Hace cuatro años, desde la tierra caliente, ocurrió un alzamiento que rasgaría para siempre la forma en la que los ciudadanos de Michoacán, y quizá del país, conciben su relación con el Estado Nacional. Y es que este aparato, poseedor del monopolio de la violencia legítima, estaba prácticamente ausente en la defensa de los ciudadanos frente a los delincuentes, cuando no en plena colusión con los mismos.

La actividad económica de aquella región, próspera en la producción de frutas, cítricos y ganadería; estaba a merced de los caprichos de una estructura compleja de individuos que se dedicaban a la extorsión, el secuestro, el trasiego de drogas y que ya empezaba a cometer tropelías como la violación de mujeres.

Sin embargo, el hartazgo no se canalizó como un movimiento que tuviera como finalidad la cancelación del pacto social o el rompimiento de la población con el Estado mexicano. Y es que sin que existiera una intrincada reflexión sobre el sentido de estos dos conceptos de la ciencia política, los autodefensas que se alzaron en armas encabezados por José Manuel Míreles e Hipólito Mora, escogieron simbólicamente el día de la bandera para consolidar cierta condición de identidad y afianzar el fondo pacifista y de restauración de la sana convivencia social que perseguían aquellos michoacanos.

A cuatro años de distancia de aquella arriesgada empresa, el balance tiene un aparente saldo negativo. La paz no se ha restaurado a cabalidad en aquella región en la que prevalecen síntomas de descomposición del tejido social y en muchas zonas de la entidad persiste la comisión de actos delictivos que impactan a la tranquilidad de las familias y los productores.

El llamado Plan Michoacán, que fue anunciado como una panacea que inundaría a la entidad con una andanada de recursos, programas, obras y proyectos; fue solamente el velo que se tendió para disfrazar la burda intervención de la federación en la soberanía estatal, sin que a la fecha se haya rendido un informe transparente y claro sobre los resultados del mismo, así como de la Comisión que encabezó el nefasto Alfredo Castillo Cervantes.

Empero, el crimen más grave que sigue lacerando la conciencia de cualquier michoacano de bien, es la permanencia de José Manuel Míreles en prisión, alejado de su familia y seres queridos y en circunstancias que han sido denunciadas como inhumanas. El trato denigrante hacia su persona le da la condición de un perseguido político contra quien el régimen ha alzado una muralla legaloide de pretextos para mantenerlo en ese impasse dramático que atenta contra su más elemental derecho a la salud.

Míreles ya no se pertenece a si mismo mientras se encuentre tras de las rejas, ahora se cuenta del lado de los miles de mexicanos que en muchas latitudes sienten la impotencia de estar acorralados a dos fuegos: el de los criminales y el de la impunidad y complicidad de las instituciones del Estado.

El doctor de Tepalcatepec es ahora un símbolo de quienes han dedicado su vida a la defensa de los derechos de los más desprotegidos y de las causas más justas, pese a que ello lastime los intereses del establishment, el cual otorga a estos disidentes la condición de amenaza pública.

Míreles debe estar en libertad y se le debe restaurar su condición de dignidad humana, ya no como un acto reivindicatorio del Estado mexicano, sino como un ejercicio mínimo de justicia para quien se atrevió a hacer la tarea que éste no pudo realizar, aún cuando en ello le llevara la vida.

Una afrenta menos para la población, una canallada menos que limpiar, un motivo menos por el cual el gobierno deba avergonzarse, si es que no se ha perdido el sentido de la ignominia; sería sin duda poner de inmediato en libertad a José Manuel Míreles.

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