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Origen del Conflicto

A principios de noviembre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes descalificó la oferta técnica del Consorcio Rivada por no haber entregado la garantía de seriedad de mil millones de pesos para el concurso de la Red Compartida (Proceso No. 2090).

Por lo tanto, sólo quedó el otro competidor, Consorcio Altan, formado por un conglomerado de empresas off shore, fideicomisos cuya integración es poco transparente, el megabanco Morgan Stanley (accionista del 33.38 por ciento a través de Marapendi Holding), fondos de inversión como China Mexico Found Investment (CMF) que posee el 23.36 por ciento y las empresas mexicanas Megacable y Axtel, cada una con apenas el 4.01 por ciento de la inversión total.

Además de estas empresas en Consorcio Altán participan el abogado mexicano Miguel Escobedo y Fulda, principal accionista de Hansam S.A. (con 9.35 por ciento de las acciones).

El apoderado legal del grupo, el empresario español Eugenio Galdón, tiene sólo el 3.34 por ciento de las acciones, a través de una sociedad unipersonal denominada Isla Guadalupe Investments SLU, creada en un paraíso fiscal.

Galdón es presidente del grupo Multitel, fue fundador de la compañía española de telecomunicaciones ONO, que terminó vendiendo al gigante Vodafone.

El fallo de la SCT alteró al CEO de Consorcio Rivada, Declan Gangley, quien reveló en su cuenta de Twitter, @declanganley, que fueron “secuestradas” las cajas donde entregarían su propuesta técnica para la Red Compartida, el pasado 20 de octubre. También aclaró que se entregaron cartas de crédito por mil millones de pesos de BBVA Bancomer.

Tenemos información sólida de dos fuentes (del gobierno mexicano) sobre beneficios a Altán. No hacemos estas denuncias sin conocimiento de causa”, reiteró Ganley en las redes sociales. Incluso, consideró que el proceso de adjudicación de la Red Compartida “apestaba” porque se trató de beneficiar desde el principio a un solo competidor.

Según la información del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) Rivada Networks tenía originalmente un socio problemático: la compañía EchoStar, socio de Dish México. Los comisionados del IFT consideraron que esta sociedad “no es una condición suficiente” para concluir que tenía control e influencia sobre Dish México, la única competidora de Grupo Sky, de Televisa, en el mercado de televisión restringida vía satelital.

Sin embargo, el IFT le ordenó a Rivada 72 horas antes de que se venciera el plazo para la presentación de la propuesta formal ante la SCT que modificara su estructura accionaria para que Echostar sólo pudiera tener “un porcentaje menor al 10 por ciento de su capital social y de los derechos de voto del consorcio”.

En el consorcio formado por Rivada Networks y Spectrum Frontier participa también la empresa Ciena Communications. Sus dos principales accionistas son Black Rock y Vanguard, que participaron directa o indirectamente en América Móvil, de Carlos Slim, y en Telefónica, los dos grandes consorcios de telefonía móvil impedidos de participar en la licitación de la Red Compartida.

El IFT determinó que Marco Antonio Slim Domit, de América Móvil, era consejero independiente de Black Rock, pero que eso “no lleva a la coordinación de sociedades identificadas porque no tienen influencia” sobre Consorcio Rivada.

Según Ezequiel Gil Huerta, director general de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la SCT, Rivada en lugar de presentar su propuesta de seriedad el pasado 20 de octubre, mostró soló un escrito solicitando una prórroga de 5 días.

El 31 de octubre Consorcio Rivada presentó en la oficialía de partes de la SCT una carta de crédito expedida por BBVA Bancomer, con la misma fecha, y por el monto de mil millones de pesos.

Sin embargo, no fue viable responder a esta solicitud ya que las bases de concurso señalan que la SCT debe mantener la igualdad de condiciones en el concurso, por lo que la garantía debió ser entregada en el evento del 20 de octubre”, abundó Gil Huerta.

La Red Compartida se trata de desplegar una infraestructura para dar servicios de telefonía móvil, banda ancha y fibra óptica oscura a mayoristas y tener una cobertura del 85 por ciento del territorio nacional. El gobierno, a través de una Asociación Público Privada, pondrá a disposición los 90 Mhz liberados de la banda 700 Mhz, recién desocupados con el “apagón analógico”, así como el par de hilos de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. Se calcula una inversión de 7 mil millones de dólares en 8 años.

El proyecto debió iniciar en 2014, pero se retrasó dos años. De los primeros 21 consorcios interesados, sólo quedaron 2, Rivada y Altán. Este último se perfiló como el único ganador, una vez que fue descalificada la propuesta técnica de Rivada.