestidad”.

Antes de esta votación, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) reiteró en un comunicado que los lineamientos no deben suspenderse y que el IFT debía refrendar sus facultades como regulador.

El martes pasado, el consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, anunció que el Poder Ejecutivo federal interpuso una controversia constitucional sobre las atribuciones del IFT para emitir estos lineamientos.

Para sorpresa de muchos especialistas, la presidencia de Peña Nieto descalificaba su propia iniciativa enviada y aprobada al Congreso de la Unión en 2014, donde le dio atribuciones al órgano regulador autónomo para generar lineamientos a favor de los derechos de las audiencias.